Dos directivos del Sistema de Custodia Penitenciaria son investigados por haber dado libertad irregular sin el aval de ningún juez a Gisela Aideé Cervantes Castro, implicada en el homicidio de Jonathan Palma Acosta durante una fiesta en la que participaron Raúl Cervantes Castro, hermano de Gisela y presunto autor material del crimen; así como su pareja Edith Márquez Ñol presunta víctima de abuso sexual del ahora occiso.
Los funcionarios del sistema de custodia determinaron que Gisela podría recuperar la libertad por cuestiones administrativas sin necesidad de una audiencia pese a que la última orden judicial data del 30 de mayo de 2022 que la internó a la penitenciaría de La Mesa en Tijuana como medida cautelar al esperar su posible vinculación a proceso por homicidio calificado.
La presunta coordinación entre el poder judicial, el sistema penitenciario y la fiscalía lleva este proceso: el 29 de mayo Gisela recuperó la libertad; pasaron cinco días y el 3 de junio las autoridades penitenciarías se dan cuenta de la irregularidad, y el hasta este 18 de junio, José Gabriel Gálvez, comisionado estatal del Sistema Estatal Penitenciario acude a la Fiscalía General del Estado (FGE) para explicar la irregularidad.
“Regularmente se hacen revisiones jurídicas en todos los centros, en este caso, ese día le tocó al Centro de La Mesa. Evidentemente, hay muchos expedientes los que hay y se detecta esa irregularidad en ese expediente en particular. Cuando se detecta, se informa y la autoridad les da vista porque se detecta que es una libertad irregular”, explicó José Gabriel Gálvez, comisionado estatal del Sistema Estatal Penitenciario.
Desde el pasado 6 de junio, Gisela creó la cuenta de TikTok Caso.Gisela para explicar mediáticamente su versión de los hechos. En los videos narra el fatal desenlace de la fiesta organizada en su casa, el pasado 12 de septiembre de 2021 en el número 5412 de la privada Santo Tomás de la colonia Lomas de Aguacaliente en La Mesa de Tijuana. Cervantes explica que su pareja Jonathan habría abusado sexualmente de su cuñada Edith Márquez, lo que enfureció a Raúl Cervantes Castro quien reaccionó violentamente a golpes hasta quitarle la vida al joven. En los videos Gisela también reconoce que Raúl sí le colocó una cadena de perro en el cuello a Jonathan.
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“Mi hermano Raúl en ese momento de frustración y desesperación decide tomar la cadena de nuestro perro “Wol” (sic) y ponerla alrededor del cuello de Jonathan. Ante todo, ante el juez aceptó completamente su irresponsabilidad y culpabilidad. El juez, al revisar las pruebas, como ya les comenté en otros videos, que él murió por la fuerza que mi hermano le aplicó con el brazo. Todo esto, lo estoy haciendo para que mi hermano lleve un proceso justo y que se demuestre que Edith y yo no tuvimos participación y que Edith pronto esté en libertad”, explica Gisela en su video publicado el 8 de junio de 2024.
“La investigación sigue abierta en su contra. Esa liberación no le da ninguna sentencia absolutoria, ella sigue siendo imputada y sospechosa de homicidio calificado agravado”, respondió María Elena Andrade, Fiscal General del Estado en Baja California. “Es lamentable que se hagan declaraciones en redes sociales, en TikTok, de casos que se tienen que litigar en los tribunales o seguir en las agencias del Ministerio Público”, comentó la fiscal general.
En la investigación de los directivos, el Comisionado del Sistema Penitenciario aseguró que el director llevaba “varios” años de experiencia en cárceles de Baja California; el subdirector llevaba solo cuatro meses laborando en la penitenciaría de La Mesa en Tijuana.
“Quien estaba revisando, les llaman y para ellos no se trata de una irregularidad, para quien revisa sí y para quien investiga pues se tratará en las investigaciones, tanto fiscalía como la secretaría de la Función Pública”, narró el comisionado Gálvez. “Nosotros no somos órgano de investigación y solo dimos parte y estamos respetuosamente esperando que se hagan las investigaciones”, explicó.
Estadísticamente, en el reclusorio de Tijuana hay una dinámica diaria de 60 personas que ingresan y egresan diariamente en una población de dos mil 800 internos y solo hay de 10 a 15 personas hacen las revisiones legales de las liberaciones del penal.
