Aunque ha habido avances significativos para dar atención integral a menores dentro del espectro autista por parte de gobierno, la realidad es que las autoridades de Salud y Educación se han quedado cortas al no contar con diagnósticos oportunos, recurso humano capacitado, así como presupuesto para atender el tema.
Miguel y su esposa notaron comportamientos inusuales en su hijo de dos años; ella contaba, en ese entonces, con el Seguro Popular, y por ende, también su niño, pero los síntomas que presentaba no eran suficientes para que fuera canalizado con especialistas del sector salud, para un diagnóstico oportuno.
El pediatra de Nico, hijo de Miguel, los refirió al Hospital Infantil de las Californias, en donde confirmaron el diagnóstico, y les indicaron que el siguiente paso era buscar terapia conductual.
Después de mucho buscar, encontraron la asociación civil Ceamos, en donde brindaron la terapia que Nico necesitaba, por un costo mensual de dos mil 800 pesos.
“En realidad, nosotros no acudimos a una institución de gobierno, porque si en el mismo Hospital Infantil de las Californias nos mencionaron que el tiempo para acceder a una evaluación, estaba alrededor de seis u ocho meses, y pues, para tratamiento, el tiempo era algo similar”, dijo.
Publicidad
__
No es suficiente
José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud en el Estado, señaló que el Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC) atendió a dos mil personas en 2023, dentro del trastorno del espectro autista.
“El año pasado atendimos, a través del Instituto de Psiquiatría, a poco más de dos mil niños dentro del espectro autista, entre nuevos diagnósticos y niños que están en seguimiento”, dijo.
Admitió que es gracias a las asociaciones civiles que muchos casos se detectan de manera temprana, por lo que evitan que surjan otros problemas en los menores, entre ellos el bullying.
Medina Amarillas también confesó que no cuentan con la infraestructura y con el personal capacitado en su totalidad, para atender a familias con esta condición de vida.
“Mentiría si dijera ‘sí estamos preparados, capacitados y con todo lo necesario’; no, es algo que no se había visibilizado, que no se había atendido, entonces, nosotros estamos haciendo el esfuerzo con lo que tenemos para empezar a dar la atención, y generar con ello las condiciones para poder solicitar mayor recurso y apoyo del mismo Estado y de las autoridades federales”, aseveró.
Mucha burocracia
Para Karina Sepúlveda ha sido una lucha contra la burocracia hacer que atiendan a su hija, Rebeca, quien con apenas un año y seis meses de edad fue diagnosticada; muy joven, por lo que no puede recibir terapia de lenguaje aún.
En entrevista con ZETA, Karina refirió que su hija fue valorada debido a un golpe que se dio en la cabeza, sin embargo, ella ya tenía sospechas de la condición de su hija, debido a ciertos comportamientos.
Al ser derechohabiente del Seguro Social, le comentó a su médico familiar sobre los comportamientos de Rebeca, pero los minimizaron argumentando que todavía era muy joven para saber si era esa condición o algo propio de la edad.
“En el IMSS no diagnostican; el psicólogo del IMSS me dijo que cuando yo llevara a la niña con la neuróloga. Ella me iba a decir que no tenía TEA, sino que era una niña con problemas de hiperactividad con retraso del lenguaje, y sí, fue exactamente lo que me dijo la doctora”, recordó.
“Para que el IMSS le de tratamiento subrogado por parte del Hospital de Salud Mental, el médico familiar tiene que referenciarlo con el pediatra; éste, a su vez, con el psicólogo, quien finalmente da la orden para la subrogación”, dijo, proceso que puede tardar meses.
Karina prefirió no esperar y fue a la asociación civil Pasitos, donde debió pagar cinco mil pesos, divididos en cuatro sesiones, para poder determinar su diagnóstico; Rebeca, su hija, necesita terapia conductual y de lenguaje, pero para recibirla deberá acudir a una asociación civil, en donde las sesiones varían desde 350 hasta mil 200 pesos cada una, al DIF o al CRIT, donde hay una lista de espera de hasta dos años.
Sí se puede
Hace 20 años, el segundo hijo de Patricia había sido diagnosticado con autismo; su hijo mayor también tenía la condición, por lo que ya sabía cuál era el proceso. En abril de 2024 se graduó de ingeniero en Sistemas por parte del Instituto Tecnológico de Tijuana.
“Hace falta mucha atención hacia los maestros, mucha información hacia los padres, y mucha información hacia la sociedad y mucha información hacia las autoridades, porque de repente no saben a lo que se enfrentan en las escuelas; porque los niños tienen derecho a ser atendidos, pero muchas veces, a los maestros les faltan herramientas para poder enfrentar ese reto”, dijo.
Cuando sus dos hijos fueron diagnosticados, ella se desempañaba como directora de un prescolar, por lo que se encargó de capacitar y sensibilizar a su personal sobre el trato a niños con TEA, pero no en todas las escuelas es así.
Reconoció que sí ha habido avances en las escuelas y en la sociedad, pero “aun cuando dicen que la escuela debe ser inclusiva, la escuela debe ser y tener apoyos, la verdad es que los maestros no saben cómo abordarlos; hace falta mayor atención y una institución especializada, pero por parte del Gobierno, porque están los Centros de Atención Múltiple, pero son insuficientes”.
Tan sólo en Tijuana, existen únicamente cuatro Centros de Atención Múltiple (CAM), y en la Secretaría de Educación no tienen a una persona encargada del Departamento de Educación Especial.
Al respecto, Gerardo Solís Benavides, titular de Educación, dio a conocer que se está armando una Dirección de Inclusión, ya que no existía como tal, sino que eran programas que creaban y desaparecían en cada administración.
Esta dirección abarca educación especial, indígena, migrante y binacional, “en ese contexto tenemos más de 16 mil alumnos… En materia de educación especial, tenemos centros de educación especial, que son unidades especializadas en niños en detección de situaciones especiales y cómo integrarlos a la educación regular, entonces el reto es: o se integran a la educación regular, o sigue permaneciendo en un ambiente de educación especial”.
Solís Benavides afirmó que actualmente se encuentran registrando en las bases de datos, durante las inscripciones; si el alumno tiene una condición de educación especial, para adecuar las clases conforme sus necesidades, “yo, como maestro de universidad, he tenido alumnos de educación especial y no le puedo aplicar un examen como lo haría con cualquiera, porque puede terminar la universidad en 10 años, porque el alumno tiene ese derecho a su tiempo, a su ritmo”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación, en Baja California existen 165 escuelas que atienden a niños con educación especial, ya sea trastorno del espectro autista, Asperger o síndrome de Down; con 928 alumnos y 269 maestros.
En Tijuana hay cuatro CAM, con grupos entre 8 y 10 alumnos por grupo, en donde se atienden más de 500 niños en total, aunque es en esta frontera y en Mexicali donde se ha registrado un incremento de alumnos.
Además de las capacitaciones de maestros y centros de tareas, también se trabajarán con especialistas en tecnología educativa para este sector estudiantil.
“Lo que falta es abrir más plazas, que la Federación admita más lugares para educación especial -docentes- y que destine recurso, ya que para abrir un centro de educación especial se requiere de maestras especiales, niñeras y auxiliares, y tener más especialistas”, finalizó.
