Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual se han convertido en un grave problema que crece a pasos agigantados en México. De acuerdo con estadísticas proporcionadas por las fiscalías generales de las 32 entidades federativas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo en los primeros cinco meses del año se han registrado 35 mil 726 denuncias por ilícitos de esta índole, lo que representa 235 hechos diarios, con una frecuencia de casi 10 reportes por hora.
La incidencia oficial no refleja la cifra negra de delitos sexuales cometidos de forma oculta y cuyas víctimas no denuncian a sus agresores por miedo, vergüenza o falta de confianza en las autoridades. Asimismo, contienen el número de denuncias presentadas por abuso sexual, violación simple, acoso sexual, violación equiparada, hostigamiento sexual, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, dependiendo la tipificación de los ilícitos en los códigos penales de cada entidad federativa.
En los últimos seis años, de 2019 a mayo de 2024, en el país se cuentan 384 mil 977 delitos de esta naturaleza, de los cuales 19 mil 388 fueron cometidos en BC. En lo que va del presente año, la entidad fronteriza con EU registra 2 mil 345 carpetas de investigación iniciadas por delitos sexuales, lo que equivale a 15 diarias, siendo el abuso sexual y el hostigamiento sexual, los hechos antijurídicos más denunciados por las víctimas.
A nivel nacional, el grave fenómeno se ha recrudecido, pues en 2019 se presentaron 53 mil 431 denuncias ante las fiscalías estatales. La cifra aumentó a 54 mil 313 un año después. En plena pandemia, 2021, el número de casos se disparó a 69 mil 521, y en 2022, hasta 82 mil 733. Para 2023, las agencias del Ministerio Público en las 32 entidades recibieron 89 mil 253 noticias criminales de delitos sexuales, y finalmente, en los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 35 mil 726 reportes oficiales.
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De acuerdo con la incidencia referida, los ilícitos más denunciados son el abuso sexual, con 157 mil 690 casos; violación simple, 78 mil 782 carpetas de investigación iniciadas; acoso sexual, 46 mil 741 reportes; señalamientos de violación equiparada, 31 mil 127; además de 13 mil 482 denuncias por hostigamiento sexual y 55 por incesto. El resto de la estadística la completan 57 mil 100 denuncias por otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, como estupro y otras conductas reservadas para la codificación penal de los estados. La mayoría de las víctimas son mujeres, niños, niñas y adolescentes.
INVESTIGACIONES
Una investigación publicada el año próximo pasado por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) calificó la violencia sexual contra las mujeres en México como un problema grave, extendido y en aumento que, en los hechos, representa uno de los principales obstáculos para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La investigación, titulada El panorama de la violencia sexual contra las mujeres en México, es obra del investigador César Alejandro Giles Navarro, sociólogo de profesión.
Además de compartir cifras relacionadas con fechas de años anteriores, el estudio del IBD advierte que la mayoría de las víctimas no denuncia los delitos sexuales, por lo que la cifra negra, concretamente en el caso del delito de violación, es mucho más alta.
En lo que se refiere al castigo de estos delitos, prevalece la impunidad.
“Por ejemplo, en 2021, año en que se registraron 1.7 millones de delitos sexuales, sólo fueron recluidas 10 mil 807 personas a las cárceles del país, acusadas de delitos contra la libertad y seguridad sexual, lo que implica que, por cada 157 delitos sexuales cometidos en ese año, sólo una persona pisó la cárcel”, argumentó Giles Navarro.
“Estos números reflejan una situación inaceptable, así como la urgente necesidad de tomar acciones inmediatas para garantizar la seguridad y protección de las mujeres, considera el estudio. En los últimos años, el Congreso de la Unión ha aprobado algunas reformas para atender la violencia sexual contra las mujeres, como la prisión preventiva oficiosa para abusadores de menores de edad, la ‘Ley Olimpia’ y la ‘3 de 3’ contra la violencia de género. Otras reformas, como la eliminación de la prescripción para el delito de violación y medidas más drásticas, como la castración química para violadores, siguen siendo analizadas por el Congreso”, concluye la investigación.
Por su parte, la coalición Aliadas por la Igualdad y la No Violencia (ALIADAS), integrada por Colectiva Ciudad y Género, Center for Justice and International Law (CEJIL), Equality Now, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación y Raíces Análisis de Género para el Desarrollo, destaca que al menos la mitad de las mujeres de México han sufrido violencia sexual, y los índices siguen en aumento tanto entre las adultas como entre adolescentes y las niñas. A pesar de ello, el gobierno mexicano no ha derogado las leyes discriminatorias que permiten a los agresores eludir el castigo, y el presupuesto para apoyar a las mujeres y abordar la violencia sexual y de género se ha estancado o recortado.
ALIADAS señala que aunque México ha conseguido algunos avances significativos en cuestiones de derechos de las mujeres, como la legalización del aborto en diversos estados del país y el aumento de la participación de las mujeres en el gobierno, la violencia de género ha empeorado.
Estadísticas del Gobierno de México revelan que 49.7 por ciento de las mujeres, adolescentes y niñas de 15 años en adelante han experimentado violencia sexual, esto es, un aumento respecto al 41.3% de 2016. Se estima que el alcance real sea mayor, ya que existe un subregistro porque la gran mayoría de los delitos no se denuncian.
Para Sandra Ramírez, asesora legal de Equality Now, la creación y existencia de leyes inadecuadas permiten que los agresores evadan la acción de la justicia: “Las definiciones de violación en los distintos códigos no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Las leyes sobre violencia sexual en México se basan en el uso de la fuerza y no en la falta de consentimiento, esto ignora las diversas realidades a las que se enfrentan muchas mujeres y niñas cuando son violadas, y favorece la impunidad”.
Debido a que las autoridades sólo investigan cuando existe “suficiente” evidencia del uso de fuerza física del agresor, la mayoría de los delitos de violencia sexual no llegan a los tribunales, provocando una impunidad generalizada.
EL CASO DE MARIE
Marie es el nombre con el que bautizamos en este artículo a una joven víctima de identidad reservada que estudiaba una carrera en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Iztacalco, Ciudad de México. Su experiencia fue traumática al ingresar al primer semestre y toparse con su profesor, Baudelio N (nombre alterado), quien con motivo de la aplicación de un examen correspondiente al primer parcial, ejecutó diversos actos sexuales a la alumna sin su consentimiento.
La víctima denunció que cuando se encontraba en un aula del edificio de Sociales, el docente, en diversos momentos, le realizó tocamientos en brazo, escote, cuello, rodilla e intento tocar su abdomen con sentido lascivo, esto es, con la intención de satisfacer un deseo sexual, alejándose ella en todo momento de su agresor.
Al finalizar el examen y querer entregarlo al profesor, este no lo aceptó y le pidió esperar hasta el final en determinada silla. Después de que sus compañeros entregaron sus exámenes y Marie quedó a solas con el maestro, fue interrogada sobre su vida privada y recibió piropos y galanterías.
Las invitaciones a salir y los jalones para besar a la alumna en la mejilla se repitieron durante varios días, por lo que la joven pidió a algunas de sus compañeras -que no conocía completamente, por ser todas primerizas en la escuela- no dejarla a solas con el mentor. Sin embargo, Baudelio se las ingeniaba para buscar cercanía con la muchacha, solicitarle su número telefónico e insistirle que, si quería salir con él. le enviara un papelito con la respuesta.
La gota que derramó el vaso, dice Marie, fue que al preguntarle al docente cómo le había ido en el examen, Baudelio le contestó “mal, reprobaste”, y entonces le dijo que si quería pasar y obtener buena calificación, estudiara las hojas que le había dado al inicio del curso, “y que si yo quería, podía hacer un examen oral, pero en privado, mientras él me decía lo del examen oral, él trataba de acariciar mi abdomen y sostenía mi brazo como para que no me fuera, a lo que yo sólo me di la media vuelta y me fui, esto igual pasó en el salón 304 de Sociales. Es todo”.
La denuncia prosperó y Baudelio N fue llevado a juicio, quedando sujeto al proceso penal sin ser privado de la libertad y con obligaciones como exhibir una garantía económica por 15 mil pesos, presentarse periódicamente de manera semanal ante la Unidad de Supervisión y Seguimiento de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y las testigos de los hechos; así como la prohibición de salir sin autorización del país y de la Ciudad de México.
El profesor fue imputado por dos delitos de abuso sexual; uno, en la hipótesis de ejecutar en una persona, sin su consentimiento, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula; y el segundo, en la hipótesis cuando el delito sea cometido por quien desempeñe un empleo público, utilizando los medios que éste le proporcionaba. Sin embargo, a pesar de los señalamientos de la víctima, corroborados por algunas de sus compañeras que comparecieron como testigo al juicio, el veredicto del juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en función de Enjuiciamiento, Alberto Torres Villanueva, fue absolver al procesado.
Afectada a nivel psico-emocional, Marie aún llora con frecuencia y recuerda los hechos denunciados con culpa y vergüenza. No encontró la justicia, ya que el juzgador estimó como dudosa la versión de la víctima y que lo expuesto por los testigos aportados por la fiscalía no generó convicción a la autoridad judicial para establecer cómo sucedieron los hechos materia de la acusación. “Por las razones expuestas y aun dando valor probatorio a la declaración de la víctima, no se advierte lascividad en los hechos ejecutados por el acusado”, destacó el juez en su fallo absolutorio.
