La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, el 12 de junio de 2024, a la Fiscalía General de la República (FGR), reabrir las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad que pudieron ser cometidos durante la llamada “guerra sucia”, época en la que se registraron detenciones ilegales, tortura y desapariciones forzadas contra integrantes de grupos subversivos, principalmente en Guerrero.
Un total de cuatro de cinco ministros de la Primera Sala del máximo tribunal constitucional aprobaron la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de que el Ministerio Público se apoyara en toda la información que estuviera en averiguaciones previas iniciadas, informes y comisiones, para hacer una “mejor investigación”.
Con dicha decisión -la cual fue votada en contra por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó el amparo otorgado por un juez, al grupo de mujeres que acudieron a la SCJN, y que, según el expediente, sufrieron detención arbitraria, tortura y fueron atormentadas psicológicamente.
El proyecto aseguraba que se debía revocar la resolución del “no ejercicio de la acción penal”, bajo el razonamiento que a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ‘guerra sucia’, les eran aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad, lo que “se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”.
Las mujeres amparadas eran familiares de Lucio Cabañas Barrientos, un maestro rural egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres, que operó en la sierra de Guerrero, durante la década de 1970. Fue asesinado, el 2 de diciembre de 1974, en el municipio de Técpan de Galeana, por elementos del Ejército Mexicano.
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Juana, Rosa Elena, Flavia e Irene Nava Cabañas, señalaron que fueron detenidas, cuando eran adolescentes, entre 1972 y 1973, por elementos de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quienes supuestamente las habrían torturado.
Por mayoría, la Primera Sala de la SCJN les otorgó un amparo contra el no ejercicio de la acción penal determinado por la FGR, en enero de 2022, tras argumentar que las conductas denunciadas eran consideradas crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional cuando fueron cometidas, rechazando alegatos de la FGR sobre la prescripción y aplicación retroactiva de la ley.
“No sería sostenible mantener que los crímenes de lesa humanidad, al no existir un tipo penal que exactamente describiera estos crímenes como tales al momento de los hechos en el orden jurídico mexicano, esto implique una violación a lo establecido en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución”, señaló el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, el cual también aclaró que en este caso no se podría aplicar de manera retroactiva el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en México en 2006, como afirmó el juez que amparó a las mujeres en primera instancia.
Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundada una revisión adhesiva de las quejosas, para el efecto de que la FGR tuviera colaboración de otras autoridades y pudiera realizar una investigación más amplia.
“El Estado debe asegurar no sólo que las autoridades encargadas de la investigación [Ministerio Público] tengan a su alcance los medios necesarios para llevar a cabo aquellas actuaciones, sino que efectivamente sean utilizados para realizar las averiguaciones con prontitud”, indicó el fallo de la Primera Sala de la SCJN, al enfatizar el derecho de las víctimas a la verdad.
González Alcántara Carrancá destacó en el estudio del caso algunos criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual consideraba que los países no podían argumentar la prescripción de delitos o la amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad, debido a la gravedad que representaba dicha violación a los derechos humanos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la FGR un plazo de 12 meses para que determinara si ejercería el ejercicio de la acción penal o, en su caso, concluyera con el no ejercicio por falta de pruebas.
En diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, que encabezó Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, entonces titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB.
En 2023, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, propuso crear una “unidad especial para litigación y juzgamiento” de estos casos, que hasta la fecha no existía.
Durante un evento, realizado el 22 de junio del 2022, y encabezado por el presidente López Obrador, en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, el Gobierno Federal abrió las instalaciones y archivos militares relacionados con la llamada “guerra sucia”, a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990.
Entre protestas y consignas de familiares de personas desaparecidas, el mandatario nacional dijo que esta apertura se trataba de un “acto de esperanza”, mismo que buscaba cerrar la etapa “de una historia negra de sufrimiento y represión”.
Asimismo, el político tabasqueño aseguró que el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), demostró su lealtad al cumplir las instrucciones de abrir las puertas del Campo Militar Número 1 y de dar acceso a todos los archivos que allí se encontraran, además de permitir que se hiciera toda la investigación que fuera necesaria para conocer la verdad.
“Es un acto de reconciliación nacional que necesitamos, tenemos que conocer la verdad, que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo, en nuestro país”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien atribuyó que los casos que “han manchado” a las Fuerzas Armadas, estaban relacionados con órdenes recibidas por los gobiernos civiles. Además, comentó que no existía una cúpula militar que perteneciera a la oligarquía del país.
El mandatario nacional adelantó que, a pesar de su autonomía, invitaría a la Fiscalía General de la República a sumarse a los trabajos de dicha Comisión. Sin embargo, mientras el titular de la SEDENA daba su discurso, familiares de personas desaparecidas le gritaron “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “¡Queremos justicia!”.
“No queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo con la participación de todas y de todos. Va a haber también la participación de la Fiscalía, aunque es un órgano autónomo, respetuosamente le vamos a pedir que participe, que trabaje en este grupo, en este equipo”, afirmó López Obrador.
Por su parte, el mando militar afirmó que las Fuerzas Armadas tenían el compromiso de contribuir a la búsqueda de la verdad respecto a los hechos que marcaron un hito como los movimiento estudiantes de 1968 y 1971, así como los movimientos sociales de Guerrero.
Además, Sandoval González aseveró que para el caso Ayotzinapa, la SEDENA hizo entrega de 18 mil 845 fojas de evidencia documental, y había participado en reuniones con los padres de los normalistas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su turno, Encinas Rodríguez, entonces titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB, pidió a la FGR reabrir 245 carpetas de investigación relacionadas con la “guerra sucia” en México, periodo entre los 60 y principios de los 90 donde el Estado mexicano aplicó medidas para disolver movimientos de oposición política.
“El camino hacia la reconciliación se construye con verdad y justicia, para ello requerimos que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la Guerra Sucia que hoy duermen ‘el sueño de los justos’”, dijo Encinas Rodríguez, al presentar el inicio de los trabajos de la Comisión, que fue creada oficialmente el 7 de octubre de 2021, al publicarse en el Diario de la Federación (DOF).
El subsecretario anunció que se convocaría a personal en funciones y retirado para rendir testimonio sobre la “guerra sucia”. Para ello se realizarían un reconocimiento, así como búsqueda e investigaciones en lugares e instalaciones militares, donde se presumiera que se hubieran cometido violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos, la Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, según dijo el funcionario federal, se revisarían los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Estado Mayor Presidencial, entre otras instituciones.
Encinas Rodríguez detalló que el evento se realizó en el Campo Militar 1-A, lugar en donde 46 años atrás se instaló la llamada “Brigada Blanca”, integrada por elementos de la Dirección General de Seguridad de la SEGOB, de la entonces Policía Judicial Federal y la Policía Militar, y en donde, 51 años antes, se implementó el operativo “Telaraña”, para desarticular las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.
Por su parte, Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, recordó la vida de su padre como activista normalista en Guerrero y que el 2 de diciembre de 1974 murió asesinado a manos del Ejército. “Después de muchas luchas de la familia, se logró recuperar el cuerpo”, manifestó, agregando que tenía confianza en la Comisión.
También participio Alicia de los Río Merino, hija de la guerrillera Alicia de los Río Merino y militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien recordó que su madre fue detenida 5 de enero de 1978, por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y trasladada al Campo Militar Número 1, después a la Base Naval Militar Número 7. Desde entonces estaba desaparecida.
“El caso de mi madre es uno de los más de mil casos de desapariciones por motivos políticos perpetrados entre 1975 y 1990, en una mayoría se cometieron con un mismo patrón: detenciones y traslados a instalaciones militares de diferentes lugares del país”, manifestó De los Río Merino, quien también enfatizó que tras años de exigirlo, al fin se abría el Campo Militar Número 1, donde, según ella, se interrogó, torturó y mutiló a cientos de sus familiares.
“Aquí fueron desaparecidas y desaparecidos […] Desde esa base despegaba un avión que realizaba los vuelos de la muerte entre las costas de Guerrero y de Oaxaca. Mi madre es uno de los más de mil casos de desapariciones por motivos políticos perpetrados entre 1965 y 1990”, sostuvo la hija de la guerrillera de la Liga Comunista 23 de septiembre.
“A partir de las investigaciones deberán conocerse las cadenas de mando que participaron en los crímenes de lesa humanidad”, exigió De los Río Merino, quien también pidió al presidente López Obrador que se sumara la Fiscalía General de la República en las investigaciones. “En este país no habrá verdad, sin justicia, y sin justicia tampoco podrá haber paz”, externó.
“Es agraviante pensar que puedan poner en el mismo nivel a los familiares y los caídos de un lado y de otro. La disparidad del poder fue lo que oprimió y desapareció y mató a muchísimas personas en ese tiempo”, comentó, en su turno, Tania Ramírez Hernández, hija de Rafael Ramírez Duarte, visto por última vez en el Campo Militar Número 1, donde se realizó el evento.
