En sesión pública ordinaria, la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur dio a conocer que el titular del Poder Ejecutivo, Víctor Castro Cosío, aplicó el veto constitucional al decreto 3023, mediante el cual se reformó el Código Civil para aprobar la adopción homoparental en la Media Península.
En tribuna se expuso que el mandatario argumentó que el motivo por el que regresa la modificación al Pleno fue que no se incluyeron a las comisiones implicadas en temas de salud, familia y de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Agregó a su lista de motivos el que la redacción del dictamen de la reforma no abarcó todos los tipos de familia; tampoco se elaboró un impacto presupuestal con relación a este cambio que se propone.
“Este veto, básicamente se presenta por dos cuestiones: la primera que, desde la perspectiva del Ejecutivo, la redacción del dictamen no abarca todos los tipos de familias que hay, porque debe prevalecer todas las formas de familias para evitar discriminación con la nueva redacción, sin afectar a terceros o generar posibles lagunas legislativas. Y, en segundo término, no se elaboró el impacto presupuestal”, se leyó en Tribuna.
El documento enviado al Congreso por parte del Ejecutivo enfatiza que, en su momento, el dictamen fue realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, sin atender lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que prevé que la Mesa Directiva deberá cuidar la efectividad del trabajo y por conducto del presidente, vigilar que las comisiones permanentes o las especiales en su caso, cumplan oportunamente con sus respectivos encargos.
En el veto señaló que este ordenamiento jurídico establece la creación de comisiones competentes según la materia de estudio de la iniciativa presentada, que deberán dictaminar determinados proyectos legislativos.
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El Gobierno del Estado sostiene que se dejaron a un lado a las comisiones con mayor compatibilidad en la resolución de esta reforma.
El documento con el que se confirmó el veto, enfatizó que el principal objetivo de esta modificación es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “debiéndose velar y cumplir en todo momento el interés superior del menor, así como el derecho a la protección de la familia”.
A pesar de las explicaciones de Castro Cosío, asociaciones como Aliadxs LGBT+ Los Cabos y especialistas en derecho ya advierten que hay un interés electoral en este veto ya que, señalan, los argumentos del mandatario no tienen fundamento para evitar que la adopción homoparental sea una realidad en Baja California Sur.
Por su parte, la diputada de Morena, María Guadalupe Moreno Higuera, como legisladora de la diversidad sexual, manifestó sentirse sorprendida de la decisión del Poder Ejecutivo. Ante esta situación, anticipó que buscará diálogo para entender el fondo del veto.
“Hacen un escándalo por una situación que nada más es el registro de los apellidos. Aquí quien tiene el derecho, en un momento dado, sin ninguna necesidad de afectar a nadie más”.
“Es simple, y sencillamente voy a ponerme de ejemplo yo: yo me casé, tengo mi pareja, nace mi bebé en donde fuimos a la clínica, con un tratamiento; registramos a la niña con nuestros apellidos. Así de sencillo”, compartió.
Asimismo, negó que haya un trasfondo electoral en la decisión de no publicar esta reforma en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
“Que quieran agarrarse de las cuestiones electorales para hacer eso es otra cosa; entonces no la hubieran vetado, la hubieran aguantado un poquito más”, dijo.
La legisladora aseguró que buscará dar avance con este tema, sin embargo, no hay ninguna garantía de que salga en este periodo ordinario, que es el último de la XVI Legislatura del Congreso local.
“En esta yo necesito sentarme con las personas que en un momento dado vetaron, que me digan y me expliquen a detalle cuál fue la situación porque iba bien fundamentada, se votó inclusive; se pasa al Gobierno del Estado y la vetan”, recordó.
¿VETO CON FINES ELECTORALES?
La decisión del Poder Ejecutivo no pasó inadvertida ante colectivos y asociaciones de la comunidad LGBT+ en Baja California Sur, que observan y cuestionan posibles fines electorales en la traba que se ha colocado a la adopción de parejas del mismo sexo.
Desde la perspectiva de la asociación Aliadxs LGBT+ Los Cabos, el gobernador está haciendo un cálculo político muy cómodo y muy fácil, al anotarse puntos y no crear tensión en un año electoral en el que se votará para elegir a cinco ayuntamientos y 21 diputaciones locales.
En este contexto, señalan que el apoyo a la comunidad LGBT+ se percibe sólo cuando se trata de llevar votos a la canasta, sin embargo, cuando se trata de entregar resultados o cumplir con compromisos se nota que no es prioridad.
“Es muy coincidente que justo a la puerta de las elecciones del proceso electoral del 2024, el gobernador use su poder constitucional de veto para ponerle freno a un tema que sabe que puede crearle ´enemigos´”, opina la asociación.
Para describir la decisión de veto del mandatario, recordaron la frase de Martin Luther King que dice que la justicia retrasada es lo mismo que la justicia denegada.
Este escenario se traduce como otro signo del trabajo que queda para las personas de la diversidad sexual, según Aliadxs Los Cabos, para construir un entorno donde sus derechos sí sean vistos como fundamentales.
Con respecto al argumento que utilizó el gobernador para vetar la reforma, sobre el no haber sido dictaminada en determinadas comisiones, coinciden en que no es un fundamento real para postergar, evitar o negar la publicación.
“Creemos que justamente lo que se vio que ahora la oficina del gobernador está intentando desestimar como un tema de proceso, un tema de quién dictaminó la ley; no es una razón legítima. Lo que nos dice es que para ellos son más importantes las consideraciones políticas y las sensibilidades de los grupos conservadores que los derechos fundamentales de las personas”, subrayaron.
Sostienen que cuando existe una inquietud sobre el impacto de una ley que viene o que se desprende de un derecho fundamental que está protegido por la Constitución y el derecho internacional, no es una cuestión que requiera un análisis legislativo excesivo para su implementación.
SE NIEGA EL DERECHO A LA IDENTIDAD
La asociación La Paz es Diversa expuso que este veto es otro caso en el que se cuestiona demasiado la existencia de personas LGBT+, precisamente con justificaciones como el exigir más estudios, mesas de trabajo o de investigación para validar derechos humanos.
“Cuestionarlas como si no fuera algo muy común, como si no existiera o en el mismo nivel categórico de las personas heterosexuales”, declaró el organismo.
Además de las implicaciones que vienen con esta decisión, La Paz es Diversa recalcó otro tema que debe abordarse, ya que se está negando el derecho a la identidad a niños, niñas y adolescentes que ya tienen familias homoparentales o lesbomaternales.
“Tendríamos que cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo con detener estos derechos; están negando la identidad a estas personas, niegas a infancias que se reconozca su origen, su identidad, quienes son sus padres y madres”, asevera la asociación.
Es así como ponen sobre la mesa que el verdadero objeto de estudio en este tema debería de ser el proceso y las formas para que una adopción sea una realidad en Baja California Sur ya que, sin importar el género o identidad sexual de las parejas o personas, es algo muy difícil de lograr.
“Es demasiado engorroso lograrlo; lo que tendría que estudiarse es el reglamento y la ley, los lineamientos y estructura para adoptar, independientemente de su orientación”, añaden.
Más allá de observar un interés o fin electoral en el veto, La Paz es Diversa recalca que se nota que quien decidió impedir la publicación de la reforma, vive el privilegio de no haber experimentado discriminación.
“La justificación de que necesita estudio es muy ambigua, porque todo necesita investigación, pero en temas de derechos humanos nunca debería estar a consideración de alguien”, apuntaron.
“Si la promesa es que si se vetó para que se estudie, tendríamos que estar atentos a que efectivamente no se quede como que sin hacer nada; si la promesa es que se tenía que estudiar, hay que promover que se haga”, finalizaron.
GOBERNADOR NIEGA HABER APLICADO EL VETO
En sus primeras declaraciones tras el anuncio del Congreso, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, negó haber aplicado el veto a la adopción homoparental.
“Yo no he vetado ninguna, estoy en proceso de revisión, pero voy a primero consensarlo. Recuerden que vengo llegando de Oaxaca; no sé cuándo se dio esta votación, pero no tengo yo interés en vetar ninguna iniciativa de ley que llegue al Gobierno del Estado, sólo que sí trataré que se haga un análisis y haya consenso social sobre las leyes que se apliquen en Baja California Sur”, declaró.
No obstante, ZETA tiene en su poder el documento que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo de Baja California Sur, firmado de recibido por la Oficialía Mayor de la XVI Legislatura, y en este se expresa lo siguiente:
“Encontrándome dentro de la temporalidad establecida en el numeral 58 del máximo ordenamiento legal del Estado, en correlación al artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur y conforme a las facultades que me confiere el numeral 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, presento atenta y respetuosamente para la consideración de ese Honorable Congreso del Estado, Veto Total al Decreto 3023, por considerar que existen observaciones que deben ser atendidas conforme a lo establecido en el numeral 60, de nuestra Carta Suprema del Estado”. [sic]
Es por ello que se cuestionó al mandatario sobre dónde se encuentra la falla entre sus declaraciones, el documento entregado al Congreso y el anuncio del veto expuesto en Tribuna en sesión ordinaria, lo que atribuyó a un problema de comunicación.
“Yo creo que hay una falla de comunicación que tengo que corregirla. Yo no he vetado ninguna ley. Yo creo que el propio Congreso tendríamos que ponernos de acuerdo”, dijo.
Por último, manifestó que si es necesario consultar el tema con los colectivos LGBT+, lo hará con toda prudencia.
“Miren, yo siempre he tenido la voluntad que cualquier ley sea consensuada primero; si no hay consenso, hay que utilizar el veto si es necesario”, comentó.
