Sin seguimiento del Poder Judicial ni de la Fiscalía, ni recursos o coordinación de esfuerzos del Estado, la reparación del daño en Baja California es de papel
En México, el concepto de reparación del daño a las víctimas de delitos, se incluyó de manera patente en un decreto publicado el 21 de septiembre del año 2000, que agregó un apartado B con 10 fracciones al Artículo 20 Constitucional, mismo articulado al que en 1993 le había incluido un párrafo con algunos derechos de los afectados por los crímenes, hasta que en enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.
Van 30 años desde que se empezó a legislar en la materia, los jueces del Poder Judicial han sido capacitados para aplicar los cambios, se legisló respecto a los protocolos, qué aspectos comprenden la reparación del daño en un daño físico y un daño moral, los puntos a considerar al momento de dictaminar un monto económico para la reparación, quiénes son los sujetos obligados a reparar y aquellos que son los terceros obligados.
Las fiscalías lo solicitan y los jueces establecen como parte de las sentencias importes económicos para reparación del daño, pero en la mayoría de los casos no se ejecutan. Después de tres décadas, las buenas intenciones se quedan en papel en muchos casos.
ZETA solicitó al Poder Judicial de Baja California, información del trabajo realizado por los jueces de ejecución responsables de dar seguimiento al cumplimiento de estas sentencias, a fin de conocer cuántas sentencias se habían dictado en los últimos tres años en los delitos de homicidios, robo y lesiones, cuántas se habían pagado a las víctimas y el número de las que seguían pendientes. Pero resulta que su registro no lleva este tipo de control.
En el último informe del presidente del tribunal, magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, menciona siete jueces de ejecución y 7 mil 094 audiencias, pero sin más detalles.
Ante la incertidumbre, se le preguntó al Poder Judicial del seguimiento de un caso específico, público y conocido. El 12 de diciembre de 2022, Manuel Ramos y/o Adrián Nicolás Ramos alias El Uber y José Heriberto Ochoa Díaz alias El Huesos, dos de los homicidas materiales y confesos del fotoperiodista Margarito Martínez, sentenciados a 25 años de prisión cada procesado y al pago de reparación del daño por 486 mil 950 pesos, a lo que la administración judicial respondió que hasta este momento no se ha reportado ningún aporte correspondiente a la reparación del daño.
En su respuesta agregaron: “Corresponde a Fiscalía, dar seguimiento a las indicaciones giradas por el Juez y en su caso solicitar la audiencia correspondiente para que la autoridad judicial inicie el procedimiento administrativo de ejecución”.
En ese contexto, ZETA consultó otro caso emblemático y de mayor antigüedad, el homicidio que dio origen a la Alerta de Género en el Estado, el feminicidio de Lucero Rubí Ojeda Huerta, de 29 años, en el municipio de San Quintín, cometido por su ex pareja, a quien había denunciado en repetidas ocasiones por violencia, incluso privación de la libertad, quien le quitó la vida 24 de septiembre de 2020 y posteriormente se suicidó.
Fua hasta septiembre de 2022 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación por la serie de omisiones gubernamentales , en ese documento, exhortando a que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con “LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE BAJA CALIFORNIA (…) impulse la elaboración del dictamen correspondiente que determine las medidas para reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas indirectas (…) en un plazo no mayor a tres meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación”.
Desde fecha 30 de septiembre de 2022, el entonces fiscal central “giró oficio 1679 a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, a efecto de que se realice el dictamen para reparar el daño a las víctimas, en el cual se incluya una compensación justa”, después de eso, nada ha pasado.
Esta Comisión debe emitir un dictamen para determinar el monto a pagar a favor de la víctima a través de un comité multidisciplinario, pero a tres años y diez meses del feminicidio, y un año diez meses de que se le instruyó a realizar el dictamen, éste no se ha hecho, y la compensación para su familia, sigue pendiente, no se ha contemplado en el presupuesto de la fiscalía.
Ambos casos son muestras de que en los delitos de alto impacto, la reparación del daño en Baja California es inexistente, se queda en papel.
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