El diario Reforma publicó, el 22 de mayo de 2024, que dieciocho meses después de haber asumido el cargo, Samuel Alejandro García Sepúlveda -gobernador de Nuevo León desde el 4 de octubre de 2021-, adquirió un predio de 17.6 hectáreas, “en una de las zonas más exclusivas” en el municipio de San Pedro, denominada Mesa de la Corona, cuyo valor comercial estimado es de más de 700 millones de pesos.
Según el mismo rotativo, el terreno, donde el gobernador neoleonés supuestamente pretendería construir una residencia de casi 2 mil 800 metros cuadrados, está a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, empresa del también ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), y de su padre, Samuel García Mascorro.
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“Documentación en poder de Grupo Reforma muestra que el 18 de abril del 2023 la empresa del gobernador pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) ante el municipio de San Pedro por 9 millones de pesos. De acuerdo con la ley, este impuesto se paga al realizar la compra de una propiedad y equivale al 3 por ciento del valor catastral del inmueble adquirido, por lo que el terreno de García de 176 mil metros cuadrados tiene un valor catastral de al menos 300 millones de pesos”, señaló el diario.
“Sin embargo, especialistas en bienes raíces consultados señalaron que un inmueble de esa dimensión en esa zona élite de San Pedro tendría un costo comercial superior a los 700 millones de pesos. Apenas el pasado 4 de marzo, García Mascorro, padre del mandatario, como representante legal de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, una solicitud en materia de impacto ambiental para poder iniciar con la construcción de la mansión”, abundó el Reforma.
“Se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto… que consiste en la preparación del sitio, construcción de una casa habitación y una vialidad de acceso”, dice la autorización otorgada por Eduardo Villanueva Garza, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión Integral del Aire, Agua y Biodiversidad, de la Secretaría de Medioambiente de Nuevo León, que recibe órdenes del gobernador.
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Según el diario Reforma, en la solicitud presentada por García Mascorro, el proyecto que el mandatario neoleonés supuestamente pretende realizar, incluye una mansión de 2 mil 775 metros cuadrados y la construcción de una vialidad de 10 mil 317 metros cuadrados. La superficie total asciende a 13 mil 091.78 metros cuadrados.
“La autorización para el impacto ambiental en el inmueble le fue dada por el Estado al gobernador en ‘fasttrack’ (sic), en un plazo de 15 días naturales, cuando este trámite puede tardar hasta 90 días naturales, de acuerdo con la ley. La vigencia del permiso ambiental estatal es de 20 meses, se precisa en el documento de autorización, y puede ser prorrogado por otros 20 meses más”, abundó el citado rotativo.
“Incluso, se advierte que el proyecto habitacional está ubicado en zonas con presencia de riesgo geológico medioalto (sic), donde predomina vegetación de matorral submontano y el Gobernador deberá pagar una compensación por el impacto ambiental, monto que viene tachado en el permiso. Fuentes enteradas del proceso confirmaron que la empresa de García y su padre ya presentó la solicitud ante el municipio de San Pedro para el permiso de construcción de la residencia en el terreno adquirido, pero -hasta donde se sabe- no se le ha otorgado”, detalló el Reforma.
El diario recordó que en su declaración patrimonial del 2023, la más reciente publicada, el gobernador no reportó dicha propiedad. Asimismo, rememoró que el 13 de marzo de 2024, reveló que uno de los proveedores más beneficiados con contratos por parte del Gobierno neoleonés había triangulado, por medio de una compañía “hermana”, al menos 202.9 millones de pesos, a un despacho jurídico propiedad del mandatario estatal y de su padre.
Un día después, tras quedar expuesta la triangulación de 202.9 millones de pesos desde un proveedor del Gobierno de Nuevo León hacia un despacho jurídico del que él es socio, García Sepúlveda reconoció los pagos, pero aseguró que se trataba de honorarios por servicios legales prestados desde 2017. Sin embargo, no explicó por qué los pagos de esos honorarios iniciaron hasta cuatro años después, en octubre de 2021, cuando empezó su Administración estatal.
El 14 de mayo de 2024, representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que las empresas de García Sepúlveda y su familia habían crecido un 800 por ciento en sus dos años y medio de su Gobierno, además de que el 60 por ciento de estos recursos era de proveedores relacionados con la Administración estatal, por lo que advirtieron que la bonanza financiera del gobernador se debía a tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado.
SCJN VALIDA JUICIO POLÍTICO CONTRA SAMUEL GARCÍA, SIN QUE DEJE EL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó, el 21 de mayo de 2024, el juicio político que partidos de oposición promovieron contra Samuel Alejandro García Sepúlveda -gobernador de Nuevo León desde el 4 de octubre de 2021-, aunque precisó que no podría ser separado de su cargo, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad dictara sentencia.
Durante la sesión, siete ministros votaron a favor de declarar inconstitucional la porción normativa del artículo 203 de la Ley de Juicio Político de Nuevo León, en donde señalaba que “el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo”.
Este artículo facultaba al Congreso local, en su calidad de órgano acusador, para separar de su encargo a un servidor público que tenía un juicio político en su contra. Los ministros Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, votaron en contra.
El único que no sufragó fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien no estuvo presente en la sesión y se prevé que emita su voto el 23 de mayo de 2024. A pesar de ello, los demás ministros determinaron por unanimidad validar el juicio político solicitado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, el 31 de enero de 2023, en contra de García Sepúlveda.
En él se determina que era procedente la denuncia de juicio político presentada en contra del titular del Poder Ejecutivo estatal, al considerar que no estaba afectado de vicios de inconstitucionalidad.
