Además de calificar de clasista y racista el trabajo del Poder Judicial Federal, la ministra Lenia Batres, cuestionó que gran parte de las determinaciones, tesis aisladas e incluso jurisprudencias de los jueces, magistrados y ministros, imponen el interés económico por encima de otros esenciales como la salud, la vivienda y los propios Derechos Humanos.
Durante el segundo día de foros, la ministra hizo presencia en Mexicali, en un foro donde se hizo acompañar de la presidenta municipalla capital Norma Alicia Bustamante; y de los diputados federales, Laura Ruiz, Nancy Sánchez Arredondo y Armando Samaniego -éste último organizador y coordinador del evento-, donde habló tendidamente con abogados y representantes del partido, además de algunos interesados y trabajadores de los diversos poderes locales.
Batres Guadarrama exhibió todas las irregularidades que se encuentran dentro del Poder Judicial Federal, desde sus privilegios que están muy por encima de -incluso- las prestaciones económicas del Presidente de la República, hasta los resultados tan pobres que tienen los juzgadores en resultados.
Calificó a la justicia actual como inaccesible, elitista, cara, desgastante y humillante para quien recurre a ella, además de considerar que en la efectividad de la investigación penal, el trato a las personas y los niveles de acceso en los tribunales civiles, México se encuentra en los últimos lugares en evaluación mundial.
Entre los datos más importantes que refirió es que existen 258 tesis aisladas emitidas por los tribunales federales, de los cuales sólo 195 corresponden a defender el derecho a la salud; 70 dirigidas a la educación; 30 a la vivienda; y 13 corresponden al derecho al agua. Sin embargo, encontró un número mucho más alto en temas relacionados con la competencia económica y la propiedad privada. De hecho, aseguró, existe una tesis que defiende a la libre competencia por encima del derecho a la salud.
Agregó que esta reforma es parte de una serie de reformas que deben plantearse, pues -consideró- que el Ministerio Público también debe reestructurarse para generar una investigación eficiente.
“Fuertes rasgos racistas, pues cada año se repite el 2021 teníamos 7 mil 011 personas con prisión preventiva y con sentencia; y ese número reportaron al INEGI que en un 85 por ciento no tuvo acceso a un intérprete durante el proceso judicial”, refirió la ministra, quien aseguró que además hay una disparidad en la determinación de sentencias entre hombres y mujeres.
Agregó que también se tendrán órganos que sustituyan las actividades del Consejo de la Judicatura Federal, para definirlas como tribunales para evaluar el trabajo de los juzgadores, además de otra área administrativa.
Batres comentó que en la reforma se plantea que los requisitos para ocupar el cargo de juez, magistrado y ministro, sean los mismos, aunque exploró la posibilidad de que sea algo a analizarse dentro del Poder Legislativo.
Gran parte de la exposición de la ministra fue exhibir los beneficios y la evaluación de las sentencias, además del nepotismo dentro del Poder Judicial Federal, pero no tanto las consecuencias y el modo en que se llevará a cabo la reforma.
Criticó que hay una discrecionalidad en la emisión de sentencias en contra de juzgadores, pues mientras que en 2019 había mil 300 expedientes sancionadores por parte del CJF, y en 2018 alcanzó los 2 mil 300, para el 2023 se redujeron sustancialmente los procedimientos hasta 14, lo cual -aseguró- no tiene una explicación.
