A siete años de que fuera concebida la Ciudad Judicial de Tijuana por el Gobierno de Baja California para implementar la reforma penal de 2014, el proyecto original no sólo quedó inconcluso, sino que tres edificios construidos están dañados estructuralmente y han sido vandalizados, pese a que al menos se invirtieron 250 millones de pesos por las anteriores administraciones de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez.
La dilapidación millonaria en el terreno de La Encantada podría ser superior a los mil millones si se considera que los recursos para construir los edificios existentes provinieron de créditos bancarios que todavía pagan los bajacalifornianos.
Recientemente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que el proyecto no está cancelado y se revisaba el requerimiento en infraestructura y presupuesto, pero no hay fecha si quiera para ejecutar la obra de remediación del hundimiento de los edificios, ya calculada en alrededor de 10 millones de pesos.
En su gestión tampoco se han dedicado fondos para los edificios donde operarían Juzgados, el Centro de Justicia Alternativa, laboratorios periciales y unidades de medidas cautelares, entre otras áreas del Poder Judicial; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) y Fiscalía General del Estado (FGE). Además, existen discrepancias entre Oficialía Mayor, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) y el Poder Judicial en cuanto a la entrega de los edificios.
El titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, afirmó que el actual gobierno “no ha hecho ningún trabajo en ninguno de los tres edificios” por los problemas que tienen de asentamiento, notorio en pisos y parte de la estructura de los muros.
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La FGE, Cesispe y el Poder Judicial tendrían que ponerse de acuerdo con Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo las inversiones. “Nosotros estamos listos, que nos digan ‘oye, sí va a haber recurso, hay disponibilidad de 50, 70 millones de pesos’ y se pueden echar a andar los edificios”, manifestó el funcionario estatal, quien a su vez, aclaró que no sólo se trata del presupuesto para rehabilitar los inmuebles, también para su operación y mantenimiento.
Aunque los hundimientos son provocados por una falla de origen en la construcción, ya que “al parecer la cimentación de los edificios se hizo en zonas no tan rígidas, o no habiendo hecho el tratamiento suficiente para el desplante de la cimentación”, no podrían ser sancionadas las empresas que los edificaron, ya que los contratos datan de finales de la administración de Vega de Lamadrid y después de un año quedan fuera de garantías.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, consideró que el proyecto no se ha concretado, porque al principio faltó coordinación entre las dependencias que los utilizarían y ahorita “un poco de inversión” más que en la infraestructura en personal. Sólo para poblar el edificio del Poder Judicial harían falta 80 personas, lo que implicaría incrementar la nómina.
Fragozo López rechazó que la inoperatividad de la Ciudad Judicial de Tijuana sea un síntoma de que haya fracasado el sistema penal. Atribuyó el colapso en las fechas de audiencias a que éstas se difieren por argucias legales de las partes y a que se está judicializando el 35% de los casos cuando el sistema está proyectado para que se judicialice del 3 al 5%, al haber diversas salidas procesales alternas que requieren negociación.
Según los cálculos del magistrado presidente, en Tijuana hay alrededor de 3 mil audiencias (iniciales, promociones varias e intermedias) en espera de ser agendadas que datan de 2024; con todo y que cada juez tiene su sala de audiencias en la plataforma Zoom, lo que ha permitido que esas diligencias “ya no se vayan tan lejos” por falta de espacios físicos.
“Critican que mucha gente está detenida sin sentencia (alrededor del 50% en BC) porque tiene la prisión oficiosa, pero por otro lado, critican que la gente que lleva un proceso esté en libertad. Lo que fracasó es explicar que en este sistema nadie va a estar preso hasta que exista una sentencia definitiva”, aseveró.
Para el ex presidente de la agrupación Unidos por Tijuana, Álvaro Montaño Rubio, la Ciudad Judicial debería retomarse porque evitaría el traslado de integrantes del crimen organizado. Sin embargo, la ubicación alejada del Centro de la ciudad sería un factor por las que las asociaciones de abogados tampoco empujen el proyecto.
El Poder Judicial debería tener cuando menos el 5% del presupuesto total del Estado, situación que debería estar en la Constitución de Baja California, como sucede en Querétaro y Nuevo León, “para no dejarlo al arbitrio del titular del Ejecutivo”.
Por su parte, Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, comentó que en los presupuestos no aparecen recursos asignados al proyecto, ni ha sido un tema en las reuniones con las autoridades.
“No hay una voluntad política por parte de los tres órdenes de gobierno de realmente atender el fenómeno de la seguridad pública, solamente se atiende en el discurso, en la buena intención, pero no se ha materializado”, citó; de ahí que hayan aumentado los delitos, particularmente el homicidio.
DEPLORABLES CONDICIONES
En octubre de 2023, sin explicación, se retiró la vigilancia privada que resguardaba los edificios asignados a la Cesispe y a la FGE, aun cuando ambas dependencias utilizaban parte del espacio como bodega. Esta situación derivó en un incendio que averió paredes y desplomó parte del techo.
Desde el Bulevar 2000, es visible el grafiti en algunas paredes exteriores. En la entrada se aprecia un montón de sillas de oficina inservibles, y el suelo atestado de pequeños fragmentos de cristales de lo que antes fueron la puerta y ventanas del complejo.
Las paredes centrales con hollín reflejan los estragos del incendio causado por la quema de basura hecha por personas en situación de calle que llegaron a pernoctar el otoño pasado. Otra muestra de su presencia son trapos tirados a mitad de alguna estancia, además de plafones y ductos de aire fuera de su sitio en señal de búsqueda de cables eléctricos.
La vigilancia privada únicamente se mantiene en el edificio asignado al Poder Judicial, cuyas paredes ya tienen algunas grietas provocadas por el hundimiento. Uno de los accesos del inmueble se mantiene cerrado con candado. A la otra puerta le faltan cristales.
Por el espacio inferior, tapiado con una mica movible, salen La Negra, La Muñeca y El Rocky; tres caninos criollos que defienden su territorio cuando un extraño se aproxima.
En el edificio nada más opera un cuarto frío que alberga 120 cadáveres, cuyo termostato exterior marca 30 grados. En uno de los corredores aledaños se mezcla el olor a muerte con el de excremento de palomas que habitan algún espacio del techo.
El recinto habilitado en el gobierno anterior, recibe cuerpos una o dos veces a la semana, cuando las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Bulevar Fundadores llegan a su límite.
En la amplia planta baja de laberínticos corredores del edifico hay varias celdas, con concreto y herrería en buenas condiciones. Estos y otros espacios vacíos, semi oscuros durante el día, no tienen luz, aunque atrás del edificio hay una planta eléctrica que se echa a andar por las noches para iluminar el desolado exterior.
Arriba, el eco gobierna los cubículos sin mobiliario. En el pasillo que los conduce se va juntando el polvo y la suciedad de los animales que han hecho del edificio su hogar. Cerca del cubo del elevador, el piso está quebrado y es visible el desnivel del piso.
Los edificios tienen problemas de agua y drenaje. De acuerdo al titular de la SIDURT, para conectar esos servicios primero tiene que remediarse el hundimiento. Oficialía Mayor tendría que valorar si el edificio no puede ser utilizado por Cesispe, para que sea otra dependencia la que pueda aprovecharlo.
En la pasada administración dejaron dos contratos, uno por alrededor de 25 millones de pesos para la terminación del estacionamiento; que fue liquidado con recurso de la deuda de largo plazo contratada por el ex mandatario Jaime Bonilla Valdez. El otro, para adecuar las salas de justicia en el edificio asignado al Poder Judicial, fue rescindido de común acuerdo con el contratista por las fallas estructurales.
En 2021 y 2022, la SIDURT -entonces encabezada por Karen Postlethwaite Montijo- ejerció una inversión conjunta de 31 millones 979 mil pesos. Parte de ese recurso fue utilizado para la terminación del estacionamiento, según información obtenida vía Transparencia de la propia dependencia.
CREAR JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN NARCOMENUDEO
El magistrado presidente Fragozo López adelantó que el Poder Judicial está trabajando en un proyecto para irse solos al edificio de La Encantada, donde el plan es implantar Juzgados especializados en Narcomenudeo, principal delito en Tijuana. Los fondos del proyecto (infraestructura, equipamiento electrónico y capacitación) provendrían de la Organización de Estados Americanos (OEA).
No obstante, el proyecto implica que haya un acuerdo con FGE y Cesispe, puesto que trasladar a una persona privada de la libertad desde La Mesa al edificio de La Encantada implicaría mínimo una hora con condiciones de tráfico vehicular, “no tendría sentido que nos fuéramos solos; se tendría que ir FGE, Defensoría y Sistema Penitenciario, ahí es donde no podemos avanzar”, señaló.
Tras recordar que originalmente se había proyectado una Estancia Municipal de Infractores que no fue construida, consideró que “sería muy bueno” tenerla, ya que la mayor incidencia delictiva está en la Zona Este de la ciudad.
Por otro lado, el panteón forense de Tijuana que se construye en Valle Redondo tiene un avance del 70%, con alrededor de 900 gavetas de las 2 mil proyectadas para la primera fase. “Habían quedado que (la conclusión) iba a ser en abril, de abril me lo cambiaron a finales de mayo. Ya estamos a finales de mayo, yo no creo que quede, pero tenemos fe que en este semestre junio-julio ya debe estar concluido”, refirió.
ENSENADA OPERA PARCIALMENTE
Fregozo López comentó que el Poder Judicial se fue solo al edificio que le fue asignado en la Ciudad Judicial de Ensenada, que en su opinión, “es el mejor” del Estado para el Poder Judicial. Sin embargo, Cesispe y FGE no han ocupado sus respectivos espacios.
En el caso de Tecate ya está funcionando. “Está Cesispe, Defensoría y Fiscalía”, incluso el Poder Judicial habilitó un Juzgado Civil, apuntó el magistrado presidente.
EL PROYECTO ORIGINAL
La Ciudad Judicial de Tijuana concentraría a todas las dependencias con atribuciones en procesos penales. En el predio ubicado en el Kilómetro 15 del Corredor 2000 se construirían siete edificios, con una superficie total de 45 mil 102 metros cuadrados, más otros 311 mil metros cuadradospara estacionamientos, vialidades, áreas verdes y deportivas. La inversión total del proyecto se estimó en 835 millones 148 mil pesos.
A principios de 2017, la administración de Francisco Vega de Lamadrid entregó por adjudicación directa la construcción del edificio del Poder Judicial a GRA Arte Diseño y Construcción, SA de CV por 79.5 millones de pesos; el del edificio de la Procuraduría General de Justicia -hoy FGE- a Constructora JILSA, SA de CV por 74.8 millones de pesos; y la construcción del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública -hoy SSPC- a Constructora JAN, SA de CV por 65.1 millones de pesos.
Ello, luego de que la XXI Legislatura del Congreso del Estado le autorizó contratar uno o varios créditos simples con Banobras hasta por 688.7 millones de pesos; el fideicomiso creado por la Secretaría de Hacienda federal para implantar la reforma en los estados validó que Baja California tuviera hasta 291 millones de pesos. En 2020, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones al fideicomiso de la SHCP, ya que la dependencia desconocía el número de proyectos concluidos.
