Alejandra Isabel Antelo Canchola, madre de dos menores de 6 y 4 años, este último con epilepsia, denunció a los padres de su difunto marido, de sustracción de menores; y al juez Octavo de lo Familiar, Juventino Barriga, de ignorar las evidencias y revictimizar a la mamá.
En conferencia de prensa en el Centro de Justicia Alternativa, la joven madre leyó una carta dirigida a Juventino Barriga, en la que explica que desde hace 7 meses, sus ex suegros se llevaron a los menores a Estados Unidos,específicamente, a San Ysidro, y no le permiten tener ningún tipo de contacto, por lo que interpusieron una denuncia penal.
Antelo Canchola recordó que su marido murió en mayo de 2020, y desde entonces, permitía que sus hijos convivieran con sus padres, pero desde noviembre de 2023 ya no los regresaron y cortaron comunicación con ella.
Aseguró que nunca mostraron mayor interés en sus hijos, excepto la convivencia los fines de semana, sin embargo, desde que descubrieron que podían recibir dinero si estaban bajo su custodia, se los llevaron sin ninguna explicación.
Reyna Ramírez Oropeza, presidenta del Instituto de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, informó que se interpuso una denuncia penal por sustracción de menores, en enero de este año, además de una demanda por guarda y custodia ante el Juez Octavo de lo Familiar.
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Sin embargo, Juventino Barriga no tomó en cuenta las evidencias presentadas, y en lugar de priorizar la custodia de los menores emergente, solicitó entrevistarlos, antes de fijar fecha para la primera audiencia.
“Es un juzgado de nueva creación, donde pone fecha de entrevista de los niños, ni siquiera de audiencia, hasta dentro de 3 meses… nosotros solicitamos al Tribunal -Superior de Justicia del Estado-, al presidente del Tribunal -Isaac Fragoso López-, que tome cartas en el asunto, porque no pueden tener juzgadores carentes de criterio, siendo irresponsables”, dijo.
Por su parte, Alejandra Antelo señaló que teme por la salud y seguridad de sus hijos, ya que su hijo menor tiene epilepsia y tomaba medicamento y terapias, y ahora no sabe si se lo están suministrando, además de que la familia tiene antecedentes penales.
“No sé si ellos le estén dando su medicación, tengo siete meses que no hablo con ellos, yo les marco por WhatsApp, les marco por llamada, les marco por Messenger, me tienen bloqueada, no me dejan escucharlos ni en sus cumpleaños me dejaron llamarles a mis hijos, ni en Navidad, no sé en realidad nada de ellos”, mencionó con lágrimas en los ojos.
La abogada mencionó que actualmente se tienen tres denuncias, una penal por sustracción de menores, otra por la guarda y custodia, y la tercera ante el Consejo de la Judicatura, por el actuar del juez Juventino Barriga.
