Los funcionarios federales Marte Antonio Camacho Solano y María Elizabeth Paredes Sánchez estarían por renunciar al Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, luego de que recuperaron su libertad por fallas en el debido proceso, de acuerdo al juez Óscar Saúl Cortés Ortiz, tras ser detenidos durante un cateo en el que se aseguraron más de un millón de pesos y documentos que los podrían implicarlos en casos de extorsión en Tijuana contra migrantes que buscan el asilo humanitario en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) cateó el pasado jueves 29 de febrero a las 6 horas, un domicilio en el fraccionamiento Santa Fe, en Tijuana del encargado de turno de la Garita de El Chaparral, Marte Antonio Camacho Solano. En el inmueble ubicado en la privada Alicante, cerca del parque de la quinta sección, fueron asegurados: un millón 90 mil pesos, 27 mil dólares, 15 cartuchos útiles y documentos domésticos con una relación de transacciones en las que presuntamente está involucrado el empleado del Instituto Nacional de Migración desde hace casi dos décadas de acuerdo a las fuentes consultadas por ZETA.
Debido a que el cateo fue ejecutado a las seis de la madrugada del pasado 29 de febrero, terminó a las 12 del día y el acta fue terminada a las 6 de la tarde; el sábado 2 de marzo el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz determinó que hubo “demora en la presentación de pruebas”, por lo que Camacho Solano, salió en libertad. El fallo podría ser impugnado por la FGR y se buscaría que se lleve el proceso en libertad.
Desde el 2 de marzo hasta el mediodía de este miércoles 20, ambos implicados, Camacho Solano y Paredes Sánchez, continúan trabajando en el INM y se espera que en las próximas horas presenten su renuncia.
En su trayectoria, Camacho Solano ha participado en diferentes tareas en el INM de la ciudad de Tijuana, hasta llegar a ser el responsable de la estación migratoria central como subdirector, responsable de atender a los migrantes y procesar sus casos.
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“Es una estructura vieja y viciada, que están bien amarrados en la Ciudad de México y que creo que no depende de David. Eso ya se escuchaba a voces, por lo que se halló en su domicilio. Incluso se documentó porque había migrantes que dieron su testimonio y por eso se sabía, incluso de crimen organizado”, explicó un activista que pidió conservar su anonimato ante lo delicado del caso.
El juez Óscar Saúl Cortés Ortiz que concedió la libertad a ambos trabajadores de migración a pesar de ser sorprendidos con armamento, dinero y documentos en su domicilio en Tijuana, es reconocido como “Grand Turismo” por otro caso registrado el 19 febrero de 2024, en el que determinó que cuatro implicados en un cateo donde fueron aseguradas drogas, fueran trasladados y hospedados en un domicilio de la plataforma Air Bnb en el fraccionamiento Agua Caliente y así pudieran asistir cómodamente a su siguiente audiencia, derivada de un caso de marzo de 2023.
