El empresario argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz -contra quien existía una orden de aprehensión en México, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude genérico del fuero común-, fue detenido, el 7 de junio de 2024, por personal de Migración de Panamá, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Aunque se le habría detenido en cumplimiento de una ficha de localización por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), según los primeros reportes dados a conocer por medios locales, las autoridades mexicanas tendrían 24 horas para explicar por qué requerían al ciudadano de nacionalidad argentina o, de lo contrario, el empresario quedaría en libertad.
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El 22 de diciembre de 2021, el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 en Buenos Aires, Argentina, declaró procedente la solicitud de extradición de Ahumada Kurtz a México y ordenó realizar la entrega del empresario acusado de fraude genérico del fuero común.
A través de un comunicado, la FGJCDMX informó que solicitó la extradición de Ahumada Kurtz, por la posible comisión del delito de fraude genérico del fuero común, en relación a contratos de obra pública realizadas en diversas zonas de la capital de la República mexicana.
En junio de 2020, la institución de procuración de justicia de la Ciudad de México presentó la documentación requerida por la Dirección de Extradiciones de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, para gestionar el procedimiento de extradición de Ahumada Kurtz, de conformidad con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina.
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Un juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 en Buenos Aires, Argentina, negó, el 10 de agosto de 2020, la extradición del empresario Ahumada Kurtz, contra quien existía una orden de aprehensión en México, por su presunta responsabilidad en el delito defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.
Según la resolución del juez federal, no se acreditaba la conducta engañosa ni dolosa de Ahumada Kurtz, ya que demostró que cumplió con sus obligaciones de contribuyente, razón por la cual no puede ser extraditado a México, por lo que durante los próximos días, el Gobierno mexicano será notificado oficialmente de la resolución judicial.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana presentó una petición formal de extradición al gobierno de Argentina, sustentada en la orden de aprehensión del 23 de marzo de 2017, dictada en la causa penal número 6/2017, por el delito defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos, la cual fue emitida por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la Ciudad de México.
El 16 de agosto de 2019, Ahumada Kurtz fue detenido por la Policía Federal de Argentina, a través de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana.
Esta última institución había solicitado a la INTERPOL la emisión de la Ficha Roja, con motivo de una defraudación fiscal que “probablemente” Ahumada Kurtz cometió en contra de la Hacienda Pública mexicana, por la cantidad de un millón 647 mil 236 pesos, por concepto de adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Según lo informó la propia FGR en una serie de publicaciones en su cuenta de la entonces red social Twitter, la investigación contra Ahumada Kurtz se inició en 2016 y fue retomada por la Administración de Alejandro Gertz Manero, con lo cual se logró la detención preventiva del empresario argentino, “en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición”.
El 31 de julio de 2020, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, informó que la FGR determinó que contaba con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.
Dicha averiguación previa, derivó de la denuncia que presentó María del Rosario Robles Berlanga, quien el 21 de agosto de 2013 acusó a su ex pareja sentimental por el delito de extorsión, ya que, según dijo, Ahumada Kurtz sustrajo tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento, y que a través de terceras personas la amenazó de utilizar dichos documentos para inventar una deuda millonaria.
El empresario reclama a Robles Berlanga una supuesta deuda de 200 millones de pesos, más intereses generados de 2003 a la fecha, dinero que según Ahumada Kurtz forma parte del Fideicomiso Justicia y Verdad, donde aparecen como beneficiarias sus hijas María Cecilia y Ana Lucía, que procreó con su esposa Cecilia Gurza González.
El diario Milenio, que informó del hecho, indicó que el 3 de julio de 2018, el agente del Ministerio Público declaró improcedente la solicitud de Ahumada Kurtz, quien pidió que se declare el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013.
Ante dicha situación, el empresario de origen argentino tramitó un amparo que fue admitido a trámite por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Vargas Alarcón, quien concedió la protección justicia al quejoso Ahumada Kurtz.
Sin embargo, ante el fallo judicial, la FGR interpuso un recurso de revisión que le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal. Los magistrados modificaron la sentencia, pero ampararon a Ahumada Kurtz contra el acuerdo del 3 de julio de 2018, dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF).
Este estaba adscrito a la Dirección General de Control y Vinculación Estratégica, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encargada de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014.
El amparo concedido a Kurtz Ahumada fue para que el Ministerio Público de la Federación dejara sin efectos el acuerdo de 2018 y en su lugar emitiera otro en el que reitere los razonamientos dirigidos a considerar improcedente la solicitud del quejoso de emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal.
Desde 2000, los nexos entre Robles Berlanga y Ahumada Kurtz quedaron en evidencia, ya que la primera era titular de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF), mientras que el empresario de origen argentino era patrocinador de campañas, y después, desde las administraciones públicas, sus patrocinados le asignaban obras y contratos.
El 3 de marzo de 2004, fueron exhibidos una serie de videos -grabados en abril del 2003-, en los cuales Ahumada Kurtz reclamaba que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el DF, había incumplido con otorgar dichos contratos. En ese entonces Robles Berlanga era presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ahumada Kurtz, empresario de origen argentino de 60 años de edad, incursionó en la minería, la construcción -con el Grupo Quartz-, el fútbol -con el club Panzas Verdes del León, en Guanajuato-, y hasta en el periodismo, al ser dueño y fundador del desaparecido diario El Independiente.
El empresario argentino se dio a conocer en marzo de 2004, a raíz de la difusión de una serie de videos, donde se le observaba sobornando a servidores públicos, dinero que supuestamente sería entregado a Andrés Manuel López Obrador, entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En los llamados “Videoescándalos”, se observaba a Kurtz Ahumada entregando maletines o bolsas con fajos de billetes, a René Juvenal Bejarano Martínez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Además, entregó fajos de billetes a Carlos Ímaz Gispert, ex esposo de Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente local del PRD en el Distrito Federal, y en ese momento titular de la Delegación Tlalpan, cargo al que tuvo que renunciar.
Años después, Ahumada Kurtz confesó que las grabaciones hechas en su oficina particular, fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que tenía en su contra, por un fraude por 31 millones de dólares.
El empresario de origen argentino fue detenido el 30 de marzo de 2004, en La Habana, Cuba, por las autoridades locales, tras un pedido de extradición del Gobierno de México, siendo luego deportado a territorio mexicano, donde estuvo encarcelado por un presunto fraude cometido contra el GDF. Sin embargo, recuperó su libertad el 8 de mayo de 2007.
El 28 de diciembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2007, dirigida a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, solicitándoles disculpas públicas a Ahumada Kurtz y a su familia.
