Gobierno de Marina Ávila Olmeda, ha lanzado ocurrencias para intentar solventar crisis gubernamentales; infortunadamente, no ha habido seguimiento a sus propios planteamientos
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha sabido navegar en los tiempos de calma, donde la sobreexposición de su imagen y la de su familia dieron -al menos durante el primer año- una imagen fresca y de aceptación en gran parte de la comunidad, la cual le brindó la confianza para representar al partido en el poder, atraídos por su juventud y una meteórica carrera política.
Pero a casi tres años de gobierno, esa imagen va degradándose. Especialmente cuando en momentos de crisis, en los que debiera salir casta política e intelectual de la mandataria, la exposición se mantiene en la liviandad, ponderando la forma y sobre el fondo.
Esto evidencia, además, que la gobernadora no se ha rodeado de los más sapientes asesores, se nota en la toma de decisiones de emergencia que no hay plan de contención o sesudos análisis, sino ocurrencias gubernamentales; es decir, acciones que pueden emprender solo porque ostentan el poder.
Una de las primeras crisis que enfrentó o debió hacer Ávila Olmeda, fue aquel viernes negro de agosto de 2022, cuando grupos criminales, presuntamente asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación, incendiaron vehículos, camiones y tractocamiones en diferentes partes y carreteras del Estado, con el objetivo de causar terror en la población.
Los criminales lograron su objetivo. Sin información oficial de por medio, la ciudadanía a través de las redes sociales y testigos de los siniestros, comenzaron a decretar toques de queda para salvaguardar su integridad. Ante la ausencia de una oportuna intervención del gobierno, y una incertidumbre oficial, la población bajacaliforniana comenzó a auto regularse para protegerse del crimen.
Marina Ávila encaró la situación un día después y no en una conferencia en vivo y directo, sino a través de un video, en el que anunciaba que la situación de inseguridad, ya estaba controlada.
Otra crisis de inseguridad se desató en Mexicali, cuando en el periodo de un año, entre marzo de 2022 y abril de 2023, alrededor de 10 jóvenes fueron desaparecidos en la Zona de Antros, como se lo conoce al distrito que concentra restaurantes y bares. Sin tomar el tema de manera frontal hasta acumular más desaparecidos, la situación llegó a tope social cuando privaron de la libertad a tres jóvenes más. Hubo una manifestación que terminó en enfrentamiento con policías, incendiaron un bar y se cerró temporalmente otro.
Mientras el caos dominaba la escena capitalina, la gobernadora publicó en sus redes sociales un paisaje de Mexicali presumiendo lo magnífica de la postal. Esto enardeció a la comunidad que sostuvo la protesta y la continuó al día siguiente para volver a enfrentarse con los cuerpos policíacos.
El equipo de la mandataria, y ella misma, salieron -de manera tardía- con una ocurrencia para calmar los ánimos ante las desapariciones: regulación de centros nocturnos y bares, mediante la instalación de cámaras de vigilancia, paletas de detección de metales y botones de pánico, además de la capacitación de guardias de seguridad. Filtros y modificaciones que correrían, además, a cargo de los dueños y administradores de los lugares, para vigilar la zona que, evidentemente, no vigila el costosísimo sistema de seguridad y vigilancia pagado por el gobierno del Estado, el presente, y el que encabezó Francisco Vega de Lamadrid.
Recientemente, dos asesinatos cimbraron de nueva cuenta a la sociedad: el de Minerva Pérez Castro en Ensenada, y el de Paola Andrea Bañuelos en Mexicali. El primero tuvo el impacto suficiente para convocar a una vigilia por la seguridad en todo el Estado, hecho que, a pesar de haber sido minimizado por la gobernadora, resurgió la manifestación de violentos tiempos pasados. El segundo, llevó a mujeres, familias, madres, estudiantes y otros inconformes, a tapizar con consignas de exigencias ciudadanas de seguridad y paz, la Casa de Gobierno de Baja California que ocupa Marina Ávila, lo que significó un hecho sin precedentes en la entidad.
Como respuesta ante la crisis de inseguridad y violencia, Ávila Olmeda propuso regular el transporte de ampliación, como Uber y DiDi, medida que desde hace 10 años se planteó, pero que no se tomó en serio hasta que se suscitó el asesinato de la estudiante de Medicina, Paola Bañuelos, y se confirmó que el presunto responsable del crimen era un conductor de aplicación. Luego de dos reuniones y algunas protestas, todo quedó prácticamente igual.
En los casos referidos, la respuesta gubernamental ha sido regular sectores establecidos para solventar una deficiencia generada por la impunidad con la que participan los criminales o grupos delictivos en la entidad. No han sido acompañadas estas ocurrencias en plena crisis, con estrategias de mediano y largo plazo para proveer seguridad a los gobernados. Tampoco de un discurso serio, frontal e integral por parte de la titular del Poder Ejecutivo del Estado sobre su compromiso para combatir la criminalidad que sostiene a BC como uno de los estados más violentos e inseguros del país.
Las crisis más importantes que ha tenido Marina se han resuelto por la propia normalización de los episodios de violencia, al tiempo que sus “soluciones” han sido paliativos que desvían la atención de la realidad de impunidad, corrupción e ineficacia de corporaciones preventivas e investigativas de la entidad.
Podrán sugerir desde el gobierno más regulaciones cada que se presente una crisis de inseguridad, pero si no existe un adecuado y exitoso combate a la delincuencia, no habrá reglamentación que alcance ni ocurrencia que solucione los verdaderos problemas del Estado. Al final, esos paliativos terminan siendo nuevos obstáculos a vencer por las mentes criminales. Y nada más.
