El ayuntamiento encabezado por Quiroga enfrenta, además, casos de redes de corrupción con más de una decena de servidores públicos involucrados, por montos aún sin cuantificar
La administración de la alcaldesa hoy reelecta, Milena Quiroga Romero, no comprobó el uso de recurso público en un monto superior a los 400 millones de pesos, esto como resultado del Informe Individual de fiscalización 2022 del Municipio de La Paz realizado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS).
La Auditoría precisó que, tras la revisión del ejercicio 2022, se determinaron 116 observaciones finales, de las cuales sólo 19 fueron solventadas por las autoridades municipales.
“Los restantes generaron 97 Solicitudes de Aclaración, los cuales, en términos porcentuales, representan el 84 por ciento de los resultados observado”, se enfatiza en el documento.
El primer año de administración de Milena Quiroga presenta un importe total no solventado de 427 millones 605 mil 97.35 pesos, que se integran de importes del ingreso, egresos y obra pública.
Esta cifra no comprobada representa un 47 por ciento del monto total que la ASEBCS tomó para evaluación, mientras que en términos generales es un 28 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de La Paz para ejercicio de 2022.
El monto total que se tomó para revisión fue de 908 millones 502 mil 714.39 pesos, de los cuales 480 millones 896 mil 776.44 pesos aparecen como “Importe Solventado”, 362 millones 902 mil 29.10 pesos con “Importe con Solventación Parcial” y 64 millones 703 mil 908.85 pesos como “Importe No Atendido”.
En ingresos:
*Importe Fincado: 613 millones 696 mil 283.87 pesos.
*Importe Solventado: 476 millones 233 mil 576.44 pesos.
*Importe con Solventación parcial: 97 millones 89 mil 72.62 pesos.
*Importe No Atendido: 40 millones 373 mil 634.81 pesos.
En Egresos (nómina y adquisiciones):
*Importe fincado: 248 millones 69 mil 84.20 pesos.
*Importe Solventado: cuatro millones 663 mil 200 pesos.
*Importe con Solventación Parcial: 219 millones 75 mil 610.16 pesos.
*Importe no atendido: 24 millones 330 mil 274.04 pesos.
Cabe mencionar que, en el caso de las adquisiciones del Ayuntamiento de La Paz, se fiscalizó un monto de 226 millones 860 mil 602.16 pesos de los cuales el 97 por ciento aparece como “Importe con Solventación Parcial”.
En esta área fue donde la auditoría arrojó un mayor número de observaciones, con 43 de las cuales sólo una fue solventada como marca la ley.
En el caso de la Obra Pública, el 100 por ciento de la bolsa evaluada por la ASEBCS, que es de 46 millones 737 mil 346.32 pesos, mantiene un estatus de “Importe con Solventación Parcial”. De igual manera se marcaron 11 observaciones en este rubro; ninguna fue solventada.
Sobre el sistema contable, la ASEBCS detectó que no se encuentra debidamente armonizado, ya que no genera de manera sistemática los registros de los momentos contables del ingreso y egreso.
Tampoco mantiene los registros auxiliares que muestran los avances presupuestales y contables, lo que no permite dar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación de ingresos en las arcas municipales.
Además se señala que el Ayuntamiento de La Paz incumple con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que no genera estados financieros contables, oportunos, comprensibles y comparables.
“Respecto a los estados financieros del municipio de La Paz, no presentan la información de conformidad con los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable”, se recalca.
Con respecto a la transparencia, en la auditoría se advierte que el gobierno de Milena Quiroga no publicó el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en gasto por categoría programática de manera trimestral.
En cuanto a las adquisiciones, falta evidencia en licitaciones públicas, como la publicación en el diario de mayor circulación en Baja California Sur y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales (CompraNet), así como el hecho de que las bases del concurso se hayan puesto a disposición de los interesados en los medios de difusión.
“Se detectaron en diferentes adjudicaciones, inconsistencias de procedimiento, así como inconsistencias de incumplimiento”, subraya el documento.
Asimismo, se advierte que el Ayuntamiento de La Paz incumplió en la presentación del documento fundado y motivado por la diferencia que existe entre los registros contables y presupuestales del ejercicio del gasto y cierre de obras públicas.
Cabe mencionar que ZETA solicitó réplica a través de la Dirección de Comunicación del Gobierno Municipal de La Paz, por medio de correo electrónico y mensajes vía WhatsApp, sin embargo, para el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de la administración de Milena Quiroga.
REDES DE CORRUPCIÓN
Desde el verano de 2023, la alcaldesa de La Paz informó sobre la detección de una red de corrupción en la que estaban involucrados funcionarios de la Dirección de Comercio y personas externas, que emitieron licencias apócrifas de alcohol.
De acuerdo con una actualización proporcionada por la directora de Comercio del Ayuntamiento de La Paz, Rosa Viridiana Ángel Cota, de un total de mil 945 licencias contabilizadas, se identificó que mil 193 son falsas.
En el caso de estos permisos, no se identificó que su autorización se haya expedido por medio del Consejo de Giros restringidos.
Ante esta situación, el Cabildo se vio obligado a autorizar un periodo de regularización que inició el 27 de junio y terminará hasta el 17 de septiembre, en donde se dará oportunidad a los poseedores de acreditar el origen de la licencia.
Por otra parte, la alcaldesa también confirmó que en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) detectaron una red de corrupción, en la que servidores públicos ofrecían “alternativas” a contribuyentes grandes para evitar los contratos oficiales.
Un tercer caso revelado por la misma presidenta municipal se dio en Catastro, donde identificaron a trabajadores por falsificación de documentos y firmas.
De acuerdo con Milena Quiroga, en las tres redes de corrupción ya comprobadas se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur.
En algunos casos ya se han obtenido vinculaciones a proceso, como en el caso de las licencias falsas de alcohol.
A pesar de esto, aunque la alcaldesa y el equipo de funcionarios municipales externen públicamente su voluntad de sancionar y erradicar este tipo de actos ilícitos que laceran el erario, la realidad es que en las siguientes evaluaciones que realice la ASEBCS estos casos rebotarán.
Fuentes internas de la ASEBCS advierten que no sólo basta con detectar e iniciar procedimientos penales contra servidores públicos que afectan la recaudación y las arcas, ya que el Ayuntamiento de La Paz debe contar con estrategias claras, precisas y efectivas para evitar que esto suceda.
MÁS DE 10 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
En entrevista para ZETA, el director de Asuntos Jurídicos del XVII Ayuntamiento de La Paz, Baldomero Mendoza López, corroboró que son más de 10 los funcionarios involucrados en las redes de corrupción confirmadas en la Dirección de Comercio, Oomsapas y Catastro.
Ordenando por partes, con respecto a la red de licencias apócrifas de alcohol que se detectó en la Dirección de Comercio, precisó que hay seis denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción en las que se señala a ocho personas (seis servidores públicos y dos gestores externos del Ayuntamiento).
De estos ocho imputados, la Fiscalía Anticorrupción ya vinculó a proceso a tres, mientras que otorgó inmunidad procesal a uno; las dos personas externas eran gestores, que hoy están prófugos de la justicia y todavía falta por ejercitar acción penal contra otros dos funcionarios municipales.
“En estos momentos procesamos a tres; uno de ellos se acogió al criterio de oportunidad, es una figura del derecho penal en el que se vuelve un testigo colaborador, es decir se vuelve testigo de la Fiscalía a cambio de que no se deriven procesos en contra de él”, explicó.
“
De externos son dos más, pero de ellos no tenemos noticias. Al parecer desde hace mucho tiempo ya no están en el estado. Eran gestores que tenían una función de captar a los clientes”, agregó.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción informó que el exdirector de Comercio, Omar Orantes, y dos funcionarios en activo de esta área, Miguel “N” y Martín “N”, son las personas que ya fueron vinculadas a proceso por el delito de cohecho, relacionados con la red de licencias falsas.
Por otra parte, con respecto al caso de falsificación de firmas y documentos en Catastro, hay cuatro personas imputadas: un notario (ya vinculado a proceso) y tres servidores públicos.
En el caso del notario, se trata del exalcalde de Mulegé, Guillermo Santillán, que está acusado de alterar la aplicación digital Impuestos Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y, haciendo uso de su investidura profesional, expidió escrituras de un inmueble en Ensenada de Muertos presentando documentos falsificados.
El expresidente municipal tiene medidas cautelares y ahora enfrenta un proceso que se encuentra en etapa intermedia; el Jurídico de La Paz enfatiza que están listos para ir a juicio en contra de él.
“Ahí tenemos un notario público que incluso ya estamos en etapa intermedia. ¿Qué quiere decir? que ya fue vinculado a proceso. Este notario público lo que hizo fue uso de documentos falsos para poder inscribir diferentes inmuebles”, reiteró.
Por último, en Oomsapas se tienen a tres servidores públicos más señalados por evitar el ingreso de recursos de contratos con contribuyentes grandes, como comercios y fraccionamientos, ofreciendo “medidas alternas”.