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jueves, julio 25, 2024
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Mayoría de ministros y consejeros se oponen a reforma judicial; violaría derechos laborales, dicen

Durante los “Diálogos para la Reforma al Poder Judicial”, que se realizaron en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y fueron llevados a cabo, el 27 de junio de 2024, Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta del máximo tribunal constitucional afirmó que la justicia en México no er monopolio del Poder Judicial de la Federación (PJF), sin embargo, se dijo dispuesta a dialogar, pero con reflexión y entendimiento, diluyendo así, “la idea de una decisión tomada”.

“El paso veloz solo puede dar entrada a problemas mayores […] por ello en la reforma que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, sostuvo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que una reforma al PJF implicaría “como mínimo” reflexionar respecto al papel que desempeñaba dicho Poder, como “piedra angular”, al resolver “de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática”.

Asimismo, Piña Hernández pidió aplicar una crítica en la que se centraran las necesidades de las víctimas. “Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con responsabilidad de estado”, afirmó.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dijo “convencida de que en distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias”.

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN, dijo que la sustitución de mil 600 personas juzgadoras, podría ser gradual y escalonada, para reducir la posibilidad de afectación a la población.

“Me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual escalonada atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean”, indicó Pardo Rebolledo.

“De esa manera se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del servicio de administración de Justicia Federal […] Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan sus servicios con seriedad y profesionalidad; y que los casos de corrupción son la excepción, no la regla general”, expuso el ministro de la SCJN.

La ministra Loretta Ortíz Ahlf indicó que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros no debía ser percibida como un asunto político. No obstante, subrayó la dificultad de dicha tarea, dado que no existía ningún estándar internacional que estableciera un mecanismo de designación directa o indirecta.

“Deben existir garantías que aseguren que éstos (nombramientos) no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político […] Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”, dijo la ministra de la SCJN.

Margarita Ríos Farjat señaló que la reforma judicial planteada no abordaba muchas de las problemáticas actuales y señaló que la carrera judicial debería fortalecerse y mejorarse, pero no ser eliminada.

“La carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México”, afirmó Ríos Farjat, quien también dijo que una buena reforma debería estar “orientada a resolver problemas. No según la ilusión, según la realidad”.

“Si pensamos con generosidad surgen ideas creativas, útiles y realistas. Desde un enfoque desconfiado o egoísta no surge nada verdaderamente valioso o transformador”, enfatizó la ministra, quien también pidió fortalecer los poderes judiciales de los estados.

Además de ajustar la carrera judicial para que la escuela de formación implementara que los futuros jueces cumplieran un año de servicio social y crear clínicas de asesoría jurídica gratuitas, donde jóvenes abogados brindaran ayuda legal en zonas marginadas.

Ríos Farjat también reconoció que México enfrentaba una dura realidad, porque gran parte de la población concibía a las fiscalías, procuradurías, defensorías, entre otras, como parte del sistema de Justicia y señaló que estas presentaban muchas problemáticas que no estaban siendo abordadas en la iniciativa de reforma.

Mientras que Luis María Aguilar Morales destacó la relevancia de la carrera judicial y afirmó que ésta debería perfeccionarse. Gracias a la misma, según recordó, empezó como mecanógrafo en un tribunal y llegó a ocupar un lugar en la SCJN.

El ministro llamó a “no destruir lo que se ha avanzado” y dijo que estaría a favor de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, con la única condición de que los jueces y juzgadores fueran independientes.

“Creo en la carrera judicial, creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando. Durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo a partir de exámenes de preparación, de requisitos específicos, para la elección de los juzgadores se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país”, señaló Aguilar Morales.

Mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la reforma judicial se mandató en las urnas el 2 de junio de 2024. Sin embargo, sugirió una sustitución escalonada de jueces y magistrados, para no desmantelar el sistema de justicia. Además avaló, como proponía la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección de ministros de la SCJN, por voto popular.

La ministra Lenia Batres Guadarrama propuso limitar las interpretaciones de la SCJN. También planteó transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, publicando los proyectos de sentencia del máximo tribunal constitucional.

“A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte”, dijo Batres Guadarrama.

“Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa, limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional”, explicó la ministra.

“Incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios, suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte”, añadió Batres Guadarrama.

“Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”, señaló la ministra, quien también advirtió que los impartidores de justicia no eran dueños del PJF, porque “su único propietario es el pueblo mexicano que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso que el voto de la ciudadanía fuera para evaluar y dictaminar la permanencia de jueces y magistrados en sus cargos, pero que no se utilizara para reemplazarlos. Además, advirtió que el problema de la elección popular era que se basaría en una campaña de promesas y no resultados.

“Si ha de mantenerse el voto popular, debería ser un medio para evaluar la permanencia, y no para reemplazar los concursos que permiten acceder al cargo mediante el mérito”, subrayó González Alcántara Carrancá, quien también se expresó a favor de que continuara la llegada de juzgadores por carrera judicial.

El ministro consideró que no se dejaría de lado la carrera judicial y el mérito. “Estamos politizando los nombramientos, los candidatos van a pasar por un filtro político”, insistió, para luego señalar que, de aprobarse la reforma en los términos actuales, no se ofrecía una solución integral de los problemas de la justicia del país a nivel federal y local. Aunque, según aseguró, ya no era momento de lamentaciones.

Javier Laynez Potisek subrayó que los problemas que se vivían en el Poder Judicial de la Federación podrían agravarse en caso de que se aprobara la iniciativa de reforma. También defendió la carrera judicial para llegar a ser jueces o magistrados, y aseguró que no todo era corrupción e impunidad.

“Claro que hay problemas muy importantes […] Considero que la elección por votación popular no es la solución de los problemas. Temo que esta propuesta pueda agravar estos problemas”, señaló el ministro.

“Me rehuso a creer que 30 años después, este sistema (carrera judicial y mérito para llegar a los cargos como juzgadores) solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad y tráfico de influencias”, sentenció Laynez Potisek.

El ministro recordó que al menos mil 600 personas juzgadoras serían cesadas de su cargo con esta reforma, y que su posible reingreso al PJF estaría sujeta a sus aptitudes para hacer campaña y buscar el voto. “De manera inevitable comprometerá la independencia y estará más propicio a la corrupción y conflicto de interés”, apuntó.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que una reforma judicial mal hecha afectaría la economía nacional, por lo que se pronunció por construir otra iniciativa.

“Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa: una reforma mal hecha afectará la economía nacional: mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”, dijo Gutiérrez Ortiz Mena.

El ministro dijo que en caso de implementar el voto popular para la elección de jueces y ministros, se debía contemplar “el impacto económico de un mal diseño, esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia”.

“Mi propuesta consiste en que la sustitución de las personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva, es decir, se vaya dando de forma gradual en los distintos estados de la República, atendiendo a las cargas de trabajo”, enfatizó Eva Verónica de Gyvés Zárate, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Ello con la finalidad de que la impartición de justicia no se vea afectada, que los órganos jurisdiccionales continúen funcionando adecuadamente y permitan que las personas secretarias, actuarias, oficiales y judiciales demás personal que en ellos laboran continúen con estabilidad en el empleo”, agregó De Gyvés Zárate.

“Deben ponderar los tiempos y cambios y la forma de realizarse, ir paulatinamente en su instrumentación y posibilitar una transición, que no sea lesiva ni drástica”, abundó la integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, propuso que en la discusión de la reforma al Poder Judicial se reflexionara respecto a crear una entidad colegiada que revisara los perfiles de los candidatos a jueces, magistrados y ministros, que fueran sometidos al voto popular.

“Podríamos reflexionar en encontrar una entidad colegiada de instituciones provenientes de los propios poderes de la unión, entidades académicas o la combinación de ambos que hicieran las veces de revisor de los perfiles de las personas aspirantes a la elección, existen modelos”, externó Molina Martínez.

El ex ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea acusó que su sucesora en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtió al máximo tribunal constitucional, en defensor de las élites.

“En enero de 2023 la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontemonos con los otros poderes del estado. Entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como figura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México”, acusó Zaldívar Lelo de Larrea.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), lo harían con responsabilidad en el Congreso de la Unión.

El político zacatecano también aseguró que se actuaría con prudencia y cautela, además de que enfatizó que no iban a desoír el mandato popular, debido que “el pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente”.

El coordinador del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, Moisés Ignacio Mier Velasco advirtió que por mandato de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, existiría apertura al diálogo en torno a la reforma judicial. Sin embargo, advirtió que existían puntos “irreductibles” en la iniciativa.

El diputado federal destacó que entre los puntos que no estarían a discusión estaba que ministros, jueces y magistrados fueran electos por voto popular. Además, de que, según él, se buscaba mantener y preservar los derechos de trabajadores de todo el Poder Judicial de la Federación.

“Que la conformación de la SCJN, la reforma a la Judicatura Federal y la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben estar sujetos a la voluntad popular […] No pretendemos ni vamos a vulnerar” los derechos de la base trabajadora, aseguró Mier Velasco, quien comentó, que en cambio, la parte instrumental y técnica del PJF “estará sujeta a criterios de idoneidad, legitimidad y elegibilidad de quienes se postulen”.

En su turno, Dante Alfonso Delgado Rannauro, senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que su partido estaba a favor de incluir la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros, sin embargo, acotó que el voto popular para elegirlos, era inoperante

“Queremos tener mecanismos de participación ciudadana para la integración del Poder Judicial: si, pero el planteamiento de la iniciativa es inoperante. Incorporemos la participación ciudadana con responsabilidad, no generando inestabilidad ”, señaló el senador veracruzano.

El dirigente nacional de MC abundó que si se querían mejores impartidores de justicia, se debería fortalecer la carrera judicial y no “mediante procesos de la santa inquisición que buscan doblegar a jueces y magistrados independientes”.

La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), advirtió que la reforma judicial, en la que se planteaba la destitución de más de mil 600 jueces, magistrados y ministros para votarlos por voto popular, violaría convenciones internacionales y afectaría derechos laborales de los implicados.

“La propuesta de sustituir en masa a quienes actualmente integramos el PJF sin causa justificada y sin derecho a un debido proceso, lesiona gravemente los derechos de las personas juzgadoras, viola convenciones internacionales, socava la confianza en instituciones y genera inseguridad jurídica”, expresó Fuentes Velázquez.

La presidenta de la JUFED hizo un llamado a los legisladores, a pensar y reflexionar respecto a las consecuencias que tendría implementar una reforma de este tipo, de forma tan apresurada, por lo que solicitó que se mantuviera la independencia judicial.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Alberto González Pimentel, se manifestó a favor de la reforma judicial, pero sólo en lo que concernía a la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, para la creación de dos nuevos órganos disciplinarios y administrativos.

González Pimentel apuntó que el CJF era “raquitico en infraestructura y en plantillas suficientes de personal”, además de denunciar que “retardan y omiten denuncias” y “protegen a jueces y magistrados que no respetan jornadas laborales”, aunad a que “paraliza la progresividad de salarios”.

No obstante, el secretario general del STPJF pidió que la llegada de jueces y magistrados a sus cargos fuera por carrera judicial, y con al menos cinco años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. “No cualquiera puede ser juez”, sentenció.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, durante su conferencia de prensa matutina, que estaba seguro de que la reforma al Poder Judicial de la Federación beneficiaría a los trabajadores, además de que enfatizó en que sus derechos estaban garantizados.

“Primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer. Al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción”, indicó el político tabasqueño.

El mandatario nacional fue cuestionado respecto al video que publicó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien llamó a la unidad a los trabajadores del PJF en estos “momentos llenos de incertidumbre”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal expresó que básicamente lo que se proponía en la reforma al PJF, era la elección popular de jueces, magistrados y ministros, por lo que reiteró que los derechos de los trabajadores estaban a salvo.

“Que no los estén engañando, la reforma tiene que ver, básicamente, con la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y de los ministros”, respondió el presidente, quien también indicó que, si el Congreso de la Unión determinaría nuevamente cancelar los Fideicomisos del PJF, las prestaciones de los trabajadores se garantizarían.

“[Los derechos laborales] están a salvo, yo entiendo que políticamente estén valiéndose de todo y no deberían de hacerlo, por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados”, insistió López Obrador.

“Que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo con los Fideicomisos, que son como 20 mil millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones de los trabajadores se va a garantizar […] Violan la Constitución, porque se establece que nadie puede ganar más que el presidente y ellos ganan 4 o 5 veces más”, expresó el mandatario nacional.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de la República electa de México, descartó que la discusión y posible aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, fuera a generar inestabilidad en el país.

“No, de ninguna manera. No hay inestabilidad, al contrario, va a haber más estabilidad en el país, el pueblo de México se va a sentir representado y se va a fortalecer al Poder Judicial”, contestó la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.

“Se va a liberar de corrupción, de amiguismos y se va a liberar de que no hay justicia en realidad y de que se liberan delincuentes de cuello blanco, delincuentes de fuero común, delincuentes de la delincuencia organizada, porque hay mucha corrupción y colusión”, afirmó la virtual presidenta electa.

“Los trabajadores, como dijimos, no tienen porqué tener temor ni problema. Se van a respetar todos los derechos laborales e inclusive ellos tienen oportunidad de participar en la elección de jueces, porque tienen experiencia”, destacó Sheinbaum Pardo, quien también explicó que la intención de la iniciativa de reforma, busca limpiar de corrupción al PJF.

“Ellos [los trabajadores] pueden ser partícipes de puestos que ahora se otorgan a través de amiguismos, familiares. Lo que queremos es limpiar al Poder Judicial y los trabajadores tienen todos sus derechos consagrados”, dijo la virtual mandataria nacional electoral, quien agregó que la intención de que jueces, magistrados y ministros fueran electos mediante el voto ciudadano, era democratizar al país, además de que dejaría de haber corrupción en el PJF.

Respecto al impacto presupuestal que pudiera tener la aprobación de reforma al Poder Judicial de la Federación, Sheinbaum Pardo dijo que si se requerían recursos para la elección, “ahí están los fideicomisos, que pueden aportar para la elección”.

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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