Lo mataron a sangre fría y por la espalda. Delante de cientos de personas y sin que la Guardia Nacional que lo “cuidaba”, pudiese evitarlo. La imagen del asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, Guerrero, por la coalición Fuerza y Corazón por Coyuca, fue brutal. Ocurrió el miércoles 29 de mayo último, en pleno evento de cierre de campaña, cuando saludaba a sus simpatizantes y se disponía a subir al templete.
El homicidio caló hondo no sólo en el ámbito nacional, sino internacional, pues la Misión de Observación Electoral en México de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los hechos.
Lo sucedido a Cabrera se ha registrado por lo menos en una treintena de ocasiones, sólo que no en todos los casos se ha grabado el momento exacto del crimen y difundido viralmente. El político guerrerense era uno de los 553 candidatos que recibía protección por advertirse un riesgo contra su persona, luego que el 16 de mayo fueran asesinados el candidato a regidor de su planilla, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa, Rubí Bravo Solís. En el caso del candidato a presidente municipal de Coyuca por la alianza PAN-PRI-PRD, la Guardia Nacional abatió al presunto sicario, cuyo cadáver quedó cerca del de su víctima.
Horas antes de que el homicida se posara atrás de la nuca de Cabrera Barrientos y accionara un arma corta semiautomática en varias ocasiones, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que las campañas “se desarrollaron con tranquilidad”. Versión similar a la que constantemente expresó previo a las elecciones del 2 de junio el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que el proceso electoral ha transcurrido con tranquilidad y que serán las elecciones más pacíficas de la historia.
Pese a los discursos victoriosos del Gobierno Federal y de autoridades de los estados, por lo menos tres organizaciones de la sociedad civil tienen datos diferentes y señalan que la violencia electoral del actual periodo ya supera los eventos negativos registrados en las fases previas a las votaciones de 2021 y 2018, aunque todas difieren en cifras, debido a la diversidad de metodologías empleadas para sus análisis. Incluso algunas no contabilizaron de inmediato el crimen de José Alfredo Cabrera, argumentando que tenían que pasar el dato por su metodología para determinar formalmente si pasaba o no a la estadística.
La organización Data Cívica, una de las más rigurosas en la recopilación de información, refiere que del 7 de septiembre de 2023 al 25 de mayo de 2024, 29 personas candidatas a puestos de elección popular fueron asesinadas.
Laboratorio Electoral Mx, que inicia su recuento desde el 4 de junio de 2023, es decir, tres meses más, advierte que son 34 los aspirantes, precandidatos y candidatos que han sido privados de la vida dolosamente. En tanto, la consultora Integralia, que no indica la fecha de arranque del levantamiento de sus datos, coincide en que hasta el 24 de mayo del año en curso se han cometido 34 homicidios en contra de candidatos.
Tales cifras son rechazadas por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien reconoce que 22 aspirantes y candidatos fueron asesinados durante el actual proceso electoral: “A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registradas oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial”.
A estos crímenes se suman “lamentablemente diez homicidios de personas aspirantes no registradas oficialmente ante sus partidos, ni ante el INE (Instituto Nacional Electoral), pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular”, señaló Rosa Icela Rodríguez, que con tales cifras, contradijo el discurso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que se trata de un periodo prelectoral pacífico. Y es que para el mandatario la violencia electoral es “invento” de sus adversarios y de los medios de comunicación.
Sin embargo, organizaciones dedicadas al análisis de los sucesos relacionados con el contexto electoral destacan que no sólo han asesinado a candidatos, sino que se ha registrado toda una serie de sucesos de violencia político-criminal que incluyen asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto. Al respecto, Integralia destaca 749 víctimas de este conjunto de delitos, entre éstos, 231 homicidios, lo que representa un 150.5% más que en el proceso electoral 2021.
Laboratorio Electoral Mx cuenta 272 casos de estas violencias con 82 personas asesinadas, 65 atentados, 108 asuntos de amenazas y 17 secuestros.
Por su parte, Mónica Meltis Véjar, directora ejecutiva de Data Cívica, comenta a ZETA que documentaron más de 300 casos: “Cuando ponemos la perspectiva, también, de personas funcionarios, bueno, el número aumenta diametralmente, pero enfocándonos en personas, que, digamos, participaron en el periodo electoral, es de 29 asesinatos. Nosotros documentamos en total, en Votar entre Balas, asesinatos, secuestros, amenazas, desapariciones, ataques armados y atentados contra instituciones, edificios de partidos políticos y de gobierno, pero también documentamos violencia dirigida hacia familiares de las candidatas y candidatos”.
VÍCTIMAS MUNICIPALES
Analistas de diversas instituciones coinciden también en las entidades federativas con más violencia electoral. Mónica Meltis comenta: “Guerrero lidera la lista de estados con más ataques. Cerca del 12 por ciento de los ataques ocurrieron ahí, después le siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. En conjunto estos cuatro estados representan casi el 40 por ciento de todas las víctimas registradas. Lo que es importante decir, es que esta violencia se ha dispersado por todo el país. Hemos documentado en prácticamente todo el país, absolutamente en todos los estados, con excepto Baja California Sur, pero hemos documentado en todos los estados este tipo de violencia”.
Se trata de un fenómeno que ha ido en aumento y, aunque al cierre de esta edición, aún no se cuenta con estadísticas completas del mes de mayo, es en 2024 cuando más incidencias negativas han ocurrido, como lo explica la propia investigadora de Data Cívica: “Justamente marzo y después abril han sido los meses más violentos. En marzo tuvimos 73 agresiones y en abril tuvimos un poquito más de 73. Ahorita falta llenar los datos y cuantificar mayo, pero definitivamente, estos últimos meses más cercanos a las elecciones son en los que se ha comenzado a ver un pico mucho más importante de eventos”.
Sobre la diferencia de los datos de violencia que arrojan organismos civiles, consultorías y el Gobierno Federal, la entrevistada habla por Data Cívica: “Tenemos una metodología muy específica, y en ese sentido difiere también de algunas otras mediciones. Documentamos particularmente violencia, ataques dirigidos a personas funcionarias, pero también a personas candidatas, de forma especial de aquellos casos donde podemos presumir que la persona o grupo perpetrador son grupos criminales, de la delincuencia organizada. A partir de entender ciertos modos de operación de estos grupos, y así documentamos violencia en donde identificamos si hay tortura, si hubo armas de ciertos calibres, violencia relacionada en caso de amenazas y algunas informaciones que nos puedan dar pistas sobre quiénes son los perpetradores. En ese sentido, si es normal que difieran las metodologías.
“En el caso del Estado se presumiría que hubiera una carpeta de investigación por cada asesinato, y nosotros, definitivamente, los 29 casos que tenemos documentados son de violencia letal, solamente de candidatas y candidatos, pero el total de todo lo que hemos documentado, si juntamos personas funcionarias y candidatos, el 80 por ciento de los casos que documentamos es relacionado con violencia letal. Entonces, digamos que si hay un alto grado del ejercicio de violencia letal, de forma muy efectiva, por decirlo de alguna manera, por parte de los grupos de crimen organizado cuando intentan hacer uso de la violencia de forma letal”, comenta Mónica Meltis.
Otro aspecto relevante del análisis muestra que la mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal. Siete de cada diez casos documentados de las personas e instalaciones atacadas fueron de este ámbito. La experta en derechos humanos advierte: “Esto es importante pensando un poco en las perspectivas de hacia dónde caminar, y por otro lado, es relevante decir que todos los partidos políticos, sin excepción, han sido víctimas de este tipo de violencia. Entonces, no hay una diferencia desde los puntos de vista de los partidos. Además, no solamente hablamos de personas candidatas, sino de personas funcionarias, autoridades de elección popular, familiares, integrantes de partido político y fuerzas de seguridad”.
Los riesgos para las elecciones tienen que ver con la participación de la ciudadanía.
“Lo que vemos es que, por cada persona funcionaria atacada, el porcentaje de participación se reduce entre puntos porcentuales; mientras que, por cada persona candidata atacada, la reducción es de 1.3 por ciento. En ese sentido, los riesgos que vemos es una disminución en la participación ciudadana por el miedo de participar en este contexto. Aunque nosotros desde 2018 no hemos identificado que haya habido ataques en el día de las elecciones dirigidos en contra de la ciudadanía, bueno, estas elecciones son bastante atípicas y habrá que ver qué sucede, pero ese es uno de los riesgos”, asiente Meltis Véjar.
La violencia político-electoral no se acaba el 2 de junio, pues los análisis de Data Cívica revelan que “la violencia en aquellos lugares donde hubo ataques, en aquellos municipios, la violencia específicamente homicida, en el año subsecuente aumenta. Lo que puede ser que suceda, también, es que en aquellos municipios donde hubo violencia o ataques al conjunto de la función pública municipal, hay una asociación con aumento de homicidios al año subsecuente. Entonces, esto será algo importante de documentar y de seguir vigilando cuando en el año que viene, en términos de cómo se desarrolla la violencia homicida en este contexto”, concluyó la directora ejecutiva.
EL CRIMEN “PONE”
José Reveles, periodista por casi seis décadas, autor del libro “Necro-Política y Narco-Gobierno” de reciente publicación por Editorial Grijalbo, compartió que la violencia se ha desplegado en el ámbito político “porque los grupos de criminalidad organizada, que a final de cuentas, son los viejos caciques locales que se adaptan a las circunstancias de la delincuencia, comenzaron poniendo a los mandos de la seguridad pública municipal; es decir, el nivel más bajo de organización política de la sociedad, que es la alcaldía o el municipio, entonces, los delincuentes pusieron a las autoridades de seguridad, se daban el lujo de poner a los policías y hasta de pagarles, en algunos casos.
“El segundo paso que dio el crimen organizado fue exigir a los munícipes que les entregaran la obra pública que se construye con ayudas federales, como Ramo 33 o recursos estatales, y con lo poco de impuestos que logran dejarles cobrar a las alcaldías. Entonces, la obra pública también la han hecho los delincuentes porque tienen la maquinaria, el poderío económico, hospitales, en fin, obra pública. El tercer paso fue meterse en las elecciones, y decidir quién va y quién no va. O sea, ‘tú no estás con nosotros, no vas a ser candidato’. Han bajado candidatos de las contiendas electorales, les prohíben ser candidatos a síndicos, a presidentes municipales o a regidores. Eso es lo que está ocurriendo en el nivel más bajo de la organización social”, refiere el también escritor.
Reveles reconoce que los competidores para puestos de elección popular “corren mucho peligro y hay medidas especiales por parte del Instituto Nacional Electoral, pidiéndole a la Guardia Nacional que dé protección a los candidatos, a las dos candidatas presidenciales y al candidato varón, a quien le están brindando protección, pero por fuerza, convoyes y seguridad; se lo están brindando a quien lo necesite, ya sea candidato a gobernador o a munícipe, o algún cargo de las regidurías, eso es lo que está ocurriendo en México y son cada vez más los candidatos protegidos”.
Apenas el 28 de mayo, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que 553 candidatos, además de siete funcionarios electorales, recibían protección por parte de 3 mil 474 elementos de Fuerzas Armadas desplegados en 28 entidades, excepto en Durango, Nayarit o Tlaxcala. De ellos, 110 agentes vigilaban a once candidatos a gubernaturas; mil 110 resguardaban a 185 personas que compiten por una senaduría o diputación federal; y 2 mil 140 protegían a 354 que contendían por el Congreso local o alguna alcaldía. “No es que con esa seguridad estén inmunes y a salvo de cualquier atentado. Llamó mucho mi atención hace algunas semanas, en abril, cómo pararon el convoy de Claudia Sheinbaum allá por Motozintla, en Chiapas. Grupos de encapuchados que iban armados. Me pareció que era el mensaje: ‘Mira, podemos llegar hasta ti, en el momento que queramos”. Y no estoy pensando en un atentado tipo Colosio, pero no está descartado. O sea, la violencia está en esos términos, sin control, no hubo respuesta de ningún guardia o avanzada de la gira que fuera viendo que no hubiera bloqueos en el camino. Entonces, creo que hay que estar muy atentos. Van a ser unas elecciones muy disputadas y, creo yo, cargadas de inseguridad y de violencia”, concluyó Reveles.
FUENTE: Recuento de Investigaciones ZETA
