A las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California con sede en Tijuana, Karla Mariela Aguilar Pastrana, realizó una manifestación este domingo 16 de junio, en el marco de la celebración del Día del Padre, protestando por las omisiones de la dependencia en el caso de agresión sexual de sus hijas realizado por su progenitor, Sam N, a un año de impunidad.
“La única sentencia que hemos tenido de cinco denuncias presentadas, tres de ellas por delitos sexuales, una por hostigamiento, y otra por las omisiones de los agentes que tuvieron conocimiento, la única sentencia que hemos tenido es un sobreseimiento, dejando sin justicia a mi hija, que desde los 7 años fue víctima de abuso y cuya pena que correspondía al agresor era por 35 años”, explicó.
En seguimiento al precepto 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó el sobreseimiento del caso bajo el Número Único de Caso 04-2020-18063; sin embargo, el imputado fue aprehendido nuevamente el 16 de junio de 2023 por la carpeta de otra de la menor de sus hijas, actualmente se encuentra en prisión preventiva.
El primer abuso ocurrió cuando la mayor de sus hijas tenía 7 años, atravesando por el trauma hasta los 12, durante las convivencias que tenían acordadas para cada uno de los padres. Actualmente las niñas tienen 12, 13, 15 y 16 años de edad.
Según relató, su hija mayor ha atravesado tres intentos de suicidó a raíz de la afectaciones a la salud emocional, por el abuso infringido: “ella cayó por los abusos que estuvo viviendo todo este tiempo para proteger a sus hermanitas de que no lo vivieran también y cuando se dio cuenta que también lo estaban viviendo entró en una fuerte depresión. Fue cuando unos meses después me dijo lo que estaba ocurriendo”.
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Resaltó que inclusive los exámenes periciales médicos y psicológicos influyeron en su salud mental, pues no se aplicó el protocolo para la atención a menores víctimas con perspectiva de género y de infancia.
“Hoy se cumple un año de impunidad, un año que el 16 de junio una Juez de Control, decretó el sobreseimiento que brindó el fallo protector a esta petición de la defensa porque al ex fiscal Ricardo Iván Carpio se le olvidó presentar la formal acusación para continuar con la etapa intermedia”, recriminó.
Hasta ahora, solamente los fiscales Lourdes Pérez y Héctor Orozco fueron removidos de su cargo, pero continúan dentro de la dependencia agentes del Ministerio Público, quienes igualmente cometieron omisiones.
El pasado 5 de junio, mantuvo una reunión con la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en donde, igualmente, aún no obtiene resultados de seguimiento al caso, según compartió. Manteniéndose en espera de una próxima audiencia.
Discriminación escolar
Por otro lado, sufrió actos discriminatorios en la institución educativa de sus hijas sin poder continuar su derecho a la educación en el lugar, a causa de “sus antecedentes”, es decir, las múltiples denuncias presentadas, según refirió la escuela.
“He reclamado que así fuera yo una prostituta o me dedicará a negocios ilícitos esto no podría alcanzar a mis menores hijas”, comentó.
Hasta ahora, la Secretaría de Educación, ni la Arquidiócesis de Tijuana, al ser una escuela privada ligada al organismo religioso, han presentado resoluciones sobre el caso. Por lo que tuvo que continuar la educación de sus hijas en otro plantel educativo.
Finalmente ante el gran número de carpetas de investigación sin resoluciones en la fiscalía, exhortó a la ciudadanía a no permitir que sus situaciones queden impunes: “que insistan, yo sé que no hay dinero que te lo va a pagar, son ridículas las sumas por reparación de daño, pero insiste”.
