En un territorio tomado por cárteles de la droga y dominado por la impunidad de la que goza una mayoría de criminales y delincuentes, no hay lugar seguro.
Hace unos días, una experta en el tema del sistema penitenciario entrevistó a quien es acusado de ser el autor material del atentado al periodista Ciro Gómez Leyva. El Bart, como lo apodan, reveló que estaba en la cárcel sólo porque había fallado en su misión, pues los asesinos de periodistas no terminan tras las rejas. Está seguro de ello y la estadística lo respalda. En esas condiciones, dijo, de haber matado al periodista, estaría libre y con dinero.
Esa terrible realidad se puede trasladar a la comisión de otros delitos. De homicidios en todo el país, de ataques armados, de atentados contra candidatos y políticos, y de hechos delictivos que dejan “saldos colaterales”.
Como no hay castigos ejemplares, y la procuración y administración de la justicia son lentísimas y en muchos de los casos adolecen de incapacidad cuando no de colusión con quienes deben perseguir, cometer delitos en este país suele ser redituable para muchos que como El Bart (el que intentó asesinar a Gómez Leyva), se dedican a matar. Sea por encargo, por temas personales, por participar en guerras de cárteles o porque les entró el deseo.
Si a ese clima de impunidad que genera miles de criminales prófugos no buscados, se suma la endeble, poco profesional y falta de estrategia en el actuar de las policías preventivas, resulta que en el país no hay un lugar seguro, y los ciudadanos están vulnerados ante la violencia y la inseguridad.
Baja California es prueba de ello. Asesinaron en su camioneta a la presidenta de la Cámara de pescadores, una mujer valiente y de pública vida, Minerva Pérez Castro, en las que hace años fueron las tranquilas calles de Ensenada. En ese municipio que ha visto incrementar la estadística criminal terrible y preocupantemente, ya son pocos los espacios seguros. Lo mismo los criminales atacan en Valle de Guadalupe, que en las veredas de carreras fuera de camino, en colonias y demarcaciones como El Sauzal y en rancherías, faros y ranchos, como el destino fatal que encontraron dos surfistas australianos y uno norteamericano. O en espacios de hospitales, en casas, en lugares públicos.
En Tecate es lo mismo. Asesinos entran al Hospital General a retar a sus víctimas que dejaron heridas, matan detrás del Palacio Municipal, se meten a los negocios de peluquerías, cerca de gasolineras, matan turistas perdidos en sus calles y hasta un salón de belleza entraron para asesinar a la buscadora de desaparecidos Angelita Meraz.
Tijuana, ni se diga… ya no puede acudir a refrescarse a las albercas El Vergel, porque ese negocio con 60 años de tradición en la ciudad está cerrado luego de una balacera sostenida por personas dedicadas al narcomenudeo, contra rivales según investigaciones de la Fiscalía General del Estado. En épocas de altas temperaturas, la criminalidad, la inseguridad, la violencia y la incapacidad de las policías y fuerzas preventivas, logran clausurar un espacio de esparcimiento como el parque de albercas en donde dos niños y dos mujeres quedaron tendidos, al menos una de las víctimas con lesiones fatales.
Los criminales organizados y asesinos de las células de los cárteles están tan confiados en la impunidad que viven en México y en la falta de capacidad de las policías preventivas para disuadirlos de cometer sus delitos y en las investigadoras para no atraparlos, que matan a plena luz del día, en la oscuridad de la noche, en calles, bulevares y paseos, centros comerciales, restaurantes, sitios de recreo.
Paola salió a cenar un domingo y después a tomar una copa con una prima y amigos. Lo último que se supo de ella en Mexicali, es que abordó un transporte de la plataforma digital DiDi a eso de las 02:30 horas. A los tres días apareció muerta. Ella estaba en una céntrica, concurrida y, se supone, zona segura, pero de ahí partió a un destino mortal.
Tampoco en Mexicali queda un lugar seguro. Crímenes en el Valle, en el Centro, en residenciales y en zonas rurales, alejadas o céntricas.
En Baja California, contabilizan las autoridades (a veces sólo para eso sirven) mil 319 asesinatos hasta el 4 de julio y desde el 1 de enero de 2024. Muchos de ellos, producto de vendettas criminales, otros como final de un secuestro, una extorsión, un feminicidio, un silenciamiento a las pocas voces, como la de Minerva o la de Angelita, que se levantan ante la injusticia, que denuncian la impunidad, la extorsión, el apoderamiento de los criminales de las cadenas productivas del Estado, la desaparición de personas.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró cinco años de la creación de la Guardia Nacional, corporación que no investiga y no tiene servicio de inteligencia, cuyo objetivo conocido es precisamente patrullar las calles para prevenir la comisión de delitos.
No hay lugar seguro en México, por la falta de compromiso y voluntad de los gobernantes para combatir apropiada y exitosamente a los criminales organizados, a los asesinos, a los narcotraficantes, a los feminicidas y a todos aquellos que, como El Bart, viven con la creencia -comprobada en la estadística oficial- de que, en este país, rara vez se hace justicia.
Ojalá la indignación por crímenes recientes como el de Paola, o el de Minerva, despertara la conciencia social para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales lo que es su obligación y a la fecha siguen sin proveer: seguridad para todos los mexicanos.
