Una madre y su hija denunciaron los abusos cometidos al interior de este grupo, y también un despido injustificado
En la edición anterior de ZETA se publicó información relacionada con el abuso que sufrió la joven arquitecta Andrea López Luna al inscribirse a una capacitación de la empresa Quantum: Maestría del Ser o Quantum Recruit, SC, por lo cual presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que se origina en el fraude, pero que pretende convertirse en un tema donde se identifique la violencia psicológica que -refiere- sufrió.
A raíz de la publicación, algunas personas contactaron a este Semanario para comentar sus experiencias, aunque prefieren no presentar denuncias públicas. Sin embargo, confirmaron las prácticas realizadas durante los días de lo que llaman capacitación.
Las únicas dos personas que decidieron hacer pública su inconformidad con la empresa, son la señora Nereyda Avitia Olivas y su hija Liney Sarabi, quienes trabajaron para la familia Ramos-Gutiérrez, pero también para Quantum; luego de exigir un pago incumplido, decidieron despedirlas.
El documento en poder de ZETA deja asentada la denuncia con el número de identificación TIJ/CI/2023/008156, signada por el funcionario conciliador Daniel Eduardo Lozano Sarabia, la cual se mantiene bajo un litigio en materia laboral.
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Los testimonios recabados por el autor de esta columna indican que trabajaban de manera extenuante, pero también tenían la posibilidad de observar cuando los integrantes del curso lloraban en los baños por las dinámicas a las que eran sometidos. De igual forma, les comentaron que cuando realizaban acciones afuera del inmueble, les tiraban sus refrigerios y comida, con la intención de que compraran mercancía de Quantum.
Reconocieron que el despido no fue directamente de Ramos o de Gutiérrez, pero sí por parte de Quantum, con el respaldo de quienes son los representantes legales en Baja California.
La empresa Quantum fue fundada en 2015, bajo el nombre Transformación Cuántica, SA de CV, mientras que Jorge Ramos Hernández y su esposa Maritza Gutiérrez Posada, se volvieron representantes legales en Baja California a partir de 2021. En ese momento fueron considerados el grupo élite de Quantum.
Aunque se consideran personas certificadas para brindar capacitación, ni Jorge Ramos ni Maritza Gutiérrez cuentan con estudios profesionales relacionados con temas de salud; el argumento que busca desestimar los señalamientos es que no se trata de una capacitación de apoyo psicológico, pero venden la idea de que pueden cambiar la vida de las personas sin restricciones específicas para personas con algún tipo de padecimiento psicológico o psiquiátrico, lo cual -según especialistas- es riesgoso, pues agravaría padecimientos existentes.
La empresa fundada por John Hanley y Jaime Cecilio Otoya tiene influencia en varios países y presumen tener todo el aval de la autoridad. Sin embargo, en su página de LinkedIn, Otoya da a conocer que obtuvieron una constancia de habilidades para la capacitación de personal DC4 STPS, la cual presume como un premio sumamente complicado conseguir, pero que los avala como una institución seria.
Sin embargo, cuando se revisaron específicamente las características de dicha certificación, sólo indican que cumplen con las medidas básicas para dar capacitación a empresas de más de 50 personas.
Más allá de cualquier situación y posibles actos ilegales, la realidad es que la Secretaría de Salud ha invertido poco en la infraestructura o atención relacionada con la salud mental, pero ha priorizado proyectos de relumbrón, incluso ostentosos, con resultados cuestionables, como los centros de salud móviles, que en dos años representaron una erogación de 500 millones de pesos, y de manera más reciente, las Clínicas del Bienestar, en las que la Secretaría de Salud ni siquiera fue consultada o considerada para el proyecto.
Hoy, la sociedad en general no tiene acceso suficiente a la salud mental pública en las comunidades, pero sí se invierte en proyectos privados, costosos y temporales, algo que dista mucho del planteamiento ofertado por el Poder Ejecutivo federal, como el aún inoperante IMSS-Bienestar.
