Recibí una llamada telefónica en la que una compañera maestra me manifestaba su temor por la centralización de la nómina y sus graves implicaciones.
Me comentó que circulaba en redes sociales un escrito en el que ponían plazo máximo para ampararse el día 16 de julio del año y mes en curso.
En el escrito se asegura que si no se amparan perderán siete bonos, se reducirá el aguinaldo a 40 días, las pensiones se toparán a 10 UMAS (33 mil pesos aproximadamente), reducirán la prima vacacional y desaparecerá el plan de beneficios o seguro de vida que consta de 65 meses del salario del trabajador fallecido.
Por principio se deben hacer las siguientes precisiones:
1.- La fecha 16 de julio es una fecha arbitraria que alguien puso a conveniencia propia, según sus intereses personales o económicos.
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2.- El Artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de 30 días.
3.- Es una total mentira que, en estos momentos, se pueda presentar una demanda de amparo y mucho menos poner fecha límite para hacerlo.
4.- Para presentar el amparo o demanda de amparo es necesario que se realice una afectación a los derechos de los trabajadores, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
5.- En este momento se desconocen las afectaciones que se pudieran dar con la centralización de la nómina, pues no se ha firmado ninguna ley o convenio.
6.- Una vez que se publiquen los acuerdos o leyes que vulneren nuestros derechos y/o prestaciones, a partir de ese momento se tienen 15 días para utilizar este instrumento legal.
7.- Para la desaparición del Plan de Previsión Social no tenemos que esperar a la centralización de la nómina, pues prácticamente ya lo hicieron, y las distintas expresiones sindicales y sus líderes no han dicho “esta boca es mía”.
Compañeros de burocracia y magisterio, investiguen en diversas fuentes y normen su criterio. No permitan que se nos manipule por desconocer el ámbito jurídico. Afortunadamente contamos con la asesoría de un despacho jurídico profesional y honesto: De la Peña y Rivera.
Atentamente,
Profr. Francisco Heredia Guzmán.
Tijuana, B.C.
