El viernes 12 de julio, antes de tomar su periodo vacacional de verano, el pleno del Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses a la jueza María Elvira Luna Vargas. Se trata de la juzgadora de Control que, en la tercera semana de junio, no concedió prisión preventiva oficiosa que la FGE solicitó cuando le presentó a los detenidos Maira Santillanes Rivera y Edgar Raúl Barajas Flores. Hombre y mujer fueron aprehendidos luego que, al revisarles su auto, un Honda Accord gris modelo 1996, en el cual transitaban por Calle 5 de Mayo en la Zona Norte de Tijuana, los policías localizaron en la cajuela bolsas negras de basura y otros contenedores con restos de personas que habían sido descuartizadas. Además, la pareja en cuestión llevaba una manta amenazante: “Esto le va a pasar a toda la gente que trabaje con el Apache o el voltiado Atte CJNG”. Antes de presentarlos ante la jueza, los policías investigadores siguieron el rastro de los detenidos y localizaron su domicilio en una cuartería de la Zona Norte, donde se apreciaba evidencia y sangre de las personas mutiladas. Por ello, cuando los llevaron ante la juzgadora, solicitaron les dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado que eran sospechosos de haber descuartizado a varias personas. Pero Luna Vargas decidió ignorar la petición de la fiscalía, las evidencias presentadas y la flagrancia, para considerar que ambos detenidos tenían un domicilio “fijo” en la ciudad, por lo que no era necesaria la prisión preventiva. Total, los mandó a su casa y les dio fecha para la audiencia (28 de junio), a la que, como era de esperarse, no se presentaron. Entonces sí, se emitió una orden de aprehensión contra los señalados de descuartizadores y acusados del delito de desaparición forzada en modalidad de transporte. Esta conducta condescendiente de Luna Vargas llegó hasta el Consejo de la Judicatura, donde los consejeros sesionaron y determinaron suspenderla por tres meses, periodo en el que se llevará a cabo un procedimiento administrativo para determinar el futuro de la juzgadora. María Elvira Luna Vargas se va con el 30 por ciento de su salario en lo que su situación se resuelve, lo cual podría determinar desde un apercibimiento, la suspensión o la destitución, lo cual se decide en el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Los detenidos y posteriormente puestos en libertad por la jueza para llevar en esa condición su proceso, ya fueron reaprehendidos el 10 de julio, y esta vez sí se les dictó la prisión preventiva oficiosa. Sobre los jueces que luego liberan detenidos que representan un peligro para la sociedad, o el riesgo de fuga, mucha crítica han vertido tanto el Presidente de la República como la gobernadora de Baja California y la fiscal general del Estado, pero es hasta el caso de la jueza Luna Vargas, que en el Poder Judicial que encabeza el magistrado Alejandro Fragozo han decidido iniciar un proceso administrativo, y bueno, a ver si sirve de ejemplo el caso de la condescendiente juzgadora.
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