El proyecto que estaría licitándose para la planta desalinizadora de Rosarito -con una producción de 70 millones de metros cúbicos (2.2 m3 por segundo)- requeriría una inversión de 8 mil millones de pesos, estimó Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California
El funcionario afirmó que aún no está definido el esquema financiero que tendrá el proyecto. “Se van a evaluar las alternativas posibles: puede ser un contrato de prestación de servicios de largo plazo, una inversión únicamente con recursos estatales y federales, puede ser algún vehículo que reciba participación privada”.
Las condiciones en que se licitará son distintas a las del proyecto original, pues en este caso el gobierno ya es propietario del terreno y de una serie de documentos y estudios que están muy avanzados.
“El terreno ya tiene Manifestación de Impacto Ambiental. No se tiene todavía el proyecto ejecutivo, pero tenemos ingeniería básica y una gran cantidad de estudios adicionales que nos van a permitir hacer esto de una manera ágil” dijo en entrevista con ZETA.
Precisó que, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) autorizó 596.14 millones de pesos para la adquisición del terreno que eran propiedad de NSC Agua S.A. (subsidiaria de Consolidated Water), 60 millones adicionales para gastos asociados a la adquisición de éste, y 29 millones de pesos para completar los estudios requeridos para estar en posibilidades de licitar el proyecto en 2024.
Adicionalmente se cuenta con el compromiso del Fonadin de participar con una porción importante de los recursos requeridos para la inversión, “que es lo que le va a dar viabilidad financiera al proyecto”.
En ese sentido, Moreno Mexía señaló que el proyecto original que contemplaba un contrato de Asociación Público-Privada (APP) con una producción de 140 millones de metros cúbicos (4.4 m3 por segundo) tenía un problema de estructuración financiera.
“Una inversión de esa naturaleza es muy difícil que tenga viabilidad financiera si no recibe un porcentaje importante de subsidio, subvención, de parte de algún gobierno, porque el mecanismo de repago se centra totalmente en la tarifa, lo que hubiera implicado tener que hacer incrementos fortísimos de la tarifa. Evidentemente no es la solución. Lo que queremos es tener una planta importante con ese volumen de suministro que no afecte la tarifa de los usuarios en cuanto al pago por metro cúbico de agua”
El domingo pasado, la Secretaría de Hacienda informó que ya había concluido la adquisición del terreno propiedad de NSC Agua S.A., de 201 mil 289.09 metros cuadrados adicionando derechos de paso y de vía, que está contiguo a las instalaciones de la hidroeléctrica de la CFE en el Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito.
Con ese proceso también concluyó un juicio de arbitraje internacional interpuesto por la compañía luego de que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez canceló el contrato que se había firmado en la gestión de Francisco Vega de Lamadrid.
Moreno Mexía detalló que la negociación con la empresa fue “compleja” porque en un inicio reclamaba 51 millones de dólares, “que luego incrementó con la evaluación que ellos hicieron de pérdidas brutas no obtenidas por la cancelación del proyecto. El monto total pudo haber llegado a 1,300 millones de pesos”.
Cantidad que hubiera tenido que pagarse con participaciones federales, ya que las demandas de arbitraje se presentan contra el Estado mexicano, y en caso de una resolución negativa éste tendría que pagar lo que resultara del litigio con recursos federales que le corresponderían a Baja California.
En la negociación con la empresa, el gobierno estatal planteó comprar el terreno con la condición de que fuera cancelada definitivamente la demanda y todos sus efectos. Además de que el valor de la adquisición del terreno no superara el valor de avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), conforme a lo autorizado por el gobierno federal el 10 de julio de 2023.
Al final el valor del avalúo del INDAABIN cerró la transacción con un importe de 596 millones 144 mil pesos. Equivalentes a 31.7 mdd (al tipo de cambio de la fecha de la operación).
“Fue una operación simultánea” La empresa NSC Agua y su matriz hicieron el proceso de cancelación del litigio y arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Lo recibió el gobierno federal y a partir de ahí se detonó un periodo de 10 días donde tuvimos que mandarles el dinero. Fonadin les manda la transacción en ese periodo de tiempo, y a partir de ahí firmamos la escritura con un notario en la ciudad de Tijuana para formalizar la transacción”, agregó Moreno Mexía.
