Especialistas sudcalifornianos anticipan que iniciativa atenta contra el estado de derecho y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder; también en juego “derechos adquiridos por el personal”
Los más de 300 trabajadores del Poder Judicial de Baja California Sur se congregaron para protestar en contra de la reforma que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y advierten que, de ser necesario, se irán a paro laboral para evitar el desmantelamiento del sistema y el atropello de sus derechos laborales.
El personal que integra el Vigésimo Sexto Circuito subrayó que no están en contra de modificaciones o reformas, sin embargo, enfatizan que éstas deben contribuir a mejorar la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Recalcaron que la selección de jueces y magistrados por medio del voto popular, que pretende establecer esta iniciativa, atenta contra la calidad profesional y la justicia pronta, expedita e imparcial que se debe impartir.
“El Poder Judicial de la Federación somos todos y coincidimos con reformas que busquen ampliar la protección de los derechos humanos, incluidos los nuestros como trabajadores; pero estamos convencidos que la propuesta de elección popular de titulares no es la solución”, señalaron en un pronunciamiento.
Alzando la voz por la institución, denunciaron que la injerencia del Ejecutivo es un retroceso en el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial y que compromete de forma grave la imparcialidad del sistema.
José Francisco Cota Peña, secretario adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito, expuso que además de atentar contra la carrera judicial, también hay afectaciones directas a los derechos laborales.
Denunció que en los artículos transitorios de la reforma no se respetan todos los derechos que han adquirido los trabajadores, ya que todo dependerá el presupuesto que se asigne cada año al Poder Judicial.
Además, acusó que se pretenden quitar fondos y fideicomisos, lo que atenta contra las aportaciones que el mismo personal ha hecho para el retiro.
Cota Peña coincidió con especialistas en el país que mencionan que el esquema que pretende instaurar López Obrador institucionaliza la corrupción, ya que una vez que se permita elegir a jueces y magistrados sin carrera judicial, las élites y los grupos de poder podrían financiar las candidaturas y designar “por debajo” a quien prefieran o se acomode a sus intereses.
“Lamentamos y reprobamos las opiniones sobre la preservación de nuestros derechos laborales porque, contrario a lo que sostiene el discurso oficial, nuestro principal derecho laboral es la carrera judicial que se pretende aniquilar con la propuesta de voto popular de jueces y magistrados; y por si eso fuera poco, nuestras prestaciones no están del todo garantizadas en el texto de la iniciativa”, se leyó en el pronunciamiento.
