Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró, el 6 de mayo de 2024, que durante los últimos cinco años, de 2019 a 2023, el máximo tribunal constitucional había inventado reglas, invadido atribuciones y anulado de forma masiva, leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
Ello durante una sesión pública, en la cual el Pleno de la SCJN analizó una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), demandando la invalidez del artículo Tercero Transitorio del Decreto Número 1230, con la que se aprobó extender de dos a cuatro años al magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local.
Batres Guadarrama cuestionó a la SCJN por estudiar este tema, acusando a sus homólogos de, según ella, excederse en sus facultades al revisar aspectos que atañían exclusivamente al ejercicio legislativo, dentro de su autonomía para motivar la validez o invalidez de normas generales.
“Este alto tribunal debe contraponer su contenido sustantivo con la propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el Artículo 105, Fracción 2 de la Constitución que regula las acciones de inconstitucionalidad”, indicó la ministra, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 14 de diciembre de 2023, para sustituir en dicho cargo a Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.
“La división de poderes establecida en el Artículo 49 constitucional nos obliga a abstenernos de suplantar al Poder legislativo en sus funciones compartidas de constituyente, que sería el único órgano que podría establecer la democracia deliberativa o cualquier otro concepto o principio que debiera regular al propio Poder Legislativo”, explicó Batres Guadarrama.
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La ministra reprochó, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había calificado conceptos como “democracia deliberativa”, que ni siquiera existían en la Constitución, para motivar la validez o invalidez de leyes.
Al respecto, Batres Guadarrama agregó, que aunque la SCJN debía garantizar el acceso a la justicia, privilegiando la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, “entre 1995 y 2018, fueron dictadas 900 sentencias de acciones de inconstitucionalidad y en 108 de ellas se analizó el tema de las violaciones al proceso legislativo”.
“En 26 de esas sentencias se decretó la invalidez de leyes, 22 de manera total y cuatro de manera parcial, lo que refleja un porcentaje de 2.9 por ciento de sentencias que invalidaron leyes por violaciones al proceso legislativo, con relación al total de sentencias emitidas en acciones de inconstitucionalidad durante este lapso”, detalló la ministra.
“De 2019 a 2023, esta SCJN emitió 425 sentencias de acciones de inconstitucionalidad, en 102 de ellas se analizó el tema de violaciones al proceso legislativo, en 74 sentencias se decretó la invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial, lo que acredita una porcentaje de 17.4 por ciento de sentencias que invalidaron leyes por violaciones al proceso legislativo, respecto de la totalidad de las emitidas en acciones de inconstitucionalidad durante el periodo”, insistió Batres Guadarrama.
“Lo anterior pone en evidencia que en los últimos cinco años fueron dictadas 600 por ciento de sentencias invalidadoras de leyes, en comparación con los 23 años anteriores, si se compara 17.4 con 2.9 por ciento entre esos períodos”, agregó la ministra.
Batres Guadarrama apuntó que durante los últimos cinco años, la SCJN, había emitido el 74 por ciento de las sentencias que había invalidado leyes por argumentos relativos al procedimiento de creación en bien de acciones de inconstitucionalidad, mientras que el 26 por ciento restante correspondía a los 23 años anteriores.
Al término de la discusión de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CDHM, el Pleno de la SCJN tuvo siete de ocho votos necesarios para invalidar la reforma, por lo que Gamboa Olea seguiría como presidente del TSJ de Morelos, hasta mayo de 2026.
