La última ocasión previa a 2024, en que en una elección presidencial en México un candidato obtuvo el 60% de los votos o más, fue en 1982.
El entonces postulado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel de la Madrid Hurtado, obtuvo el 70.96 de los sufragios. Su partido, 299 diputados de un total de 400 que integraban la Cámara baja, y por entonces el mismo PRI gobernaba la totalidad de las entidades federativas. Era la época de la hegemonía priista. El declive que daría paso a la transición política no muchos años después, iniciaba.
De mantenerse los resultados estimados en el conteo rápido del domingo 2 de junio, o los proyectados a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, ganará la Presidencia de la República, con el favorecimiento del 60% del electorado. Su alianza, Sigamos Haciendo Historia, resultado de la unión de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), proyecta ganar 365 diputados de un total de 500.
Morena gobierna en 23 de 32 Estados de la República, números indicativos de un nuevo orden político en el país. Similar, a aquella hegemonía que el movimiento que encabeza la primera Presidenta mujer de México, solía combatir.
Ningún candidato posterior a De la Madrid ha logrado tan marcada distancia sobre el segundo lugar de la elección, que se situó en los 55 puntos porcentuales. La que más se le acerca es precisamente la virtual Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, con 32 puntos de ventaja sobre su más cercana competidora. Mientras en 1982 el partido hegemónico tenía el 74.75% de la Cámara de Diputados, Morena y aliados, de confirmarse las proyecciones del Instituto Nacional Electoral, tendrán el 73% del Poder Legislativo.
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Estos números indican que, como en la época de esplendor de la hegemonía priista, Morena ha dado al país no sólo a la primera Presidenta, sino el regreso de una titularidad del Ejecutivo Federal, todopoderosa.
Poseer el 73% de la Cámara de Diputados asume el control absoluto para cambiar la Constitución, reformas que serían avaladas prácticamente de inmediato por los 23 gobiernos estatales que encabeza Morena en el país. Ningún presidente del nuevo milenio tuvo tanto poder como ahora lo tendrá, por la vía legítima -asumiendo que en la época priista el absolutismo se logró a partir de fraudes electorales, compra de votos o represión- la virtual Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
Ni el actual titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, gozó de tal confianza del electorado. En 2018, en una para entonces histórica votación, ganó con el 53% de la preferencia. Su alianza con el PES y el PT logró 308 curules, permitiendo el control del 61% de la Cámara de Diputados, y su partido, Morena, gobernaba cinco estados de la República. Tres años después, en las elecciones intermedias de 2021, perdió representación en la Cámara de Diputados. Una nueva alianza, ahora con PVEM y PT, les dio a los tres, 278 legisladores que resultaron en un control del 55% de la Cámara baja.
A partir de 2021, aunque no exentos los primeros tres años de su administración, López Obrador intensificó la campaña contra quienes llamó sus adversarios: partidos políticos de oposición y grupos de la sociedad civil organizada, estrategia mediática cuyo epicentro fueron sus conferencias matutinas diarias. Hoy día, entre señalamientos de intervenir en el proceso electoral del domingo 2 de junio de 2024, a partir de su campaña perenne, el aún primer mandatario reflexiona que su misión ha sido cumplida. El resultado, heredar una Presidencia todopoderosa, otra vez, al país.
EL ALCANCE DEL PODER, LAS REFORMAS QUE VIENEN
El 1 de septiembre de 2024 tomarán posesión los nuevos integrantes del Poder Legislativo.
De acuerdo a información compartida desde Palacio Nacional por la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, el partido oficialista y sus aliados controlarán con 365 diputados que significan el 73% de la representación camaral y la mayoría calificada, la Cámara de Diputados, lo cual significa que podrán aprobar cualquiera de las 20 iniciativas de reforma constitucional que el 5 de febrero de este año, AMLO presentó ante ese cuerpo legislativo.
El 6 de junio, cuatro días después de la elección, sin constancias de mayoría entregadas ni la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el reparto de las curules por la vía plurinominal para cada uno de los partidos participantes de la elección, los coordinadores de Morena en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, respectivamente, ofrecieron una conferencia.
Adelantaron que en cuanto se instale el nuevo Congreso mexicano, será votado el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Mier, quien el 1 de septiembre pasará de la Cámara baja a la de Senadores, declaró:
“El Presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución, entre ellas está la reforma al Poder Judicial conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y ésta presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen, que sea votado y, una vez que instale el siguiente Congreso General, el proceso legislativo se va a mantener; habremos de platicar los senadores, los diputados electos con nuestra virtual Presidenta, y la participación también del gobierno saliente para determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Es un hecho”.
La propuesta del Presidente, que no ha sido consensuada con el propio Poder Judicial, la academia o los especialistas en la materia en la sociedad mexicana, incluye la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), disminución del número de salas, baja en prerrogativas a los trabajadores del Poder Judicial, elección por la vía de la votación directa y abierta a la ciudadanía, de jueces, magistrados y ministros, entre otras modificaciones.
Por sus declaraciones, los actuales coordinadores de Morena asumen que ningún diálogo o consenso está considerado en la materia, aun cuando la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, señaló a través de una misiva en la que felicitó a la virtual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “la importancia para nuestra democracia constitucional del dialogo abierto y honesto entre Poderes y nuestra mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de la ciudadanía”.
Aun cuando López Obrador ha dicho que platicaría con Sheinbaum Pardo sobre estas reformas y otros legados, la reunión entre ambos no se ha dado; tampoco se ha determinado una fecha para la misma, pero el plan del Presidente avanza sin ello, a través de los coordinadores de Morena en el Poder Legislativo.
Del paquete de reformas constitucionales que envió López Obrador el 5 de febrero de 2024 -paradójicamente el Día de la Constitución- al Legislativo, destacan cinco por su injerencia en la construcción y desarrollo de los otros dos Poderes que, junto con el Ejecutivo federal, representan el Estado mexicano: el Judicial y el Legislativo. Así como por suprimir órganos ciudadanos y autónomos que en los últimos sexenios se convirtieron en un contrapeso institucional ante el ejercicio del poder político en el gobierno, fuese emanado del PAN, del PRI, o de manera reciente, de Morena.
Las cinco iniciativas son:
* Reforma electoral para reducir el presupuesto para campañas y partidos políticos.
* Disminuir el número de regidores en los cabildos municipales, reducir la burocracia en los órganos electorales, eliminar las candidaturas plurinominales para integrar la Cámara de Diputados con 300 miembros, sólo los electos, y una Cámara de Senadores con 64 miembros: dos por cada entidad federativa; también, sólo quienes resulten ganadores de la elección.
* Elección libre, directa y secreta por parte los ciudadanos, de los magistrados de organismos electorales; la disminución del 30 al 40% de la participación ciudadana en consultas populares para hacerla vinculatoria, incluida la revocación de mandato. Elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial por la vía libre, directa y secreta, en una votación ciudadana.
* Que Guardia Nacional sea parte, de manera oficial, de la Secretaria de la Defensa Nacional.
*Eliminación de “todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público”.
EL ÚNICO CONTRAPESO
Con una victoria arrasadora en todo el país que le aseguró a Andrés Manuel López Obrador legar un poder absoluto a la Presidencia de la República de la cual tomará posesión el próximo 1 de octubre de 2024 por primera ocasión en el país una mujer, la electa Claudia Sheinbaum Pardo, y las reformas para modificar el Poder Judicial, la integración del Poder Legislativo y la eliminación de los órganos autónomos, la próxima administración no tendrá contrapesos institucionales como marca, hasta ahora, división de Poderes en la República.
Los organismos que López Obrador sugiere eliminar son todos de corte ciudadano, autónomo y de supervisión sobre los procesos gubernamentales:
* Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
* Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
* Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
* Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval).
* Comisión Reguladora de Energía (CRE).
* Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
* Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La ausencia de contrapesos en el Poder Legislativo ante la avasalladora representación de los partidos aliados a Morena, desactiva a la oposición partidista, pues ni uniendo sus votos podrán detener reforma constitucional alguna.
El único contrapeso que tendrá el próximo gobierno, es el que desde el lunes 3 de junio demuestran el mercado global, el comportamiento de la macroeconomía y las calificaciones financieras internacionales.
Efectivamente, un día después de las elecciones del 2 de junio, los mercados internacionales mostraron la desconfianza ante el poder absoluto entregado a una corriente política. El peso mexicano, que se había mantenido estable durante los últimos años, sufrió una caída de 4 por ciento, al tiempo que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo un descalabro del 6.42%. Ambos descensos obligaron a un posicionamiento y reacción tanto del Gobierno de México, como de su virtual titular, Claudia Sheinbaum.
Para el jueves 6, cerró con una caída del 2% y el billete verde se cotizó en 17.88 pesos por el anuncio del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de que en septiembre se discutirá la reforma al Poder Judicial.
Para tranquilizar a los mercados, en su conferencia matutina, AMLO expresó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, trascendería en el cargo a la siguiente administración, lo cual confirmaría más tarde Sheinbaum Pardo, al tiempo que Ramírez anunciaba llamadas con inversionistas internacionales para dar certeza del futuro y apaciguar los mercados.
Los números financieros de México no son los mejores. La BMV no registraba una caída tal desde inicios de los noventa, y ante los resultados de las últimas tres elecciones presidenciales en el país, su comportamiento, aun a la baja, fue estable.
Mientras el crecimiento económico del país se mantuvo en dos dígitos al final de los sexenios de Vicente Fox (12.3%) y Enrique Peña Nieto (11.6%), y aun cuando tuvo un descenso en la administración de Felipe Calderón (8.6%), López Obrador concluirá su mandato con un crecimiento económico de apenas 4.5%, el más bajo en los últimos 24 años.
Estas condiciones financieras y su impacto en los mercados internacionales al tiempo que avanzan las reformas constitucionales propuestas por AMLO y ahora tomadas por la futura Presidenta de México, determinarán el lugar del país en la economía mundial, y representarán, como ya lo hicieron el lunes 3 de junio, el único contrapeso ante el cual reaccionará el Gobierno de México.
UNA OPOSICIÓN QUE NO PUDO LEVANTARSE DE LA LONA
Ni una candidata ciudadana como Xóchitl Gálvez Ruiz, pudo levantar de la derrota política sostenida de los antes partidos oficiales y hoy oposición, Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
Con tres partidos postulantes, PRI, PAN y PRD, Gálvez Ruiz obtuvo el 27.45% de los votos emitidos el domingo 2 de junio, al concentrar 16.502.449 sufragios. Ciertamente superó a quienes perdieron en 2018 contra AMLO, el abanderado del PAN; Ricardo Anaya, que quedó en segundo lugar con 12 millones 610 mil 120 votos; o que José Antonio Meade, del PRI, que en aquellos comicios recogió 9 millones 289 mil 853 votos, pero quedó lejísimos del contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en 2024, con 35.923.984 votos (59.75%).
“Hasta a mí me cepilló”, dijo López Obrador el jueves 6 de junio en su conferencia matutina, con relación a los votos logrados por su heredera. Ciertamente las proyecciones de 35 millones de votos a favor de quien será la primera Presidenta de México, dejan atrás la votación considerada histórica lograda por AMLO en 2018: 30 millones 113 mil 483 sufragios para el tabasqueño.
Sin embargo, las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, dos de los más señalados de actos de corrupción, Alejandro Moreno y Marko Cortés, respectivamente, impugnarán la elección. Sin una autocrítica ante el golpe de realidad con los resultados del 2 de junio, ninguno de los dos puso su renuncia sobre la mesa. Caso contrario, pasarán a formar parte del Poder Legislativo por candidaturas plurinominales que se auto gestionaron en su calidad de dirigentes nacionales.
Los dos declararon que no renunciarían a sus cargos partidistas y que serían respetuosos de los tiempos de transición interna de sus respectivos partidos, dejando de lado al PRD, que está a punto de perder el registro nacional como partido al apenas haber llegado al 2.5% de la preferencia electoral. A pesar de los votos de Gálvez, a PAN y PRI no les alcanzó para asegurar un contrapeso como oposición en las curules legislativas, y perdieron la competencia en las gubernaturas.
Mientras Acción Nacional tuvo un ligero avance respecto la elección intermedia de 2021, cuando obtuvo 8 millones 969 mil 288 votos, contra los 9 millones 284 mil 470 de 2024, el PRI descendió en la preferencia electoral: de 8 millones 715 mil 899 votos logrados en 2021, bajaron a 6 millones 98 mil 624 sufragios, de acuerdo al PREP.
En las gubernaturas, el PRI no logró ganar ni una de las nueve en disputa, y el PAN perdió Yucatán, sólo retuvo Guanajuato.
Morena triunfó en siete entidades federativas. Mantuvo la dominancia política en Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz, quitándole al PAN el Gobierno de Yucatán.
Aun en la evidente y aplastante derrota, la oposición integrada por PRI y PAN no ha asumido la autocrítica, ni renunciado a sus dirigencias, ni programado su propia transformación; eso sí, impugnarán una elección con resultado contundente, que liberó al próximo gobierno de los contrapesos, y le dio todo el poder.
