El discurso oficial de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, es que caerá todo el peso de la Ley contra Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano (Se presume inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según Artículo 13 del CNPP), presunto feminicida de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores, sin mencionar otras líneas de investigación, pese a que en la primera parte de la indagatoria, no han corroborado con certeza que el sujeto actuó solo en el crimen.
La madrugada del 8 de julio, la joven salió de las instalaciones del conocido bar La Consentida y tomó un transporte de plataforma privado, de la empresa DiDi, para trasladarse a su vivienda en Calle Manuel Negrete. Sin embargo, Paola nunca llegó y fue encontrada muerta cuatro días después, en un terreno baldío de Oasis Campestre, comunidad cercana al Ejido Islas Agrarias A, al Oriente de Mexicali.
El rostro de Sergio Daniel circuló en publicaciones de medios de comunicación y redes sociales, lo que sus allegados aseguran, generó una cacería en contra de quien condujo el vehículo que llevaría al asesinato de Paola.
El jueves 11 de julio, luego que sus familiares en Sonora le informaran que las corporaciones de esa entidad federativa lo estaban buscando y le pidieron entregarse, el hoy imputado se presentó ante las autoridades sonorenses. Tras divulgarse el asesinato de Paola, Sergio partió a Ciudad Obregón, donde se resguardó con su familia. La fiscalía sonorense tenía pleno conocimiento de sus consanguíneos y preparaba un operativo para su captura, pero antes de que eso ocurriera, el hombre se entregó, bajo el argumento de que buscaría demostrar su inocencia.
El 13 de julio, ya en Mexicali, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación -y extrañamente de vinculación a proceso el mismo día- en el Centro de Justicia de Río Nuevo, donde el joven supo que sería procesado por desaparición forzada entre particulares y feminicidio, ambos delitos agravados, por lo que según la fiscal María Elena Andrade, purgaría una pena de hasta 120 años de prisión.
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En esta primera audiencia se presentaron tres pruebas como evidencia suficiente para alcanzar la vinculación a proceso, de las cuales la primera es un testimonio de una joven que una hora antes de que Paola abordara el servicio DiDi, fue víctima -presuntamente- del mismo agresor, con quien sostuvo un forcejeo debido a que no quiso proporcionarle su número de WhatsApp ni Facebook.
La segunda prueba fue el recorrido realizado por el auto desde que salió de La Consentida, en la Zona de Antros, sitio donde han desaparecido aproximadamente diez personas; todas se atribuyen al grupo delictivo Los Rusos.
Según el GPS, la empresa Logística RM, propietaria de la unidad, levantó al pasaje a las afueras del bar La Consentida, para luego tomar rumbo hacia Calle Manuel Negrete en la colonia Independencia, donde Paola residía con su familia. Como ya se informó, la unidad no se detuvo en el punto, sino que tomó hacia la calle Río Presidio y posteriormente al Sur, rumbo a Calzada Independencia, para luego tomar al Oriente y llegar a Calzada Manuel Gómez Morín.
En ese punto tomó rumbo al Norte y llegó a la altura del Parque Industrial Siglo XXI, donde retornó en U hacia la colonia Independencia, donde continuó con su ruta al Oriente hasta llegar a Calle Novena, en la que tomó rumbo hacia Eucalipto y, justo a escasos metros del residencial Coral Maya, detuvo su marcha. El vehículo permaneció en el lugar por una hora con ocho minutos, para después trasladarse a Islas Agrarias, tomar la calle Guillermo Cadena y cruzar un camino de terracería alrededor del último destino del cuerpo de Paola. En total, fueron más de dos horas. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha detallado qué pasó en este tiempo, ni si hubo otras personas cerca de la víctima.
El hermano de Paola inició con la investigación revisando el recorrido de su teléfono celular, el cual fue arrojado a la altura de la intersección de Manuel Gómez Morín e Independencia, es decir, poco antes de su último trayecto.
Familiares y autoridades realizaron dos búsquedas los días miércoles y jueves, descubriendo que un día antes pasaron a 3 metros del cuerpo de Paola, pero no la observaron.
La última prueba presentada por el Ministerio Público fue el dictamen forense que confirma una agresión sexual en contra de la joven, previo a su deceso. Sin embargo, no hubo datos preliminares que indicaran una posible evidencia de ADN en el cuerpo, que por estar en estado de descomposición, requería un análisis de mayor tiempo.
Luego de un episodio casi inquisidor del juez de Control, Salvador Avelar, en el que afirmó que a las mujeres hay que amarlas, quererlas, enamorarlas y regalarles flores en lugar de violentarlas, el juzgador envió a prisión preventiva a Sergio Daniel con una reflexión: si bien estaba bajo un proceso judicial, él gozaba de la vida, mientras Paola Andrea ya no puede hacerlo, imprimiendo así un nivel de dramatismo.
El defensor público decidió no emitir una sola postura y que el proceso continuara en la vinculación a proceso, sin permitir al acusado recabar pruebas de su inocencia.
Sobre el caso, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que habrá justicia y que respetará todas las señales de protesta por el caso de Paola, entre éstas las pintas y colocación de carteles en el recinto oficial ubicado en la colonia Nueva. En tanto, en conferencia de prensa, María Elena Andrade, titular de la FGE, declaró el miércoles 17 de julio no tener elementos para descartar la participación de otra persona en el episodio criminal.
Cuestionada sobre la estadía del taxi, de una hora y 8 minutos a escasos metros del residencial Coral Maya, donde se ubica también un terreno baldío, Andrade no pudo responder bajo el argumento del sigilo de la investigación.
Dentro de la investigación preliminar no hay investigación hacia el bar La Consentida, el cual hace semanas fue atacado por un grupo de matones que arrojaron cocteles molotov al negocio. Sin embargo, los artefactos explosivos no causaron efecto. Tampoco hay evidencia de cámaras de vigilancia que captaran el momento del abordaje y traslado del cuerpo de Paola, ni testimonial de otras personas.
