Siempre hay fechas que duelen, y la del aniversario luctuoso de Francisco Ortiz Franco no sólo aflige, inquieta y desespera, sino que indigna y desalienta la confianza en las autoridades. El crimen organizado lo asesinó y el sistema de procuración de justicia lo sepultó junto con la verdad del homicidio y la identidad de sus ejecutores, intelectuales y materiales. Sin embargo, Francisco vive en el corazón y la mente de su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, del gremio periodístico y en sus miles de lectores.
Más de 7 mil 300 días han transcurrido desde el cobarde atentado que segó la vida del editor de ZETA, y es fecha que ni la Fiscalía General del Estado de Baja California, ni en su momento la Fiscalía General de la República (FGR), hicieron siquiera un intento por esclarecer el hecho. Lo mismo pasó con organismos no gubernamentales y agrupaciones que prometieron no olvidar el asesinato y llevarlo hasta las últimas instancias hasta hacer justicia, pero todo eso se fue dejando en el tintero.
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Mañana sábado 22 de junio se cumplen 20 largos años en los que se ha esperado en falso que la averiguación previa del crimen del periodista salga del archivo a donde los fiscales la relegaron y tienen empolvada, carcomida seguramente por la humedad, la mugre y el paso del tiempo hasta que prescriba, como ocurre con miles de indagatorias que no conviene o no interesa resolver. Afirmaba el célebre filósofo, político y pensador Séneca que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, que, para el caso de Ortiz, hubiese sido feliz con que se conozca la verdad.
De sus posibles asesinos y las líneas de investigación, muchas páginas se han escrito en este Semanario, pero ninguna ha sido clarificada, al grado que la autoridad dejó abierta la posibilidad de que todas las hipótesis estén concatenadas y converjan en una sola, pero jamás investigadas a fondo, dando paso a la impunidad y, con ese devenir de los años, los presuntos participantes en el asesinato estén presos por diversos delitos, en países ajenos, otros muertos por su propia violencia y unos más continúen con su vida de excesos.
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FRANCISCO PERIODISTA
De Francisco Ortiz Franco se conoce la historia de un hombre sencillo, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde nació en 1954 y emigró muy joven con su familia a Tijuana por mudanza de trabajo de su padre. Fue en esta frontera donde terminó sus estudios de preparatoria y comienza a trabajar a temprana edad en una empresa de transporte urbano, una vinatería y en otros empleos que le enseñaron a ganar sus primeros salarios.
Había dos cosas que daban vuelta por la cabeza de aquel adolescente que buscaba con afán su vocación y desarrollar su personalidad. Una de ellas era el boxeo, deporte que despertaba gran interés en un joven Francisco y que practicó de forma amateur durante un breve tiempo. La otra, la justicia social y luchar contra la desigualdad, por lo que pensó que su futuro tal vez estaba en la entonces Policía Judicial del Estado de Baja California, para la que aplicó exámenes, pero no fue seleccionado.
Ortiz Franco escaló un peldaño más en su deseo de crecimiento y tomó la determinación de estudiar la licenciatura en Derecho y así se convirtió en abogado, llevando algunos asuntos que le dieron el conocimiento del funcionamiento, y a la vez los desperfectos de la maquinaria de la justicia en el Estado y en el país. De esa manera abraza también el oficio de periodista, pues, aunque le consideraban una persona tranquila y que hablaba poco, era observador y escribía mucho. Era sagaz, punzante y preciso en sus redacciones.
El joven Francisco encontró en el periodismo una pasión donde podía exponer sin cortapisa y con responsabilidad esos problemas que aquejaban a esa sociedad bajacaliforniana y todas esas averías que detectaba cada vez que pisaba los pasillos de las comisarías, la ex Procuraduría de Justicia y los tribunales, donde muchos de sus colegas, funcionarios y justiciables comenzaron a compartirle sus casos. Como reportero fundador de ZETA, pronto se convirtió en un elemento clave para sus codirectores J. Jesús Blancornelas y Héctor “El Gato” Félix Miranda.
El periodista escribía de todo, principalmente de política y de justicia. Más tarde, la propia transformación de Tijuana le llevó a realizar investigaciones sobre el crimen organizado que obtenía con el rastreo de averiguaciones y expedientes. Su formación de abogado le hacía moverse como pez en el agua por las agencias ministeriales y los Juzgados penales y civiles, donde ya contaba con informantes que le revelaban asuntos confidenciales a los que muy pocas personas podían acceder.
Esa faceta que proyectaba profesionalmente como reportero y abogado era congruente con el ser humano que interactuaba en la redacción del periódico y a través de las planas publicadas semanalmente para los ávidos lectores que procuraban reportajes amplios y noticias mejor contextualizadas. Pancho era invitado constante a participar en foros ligados con el derecho a la libertad de expresión, ya organizados por periodistas o por juristas. Dentro del Semanario era el personaje de experiencia a la mano de los noveles jornalistas que le pedían sus consejos o su crítica para escribir con solvencia sus notas.
Los primeros tragos amargos para Ortiz Franco fueron la agresión armada de 1987 a la fachada del periódico, y el asesinato del recordado “Gato” Félix, acontecido el 20 de abril de 1988. Años después, también vivió de cerca junto con sus compañeros el atentado en que un comando armado intentó matar a Blancornelas el 27 de noviembre de 1997. A raíz de ello, le fue asignada una escolta por ser de los principales editores del Semanario, teniendo amenazas posteriores.
Entre abril y mayo de 2004, el periodista obtuvo información relevante de sus fuentes -en las propias autoridades- sobre los nuevos integrantes del Cártel Arellano Félix, organización criminal que participó en el ataque a don Jesús Blancornelas. Fotografías y nombres de sujetos que tramitaron credenciales de la Policía Judicial del Estado y la divulgación de esa noticia, al parecer, fue lo que molestó a los mafiosos que decidieron eliminarlo en junio de ese año.
CRIMEN E HIPÓTESIS
La tarde del 22 de junio de 2004, la vida de la familia de Ortiz Franco, de 48 años, y de muchas otras personas, fue trastocada. Criminales concertaron privarlo de la vida y consumaron el plan. Cuatro balas asesinas cerraron sus ojos para siempre delante de sus dos hijos menores de edad y secaron su atinada pluma. En esa fecha, el Licenciado Ortiz, como le decía mucha gente, descansó en el periódico para asistir a una clínica de fisioterapia a atenderse una semi-parálisis facial. Le acompañaron sus pequeños hijos Héctor y Andrea en su modesto automóvil sedán color azul marino. En casa le esperaron Gaby, su esposa, y Francisco, el hijo más grande.
Una vez terminada la consulta, Francisco regresó al carro estacionado cerca de la confluencia de las calles Río Yaqui y Río Bravo en Tijuana, abordando por la puerta del conductor, mientras el niño de 8 años y la niña de 10, se hallaban sentados en el asiento trasero. Apenas se colocaba el cinturón de seguridad cuando a su costado frenó una camioneta Jeep Cherokee color negro, de la que descendió un sicario enmascarado y le disparó a bocajarro al editor. Los tiros penetraron entre la cabeza, tórax y hombro izquierdo de la víctima.
El matarife abordó nuevamente la unidad donde le acompañaban varios individuos y, escoltados por otros vehículos, huyeron del lugar. La camioneta fue abandonada a cuatro cuadras de distancia y localizada posteriormente por las autoridades que tardaron mucho en reaccionar, pese a que los hechos ocurrieron a sólo dos cuadras de la comandancia de la Policía Judicial del Estado. Agentes estimaron que por lo menos cuatro personas intervinieron en los hechos.
Tres días después del homicidio, luego de una balacera registrada en la calle Monte Olimpo de la colonia Loma Dorada, en Tijuana, elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a una célula criminal del Cártel Arellano Félix encabezada por Mario Alberto Rivera López alias El Cris y siete de sus seguidores fuertemente armados. El entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró un día posterior que este grupo podría estar vinculado con el homicidio del editor Francisco Ortiz Franco.
Los narcotraficantes fueron llevados a Ciudad de México y posteriormente internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 La Palma (hoy Altiplano) en el Estado de México, pero nunca se les vinculó en algún proceso penal por el crimen del periodista. Este hecho, del que después no hubo retroalimentación hacia el periódico y el silencio de la Procuraduría local, que estaba a cargo de las investigaciones, motivó al equipo de editores y reporteros de ZETA a realizar sus propias pesquisas, lo que puso en el radar un trabajo periodístico de Ortiz Franco de alto riesgo.
Durante los meses de abril y mayo de 2004, Ortiz Franco realizó algunos reportajes sobre el crimen organizado, entre los que destacaba uno especial que revelaba la identidad y fotografías de 71 miembros del CAF. La amplia nota denunciaba a narcotraficantes y sicarios al servicio de la organización delictiva, quienes, mezclados entre los tijuanenses, se habían tomado las fotografías para obtener credenciales que los identificarían como agentes de la PGJE por las que pagaron 70 mil dólares. Los tipos usaron para las fotos el mismo saco y corbata.
El Semanario informó que días antes de la publicación del trabajo periodístico, el ex policía ministerial José Encinas Filatoff visitó dos veces al editor en su oficina, pues según las libretas del fallecido, el referido personaje era su informante. El dato se aportó a la PGJE, a cargo de las investigaciones a través de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado (UECO), a donde la averiguación previa fue destinada el 29 de junio de 2004; sin embargo, poco después, el asunto fue turnado a la recientemente creada Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la PGR, que ejerció su facultad de atracción y se comprometió a esclarecerlo.
OTRAS LÍNEAS
En otra investigación, ZETA estableció la hipótesis sobre la posible autoría intelectual del entonces candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el empresario y millonario casinero Jorge Hank Rhon. Como abogado que era, Francisco Ortiz Franco coadyuvaba en el seguimiento periodístico y jurídico en el expediente del homicidio de Héctor “El Gato” Félix Miranda (1988), pretendía encontrar los nexos de coparticipación de los asesinos materiales Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina con su patrón en el Hipódromo Agua Caliente (Hank Rhon), permanentemente señalado como autor intelectual del hecho. La hipótesis fue diluida por las autoridades.
Las presunciones se centraron sobre las células delictivas de Manuel Arturo Villarreal alias El Nalgón y José Briceño alias El Cholo, quienes colaboraban directamente para Javier Arellano Félix en el CAF, y afectados directos por la publicación del editor, pues al parecer los sujetos que se tomaron las fotografías pertenecían a esos grupos. Se dijo que habrían actuado con auxilio de pandilleros del Barrio Logan de San Diego, California, con sicarios de esa organización local.
También se destacó la sospecha sobre el grupo de Los Zetas, que en ese tiempo habían establecido nexos con el CAF, dada la buena relación existente en la prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, entre los capos Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, que tenían el apoyo de los ex militares de élite. Se dijo que quien disparó fue Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder del sanguinario grupo armado.
Como el homicidio aconteció a sólo dos cuadras de la comandancia de la PGR en Tijuana, se estableció la posibilidad de que policías hayan protegido el arribo y huida de los homicidas. Presuntamente El Cholo Briceño era el chofer de la camioneta Cherokee negra. En 2005, se agregaron nombres al operativo planeado para asesinar al periodista. Eduardo Ronquillo Medina alias El Niño, miembro del CAF, habría tenido un papel importante vigilando las actividades y movimientos de Francisco.
Acompañado de dos agentes judiciales, El Niño habría avisado a los sicarios sobre la ubicación de la víctima y dieron cobertura a la escapada de los ejecutores. Otros dos individuos, probablemente judiciales o Zetas, también cubrieron la huida de los sicarios. Detrás de ellos se fueron Ronquillo y todos los participantes rumbo al Bulevar Agua Caliente. Desaparecieron. El Niño fue asesinado el 6 de octubre de 2004 en Tijuana, aunque fue localizado ocho días después junto al cadáver de su medio hermano, Raúl Medina Gutiérrez.
La Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, hoy conocida como FEADLE, no resolvió nada y con el tiempo devolvió la manoseada averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (hoy Fiscalía General), en cuyas gavetas reposa polvorienta y sin actos de investigación alguna, en completa opacidad para los familiares de la víctima y de la sociedad.
LOS SOSPECHOSOS
Tres de los presuntos participantes muertos: Ronquillo, Lazcano y El Cholo (desaparecido, presuntamente eliminado); tres privados de la libertad, dos de ellos en Estados Unidos (Javier Arellano y Manuel Arturo Villarreal) y uno en México (Mario Alberto Rivera López alias El Cris, cuyo verdadero nombre es Marco Antonio García Simental, el mayor de Los Teos) y uno presuntamente descartado por las autoridades (Jorge Hank Rhon), el panorama de que se aclare el crimen y se haga justicia no luce alentador.
En el caso del apodado Tigrillo Arellano Félix, detenido el 14 de agosto de 2006 por elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos cuando pescaba en el yate Dock Holiday a 25 kilómetros frente a las costas de La Paz, Baja California Sur, se encuentra condenado a una pena de 23 años y medio de prisión, luego que le fue reducida la cadena perpetua original por colaborar con el gobierno estadounidense. Su posible fecha de salida de la cárcel sería en 2029, pero no existe registro que lo compruebe hasta el momento, ni siquiera el padrón del sistema penitenciario conocido como BOP. Javier cuenta con órdenes de aprehensión en México por casos como el del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en Guadalajara en 1993, entre otros.
Por su parte, El Nalgón Villarreal, de 48 años, aprehendido junto con El Tigrillo en aguas internacionales, se halla privado de la libertad en la prisión de FCI Sandstone (Arenisca) en el Condado de Pino, en Minnesota, institución correccional federal de baja seguridad, bajo registro 95354-198. Este jefe de sicarios de los Arellano tenía como fecha posible de egreso de la cárcel el 4 de marzo de 2032; sin embargo, en la última actualización del Buró de Prisiones estadounidense, tiene nueva fecha para el 4 de abril de 2031. En México sus defensores han dado pasos para eliminar las órdenes de captura en su contra.
Por su parte, Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López alias El Cris, preso desde 2004, lucha por ser regresado del penal de máxima seguridad de Ramos Arizpe al de Almoloya. Recientemente perdió una controversia relativa a la solicitud de traslado voluntario, ya que el juez de Ejecución determinó que la situación jurídica actual del recluso no lo permite, pues “su asunto está en etapa de instrucción por lo que tiene calidad de procesado, aunado a que uno de los delitos por los que se le sigue proceso es delincuencia organizada, por lo que resulta improcedente su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS-Coahuila, en que actualmente se encuentra detenido al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano”.
Sin embargo, ninguno de todos los mencionados es investigado oficialmente por la Fiscalía General del Estado por el impune homicidio de Francisco Ortiz Franco.
