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Condenan a 30 años de prisión a viuda por asesinato de juez federal; intentó cobrar seguro

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, condenó, el 29 de abril de 2024, a 30 años de prisión, a Marisol Macías Gutiérrez, por el asesinato de su esposo, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales, con residencia en Toluca, ejecutado el 17 de octubre de 2016, mientras realizaba ejercicio en la calle Árbol de la Vida, entre 5 de Febrero y Adolfo López Mateos, en el municipio de Metepec, por un sujeto que lo sorprendió por la espalda y le disparó en la cabeza.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, obtuvo de un Juez Federal sentencia condenatoria en contra de una persona por el delito de homicidio agravado en grado de parentesco”, indicó la institución de procuración de justicia, a través de un comunicado.


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“De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima quien se desempeñaba como Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, fue asesinado en la colonia Llano Grande, en Metepec, Estado de México; por lo anterior, en el 2019 se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Marisol ‘M’, por el delito referido”, detalló la FGR.

“En consecuencia, y tras las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), un Juez de Distrito con sede en Almoloya de Juárez, mediante Juicio Oral, dictó sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Marisol ‘M’, reparación del daño, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles”, abundó la Fiscalía General de la República.

Según la FGR, la viuda del juez federal presuntamente planeó el crimen con el objeto de cobrar el seguro de vida de su marido, quien era originario de León, Guanajuato, igual que ella. Macías Gutiérrez fue detenida el 8 de octubre de 2019, en ese mismo municipio, con base en una orden de aprehensión.


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Luego, el 14 de octubre de 2019, una Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó contra Macías Gutiérrez, la prisión preventiva de oficio, en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, una prisión estatal ubicada en ese mismo municipio mexiquense.

La FGR informó, en ese entonces, que, a tres años de ocurridos los hechos, las investigaciones se retomaron con las aportaciones de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, así como con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Centro Nacional de Información.

Algunas versiones periodísticas indicaron que dos jóvenes hermanos identificados como José Antonio y José Alberto Vara Espinosa, habrían estado involucrados en el asesinato del juez federal, ya que el primero de ellos habría sostenido una relación sentimental con Macías Gutiérrez.

Los indicios eran, por un lado, que el padre de los dos mencionados estaba preso en el Centro Federal de Readaptación (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, cuando el juez federal fue asesinado y, por otro, que un taxista declaró haber llevado a los hermanos por el rumbo donde vivía la víctima.

Según informaron fuentes judiciales al diario de circulación nacional Reforma, paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y trasladaron aún con vida al juez federal, de 37 años de edad, a la clínica número 251, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde falleció.

En marzo de 2015, cuando Bermúdez Zacarías aún se desempeñaba como titular del Juzgado Sexto Penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, arraigó por 40 días, sin una orden de aprehensión de por medio, a Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bermúdez tenía tres años como juez de Distrito, y como juez de amparo, conocía de demandas de este tipo contra actos de jueces penales, tanto federales como locales, entre ellos órdenes de aprehensión y autos de formal prisión.

Las fuentes del citado rotativo aseguraron que Bermúdez Zacarías trabajó en uno de los juzgados Especializados en Arraigos, Cateos e Intervención de Comunicaciones Privadas, en el sur de la Ciudad de México.

Originario de León y egresado de la Universidad de Guanajuato, Bermúdez Zacarías también fue secretario en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, precisamente en su estado natal.

Según el mismo medio, el asesinato del juzgador federal fue confirmado por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al inicio de la sesión pública del 17 de octubre de 2016.

“Estamos en contacto con las autoridades competentes para que investiguen el caso y se resuelva […] Los jueces federales son personas que dedican su vida y su integridad al servicio de la impartición de justicia en nuestro país, y se requiere que tengan las condiciones de seguridad que garanticen su independencia”, dijo Aguilar Morales, para después pedir al pleno de la SCJN un minuto de silencio para Bermúdez Zacarías.

Por su parte, en el marco de los trabajos inaugurales de la 59 Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados en la Ciudad de México, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lamentó el asesinato del juez federal e instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer la indagatoria y dar con lo responsables del asesinato.

“Por instrucciones de la titular de la PGR, Arely Gómez González, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal y el delegado de la Institución en la entidad mexiquense, Noé Rodríguez Cervantes, se reunieron con el Procurador General de Justicia del Estado, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a quien comunicaron la determinación de atraer la indagatoria y establecer los plazos para la pronta recepción del expediente de investigación, iniciado por la autoridad local”, señaló la entonces Procuraduría General de la República, en un comunicado.

La tarde de ese mismo día, el entonces gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reveló en un acto público celebrado en el municipio de Chicoloapan, que existía un video de la agresión que sufrió el juez federal.

La grabación fue captada por las cámaras de seguridad del fraccionamiento donde ocurrió la agresión contra Bermúdez Zacarías. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) condenó la filtración del video y advirtió que “infringe la obligada reserva legal de la investigación, compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas, en este caso su familia”.

El CJF agregó que “recurrir a la filtración de una prueba tan importante como ésta, revela un interés distinto, y ciertamente repudiable, al de preservar un elemento valioso que permita la oportuna detención de los probables responsables”.

Bermúdez Zacarías también fue juez en el caso del defensor de bosques y líder indígena Ildefonso Zamora Baldomero, liberado en agosto de 2016, luego de permanecer nueve años preso acusado por el delito de robo a casa habitación con violencia, el cual nunca le fue comprobado.

En septiembre de 2015, el mismo juez federal, conoció la demanda de amparo presentada por el presidente del diario UnoMásUno, el empresario Naím Libien Kaui, para frenar la orden de aprehensión que tenía en su contra, por una presunta defraudación fiscal de 11 millones 413 mil 886 pesos. Sin embargo, Bermúdez Zacarías, quien recibió la petición, se declaró incompetente por territorialidad y la turnó a un juzgador en la materia de la Ciudad de México.

JUEZ FEDERAL EJECUTADO LLEVABA CASOS DE CAPOS DEL NARCO; ABOGADO DE “EL CHAPO” DESLINDA A SU CLIENTE

El 18 de octubre de 2016, José Refugio Rodríguez Núñez, abogado del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, rechazó que su cliente estuviera involucrado en el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en el noticiero matutino de Televisa, el defensor del ex líder del Cártel de Sinaloa dijo que las versiones que querían involucrar a su cliente con el asesinato del juez federal, eran “puro amarillismo”.

El litigante señaló que no tuvo contacto con el juez federal, ya que Bermúdez Zacarías llegó en marzo de 2016 al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales, con residencia en Toluca, y que aunque no tuvo el gusto de conocerlo, dijo que “su actuar era honesto”.

“Es amarillismo y es hablar sin ninguna base, para establecer quién dio suspensión”, insistió el abogado, cuando Loret de Mola Álvarez le preguntó respecto al amparo para evitar la extradición del capo sinaloense a Estados Unidos, la cual se resolvió en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales, con residencia en Toluca, pero en el que Bermúdez Zacarías todavía no asumía como titular.

Por otra parte, Rodríguez Núñez calificó como reprobable el asesinato del juez federal y dijo que estas eran acciones que “indignan a la sociedad”. El abogado de “El Chapo” aseguró que él como litigante no tuvo contacto con Bermúdez Zacarías, pero que sabía que “era una persona honesta”.

Mientras que al diario Excélsior, el litigante le explicó que a su cliente “no se le afectó ni se le benefició con la resolución del caso”, por parte de Bermúdez Zacarías, y recordó que un juicio de amparo era sólo para ganar tiempo: “La resolución ya venía concedida desde la Ciudad de México”, dijo el abogado del capo sinaloense.

Luego, en otra entrevista posterior, esta vez con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, otro abogado de “El Chapo”, Carlos Castillo Castillo, dijo que el juez federal asesinado sólo analizó la solicitud de extradición de su cliente a Estados Unidos, pero no la aprobó.

Asimismo, Castillo Castillo abundó que “su señoría, el licenciado Vicente, trataba miles de asuntos en un Juzgado de Distrito de Amparo; no nada más penales, no nada más cuestiones de traslado”.

Además, el abogado precisó que “en ese momento, en ese punto, el licenciado Vicente [Bermúdez] no era titular de ese Juzgado de Distrito” y sólo le tocó analizar el fondo de la solicitud de amparo a favor de “El Chapo”.

Castillo Castillo también calificó a Bermúdez Zacarías como “una persona, como cualquier miembro del Poder Judicial, capaz, eficaz, estudiosa, muy humilde, un trato muy sencillo, muy honesto”.

Además del caso de “El Chapo”, Bermúdez Zacarías determinó el arraigo por 40 días de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y llevó el juicio de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”.

El recurso jurídico impulsado por los abogados del “Z-40”, líder del Cártel de Los Zetas, era analizado desde una semana antes de su asesinato, por Bermúdez Zacarías, y buscaba desechar cualquier intento por trasladarlo a otro penal de máxima seguridad.

Aunado a lo anterior, el impartidor de justicia avaló en 2015 el arraigo de 40 días al que fue sometido “El Cuini”, mientras se realizaban las investigaciones necesarias para finalmente internarlo en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”.

Bermúdez Zacarías estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato (UG) y posteriormente realizó la Maestría en Derecho Penal, por la Universidad Iberoamericana, Campus León. También fungió como secretario en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, en su estado natal. Fue juez de Distrito desde diciembre de 2013 y era especialista en el Sistema Penal Acusatorio y del Juicio de Amparo.

Otros juicios de suspensión de garantías que estaban bajo el análisis del impartidor de justicia asesinado, eran los que en su momento presentó Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” -ahora en libertad-, supuesto lugarteniente del grupo criminal de Guerreros Unidos, presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Foto: Tomada de Internet / Google Imágenes

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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