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miércoles, abril 10, 2024
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Suprema Corte de EU avala ley de Texas, para arrestar a inmigrantes sospechosos de cruce ilegal

Menos de 24 horas después de haber puesto en suspenso la Ley SB 4 de Texas, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, con la oposición de los magistrados liberales, decidió, el 19 de marzo de 2024, permitir la entrada en vigor de dicha norma, que permitiría a la Policía de dicho estado, arrestar a inmigrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a EE.UU. y que iba a entrar en vigencia el día 5 del mismo mes y año.

Pero que fue bloqueada el 29 de febrero de 2024, por el juez federal David Ezra, tras ser impugnada por grupos de defensa de derechos humanos, encabezados por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), un día después de ser firmada por el gobernador de Texas, el 18 de diciembre de 2023.


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Los demandantes alegaron que dicha ley estatal era inconstitucional, porque violaba la supremacía de la norma federal, que regulaba la inmigración en Estados Unidos, sobre las medidas aprobadas por un estado de EE.UU.

Sin embargo, en una decisión dividida, el máximo tribunal de Estados Unidos permitió su implementación, el 19 de marzo de 2024, al argumentar que primero debería ser una corte de apelaciones, la que revisara el proceso, para determinar si la legislación promulgada por el gobernador texano era constitucional.

“La Corte da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que consideró la ley concluyó que probablemente es inconstitucional”, escribió en una opinión disidente, la magistrada latina Sonia Sotomayor.


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“Se ordena que la suspensión emitida el 4 de marzo de 2024 sea por este medio extendida, pendiente de una orden ulterior del firmante o de la Corte [Suprema]”, dictaminó el magistrado Samuel Alito, de orientación conservadora, el 18 de marzo de 2024.

Alito había puesto temporalmente en suspenso la entrada en vigor de la legislación promulgada por el gobernador texano, un día antes de que comenzara a tener efecto el 5 de marzo 2024 e impuso un plazo para tomar una decisión adicional en un periodo que terminaba el día 18 del mismo mes y año.

“La SRE rechaza cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará velando por la protección consular de las y los mexicanos en donde quiera que se encuentren”, escribió la Cancillería mexicana en su cuenta de la red social X, tras la primera resolución del máximo tribunal de EE.UU.

“La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de permitir la entrada en vigor de la Ley SB4 traerá la criminalización de migrantes y dará lugar a numerosos abusos y discriminación en contra de connacionales. Es el mayor retroceso en materia de derechos humanos en los Estados Unidos en lo que va del siglo”, escribió Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la SRE -desde 1 de diciembre de 2018, hasta su renuncia el 12 de junio de 2023-, también en X, pero tras la última resolución del máximo tribunal constitucional estadounidense.

La ley de Texas convertiría la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. Ante ello, los jueces de primera instancia de Texas deberían ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen.

Abbott promulgó, el 18 de diciembre de 2023, en Brownsville, la ley SB 4, que permitiría a la Policía estatal detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos con México y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país, lo que se tipificará como nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que irían de 180 días de cárcel a 20 años de prisión.

Ante ello, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló, el 20 de diciembre de 2023, que impugnaría la ley promulgada por el gobernador de Texas, a quien señaló que estaba usurpando funciones con dicha medida, ya que el tema correspondía al Congreso de EE.UU. y a su homólogo estadounidense Joseph Biden.

“Está haciendo ya un trámite [Secretaría de] Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano en Estados Unidos y quiere con esas medidas ganar popularidad, no va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes”, expuso el político tabasqueño.

“Se le olvida que Texas era de México y se le olvida que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y se le olvida que esa gran nación se consolidó y se fortaleció gracias a los migrantes del mundo y se le olvida que en la Biblia se dice que no hay que tratar mal a los forasteros, esto lo digo porque está en el Antiguo Testamento”, añadió el mandatario nacional.

“Vamos nosotros a intervenir porque además esas son facultades que tienen que ver con la unión federal de Estados Unidos y esas no son atribuciones de los estados, él está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior y eso corresponde al Congreso y al presidente de Estados Unidos”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también calificó la medida como inhumana y politiquera.

“Es algo inhumano, politiquero, este señor ¿saben lo que ha hecho? Manda a detener a migrantes en esta temporada de frío y los lleva a Nueva York y los tiran enfrente de las casas donde viven los dirigentes demócratas, enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris, es un señor de malas entrañas, malo de malolandia, pero no le va a funcionar”, apuntó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Por otra parte, un grupo de organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la ACLU, presentaron una denuncia, el 19 de diciembre de 2023, ante un tribunal federal en Austin, para acusar que la Ley Abbott infringe la autoridad constitucional que tiene el Gobierno Federal de EE.UU. para hacer cumplir las leyes de migración de dicho país.

Según la demanda, la nueva ley promulgada en Texas, era un intento de “arrebatar el control sobre la migración del Gobierno Federal y privar a las personas sujetas a ese sistema de todos los derechos federales y el debido proceso que les proporcionó el Congreso”.

La demanda nombró como acusados al Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes estarían ahora facultados para realizar arrestos conforme a la ley, y al Fiscal de Distrito de El Paso, Bill Hicks, oficina que procesaría los delitos. No obstante, Abbott anticipó en un comunicado, que llevaría el caso hasta la Corte Suprema de EE.UU., si era necesario.

Mientras que en una rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la ley Abbot, el 20 de diciembre de 2023, y predijo que no serviría para aumentar la seguridad en las poblaciones texanas cercanas a la frontera con México.

Según la portavoz de Biden, la legislación impulsada por el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, demoniza y deshumanizaba profundamente a los migrantes que llegaban a Estados Unidos.

“Esto no es lo que debemos ser como país”, reivindicó Jean-Pierre, quien recordó que la medida se sumaba a una serie de políticas antiinmigración de Abbott, como la colocación de alambres de púas en la frontera.

Al ser cuestionada por la prensa, la portavoz no aclaró si la Administración de Biden demandaría a Texas por esta ley, como ya había hecho en anteriores ocasiones, y dijo que esta era una decisión que debía tomar el Departamento de Justicia.

La ley, aprobada en noviembre de 2023, por la mayoría republicana del Congreso local, permitiría a cualquier policía, a los sheriffs y a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), tener derecho de parar a personas para preguntar cuál es su estatus migratorio y detener a personas sospechosas de haber entrado ilegalmente en el país.

Una vez detenidas, podrían aceptar la orden de un juez texano de abandonar Estados Unidos o ser procesadas por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no acataran la orden, podrían ser detenidos, de nueva cuenta, por delitos graves.

Además, en caso de caer en algún delito grave, las personas podrían pasar de 2 a 20 años en prisión, así como recibir multas. En EE.UU., las operaciones de inmigración son llevadas a cabo por agentes del Gobierno Federal, pero la SB 4 creó nuevas capacidades para que las autoridades de Texas pudieran aplicar el tema migratorio y arrestar a indocumentados.

“La deliberada falta de acción del Gobierno de Joe Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí mismo. Los autores de nuestra Constitución previeron una situación donde el Gobierno Federal dejaba desatendido a los Estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras”, aseguró Abbott, frente al muro fronterizo entre México y EE.UU.

El gobernador afirmó que el estado actual de la frontera representaba “un riesgo a la seguridad nacional” de Estados Unidos. Citó, como ejemplo, que durante 2022 intentaron entrar por dicha entidad, de manera ilegal, 24 mil ciudadanos de China.

Según Abbott, quien hasta diciembre de 2023 había expulsado de su territorio a 65 mil migrantes en autobuses y los había enviado a otros estados, la SB4 ayudaría a frenar “la oleada” que ha llegado a Texas.

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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