El contundente triunfo de la candidata de Morena y partidos afines, Claudia Sheinbaum Pardo, en la elección presidencial del 2 de junio, particularmente la perspectiva de que la coalición oficial obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión que le permitiría aprobar reformas constitucionales, está generando incertidumbre económica en México.
Esta realidad se tradujo en una caída de -6.42% en la Bolsa Mexicana de Valores (la peor de las últimas tres elecciones presidenciales y en niveles no vistos desde 1988), así como una depreciación del peso de 4.40% respecto al viernes 31 de mayo de 2024.
En subsecuentes días las pérdidas menguaron y la divisa mexicana recuperó terreno frente al dólar estadounidense, luego de que Sheinbaum confirmara que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, continuará en su puesto en la nueva administración, tal como lo anunció previamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, con la declaración del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, de que buscarán aprobar las 18 reformas constitucionales de AMLO y en septiembre se discutiría la del Poder Judicial, el peso volvió a caer 2% frente al dólar. El billete verde cotizó en 17.88 pesos y en ventanillas bancarias llegó a 18.35 pesos.
En opinión de Diego Díaz Pérez, coordinador del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), está lejos de terminar la incertidumbre económica que causa la pérdida de contrapesos por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso, así como la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial que afectaría la certeza jurídica y tener implicaciones para los actores económicos.
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El pronóstico es reservado, ya que después de septiembre se verá qué tan atractivo seguirá siendo México para inversionistas extranjeros y si el próximo gobierno podrá reducir el déficit público heredado de AMLO, mejorar la situación financiera en Petróleos Mexicanos (Pemex) y disminuir la deuda.
Por el momento no se avizora una crisis financiera y/o económica. “La posibilidad existe y no creo que sea un problema que se vaya a manifestar de manera inmediata”, dijo Díaz Pérez.
En el mediano plazo se tiene que ver cómo se hace el manejo de la economía, de las finanzas públicas, de Pemex, y cómo se abordan otros inhibidores del crecimiento económico o la Inversión Extranjera Directa (IED). Una vez que haya definición del Gabinete de Sheinbaum y en noviembre sea presentado el Paquete Económico 2025, “tendremos una imagen más clara de cómo va a devenir la situación financiera y económica del país”, apuntó el especialista.
DÉFICIT FISCAL, EL MÁS ALTO DESDE 1990
El gobierno pretende mandar un mensaje de que se mantendrá la disciplina fiscal en el país al continuar Ramírez de la O, sin embargo, ésta no se justifica porque en los últimos dos años se rompió tal disciplina. Particularmente en 2024, el déficit proyectado será de 1.7 billones de pesos, equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), “un nivel que no veíamos desde 1990”.
Para reducirlo, Hacienda ha propuesto que en 2025 el Gobierno Federal reduzca su gasto en 8.8% en términos reales. Ésa es “una restricción presupuestal importante” que hasta cierto punto le impediría a Sheinbaum cumplir con algunas de sus promesas de campaña.
“Va a ser una restricción importante, salvo que se plantee una reforma fiscal, que es algo que se ha pronunciado en contra”, manifestó Díaz Pérez, quien perfiló que la otra perspectiva es que no pueda contenerse el gasto en la medida que Hacienda proyectó en los Criterios Generales de Política Económica, en abril del año en curso.
En entrevista, el especialista del IMCO delineó cuatro dificultades que tendrá la próxima administración para contener el gasto, al haber asignaciones que no puede eludir:
* El costo financiero de la deuda (pago de intereses y comisiones), que este año se proyecta en cerca de 1.3 billones (13% de todo el gasto público federal).
* El costo de pensiones contributivas -pagadas por IMSS e ISSSTE-, que “también están creciendo de una manera importante”.
* Los apoyos a Pemex, que en el actual sexenio ha recibido 1.75 billones de pesos y sigue necesitando recursos por deficiencias estructurales.
En ese rubro, Díaz Pérez consideró que el gobierno de López Obrador hizo un diagnóstico erróneo, puesto que inyectó recursos a la paraestatal sin resolver sus problemas estructurales, como la forma en que funciona su consejo de administración y áreas como Pemex Transformación Industrial, que desde al menos una década atrás, está generando pérdidas millonarias.
Sheinbaum tendría que analizar “qué tan conveniente es seguir con el negocio de refinación como se ha manejado hasta ahora”, con la construcción de la refinería de Dos Bocas. “Tendría que poner un alto y entender qué es lo que está pasando, plantear propuestas claras a los problemas estructurales de la petrolera”, expuso el experto.
Pemex es “una bomba de tiempo” y, si no se resuelve, va a seguir siendo “un barril sin fondo” que continuará demandando recursos públicos a costa de otras áreas prioritarias como salud y educación, y que puede amenazar la calificación crediticia del soberano del país, ya que el Gobierno Federal, de facto, es el garante de la deuda de la petrolera.
En otras palabras, “si aumenta la deuda de Pemex en la práctica, está aumentando la deuda del Gobierno Federal y eso podría reducir su calificación crediticia”.
Un cuarto factor que dificulta disminuir el gasto, es el compromiso de la virtual Presidenta electa de no sólo mantener los programas sociales, sino ampliar su cobertura e incrementarlos, como es “natural” que quiera hacerlo, señaló Díaz Pérez.
De no reducir significativamente el desequilibrio entre ingresos y gastos, ni regresar el déficit en niveles como estaba en 2022 (en alrededor del 2% del PIB), el principal riesgo es que las agencias calificadoras rebajen la calificación crediticia soberana, lo que a su vez, tendría implicaciones en el costo financiero de la deuda que ya está presionando las finanzas públicas, y habría menos recursos disponibles para otras áreas como salud, seguridad, educación e inversión pública.
Una perspectiva más positiva compartió Ernesto Bravo Benítez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien señaló que la deuda pública calculada al cierre de abril en 16.1 billones de pesos (que representa cerca 49% del PIB), podría terminar este sexenio en una cifra menor, debido a los ingresos extraordinarios porque los precios de la mezcla mexicana están 40% por encima del estimado en el Paquete Económico 2024.
Sin embargo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señaló en su más reciente informe que los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico podrían ubicarse en 50.2% “en lugar de 48.8% previsto en el Paquete Económico 2024” y ser mayor al 46.8% observado en diciembre de 2023.
REFORMA FISCAL PROGRESIVA
Ambos especialistas coincidieron que el combate de la elusión fiscal no hará que “crezca de manera importante” los ingresos, ni van a alcanzar; de ahí la necesidad de una reforma fiscal. Sin embargo, no previeron que la haga el gobierno de Sheinbaum en el corto plazo.
“No se prevé al menos en el primer año” de la Presidenta, dijo Díaz Pérez. Mientras que Ernesto Bravo proyectó que podría darse hasta la mitad del gobierno de la primera Presidenta de México.
Los dos opinaron que la reforma fiscal tiene que ser progresiva y se grave más proporcionalmente a las personas de mayores ingresos, como un mecanismo para reducir la desigualdad.
“No es posible que ese décimo decil esté pagando solamente 35% de su renta, cuando hay países que lo tienen entre 45 o incluso 50%”, indicó Bravo Benítez, quien expuso, podría abrirse ese decil en varios subdeciles para captar más recursos y que “no tribute un Carlos Slim al 35% de su ISR, sino que sea de menos al 45%”.
Otro elemento fundamental, señaló, es que la reforma fiscal combata el alto nivel de informalidad, que se ubica en 52% de la Población Económicamente Activa del país.
En tanto, Díaz Pérez se pronunció porque la reforma fiscal se oriente a gravar artículos nocivos y de esta forma aumentar los recursos y desincentivar el consumo de productos que afectan la salud y/o el medio ambiente.
Una reforma fiscal debe acompañarse de cambios estructurales en el ejercicio del gasto público; de no hacerlo, “es como si firmáramos un cheque en blanco para que el gobierno pueda hacer lo que quiera con los ingresos”, ejemplificó.
“Hay que planearse cómo y en qué está gastando el gobierno, en cuestiones como por qué el Estado mexicano va a administrar hoteles a lo largo de la ruta del Tren Maya o cómo se está ejerciendo el gasto en inversión pública en proyectos que se perfilan como elefantes blancos, como el tren México-Toluca, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles”.
Asimismo, cuestionar qué debería hacerse para que cada peso sea manejado con eficiencia, economía y transparencia, “para sacar el mejor provecho” en aras de mejorar la calidad de vida de la población, agregó el especialista del IMCO.
MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN TRES SEXENIOS
De acuerdo a Diego Díaz, de concretarse las estimaciones para 2024, “va a ser pobre” el desempeño del sexenio de López Obrador en cuanto a crecimiento económico, además del más bajo de las últimas tres administraciones federales.
“Hay que ser justos y considerar que este gobierno se enfrentó con la pandemia de COVID-19, una contingencia que en los últimos sexenios realmente sólo es equiparable a la crisis de 2008-2009 que enfrentó Felipe Calderón”, observó desde el IMCO.
En el acumulado, el gobierno de Vicente Fox tuvo un crecimiento de 12.3%; el de Calderón, 8.6%; Enrique Peña Nieto, 11.6%; y el de AMLO, 4.5%, precisó Díaz.
En las últimas décadas, México no ha tenido un crecimiento económico importante. Un crecimiento sostenido generaría más ingresos tributarios, más empleo y desarrollo económico.
En el PIB per cápita, el gobierno de López Obrador también tendrá el “peor desempeño” comparado con las tres administraciones anteriores. Con Fox hubo un crecimiento de 2.6%, Calderón 1.8%, Peña Nieto 5.2% y AMLO 0.7%.
En tanto, Ernesto Bravo señaló que nuestro país ha perdido competitividad. En 2022 estaba en el lugar 55 -según el ranking del Foro Económico Mundial- y en 2023 retrocedió al 56.
“Quiere decir que necesitamos invertir fuertemente en educación, fuerza de trabajo y es el momento del nearshoring. Si lo sabemos aprovechar, estableciendo una política industrial sólida que vaya acompañada de una política científica-tecnológica y de carácter educativo eficiente, vamos a poder elevar el crecimiento, la productividad y competitividad de este país”, lo que ayudará a atacar el problema de la informalidad, añadió el académico del Instituto de Investigaciones Económicas.
DÓLAR SEGUIRÁ AUMENTANDO
Para concluir, Diego Díaz Pérez consideró que la apreciación del peso registrada en los últimos meses no tiene fundamento económico, “pareciera más un tema especulativo que otra cosa”. En ese sentido, previó que la moneda mexicana seguirá depreciándose por factores como la incertidumbre económica en México generada por los cambios políticos, temas estructurales y eventualmente por la elección presidencial en Estados Unidos, “que normalmente genera volatilidad en los mercados”.
