El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que México no aceptaría deportaciones provenientes del Gobierno de Texas, en caso de que dicho estado pretendiera deportar personas amparándose en la Ley SB 4 que, un día antes, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, con la oposición de los magistrados liberales, decidió, permitir la entrada en vigor de dicha norma, que dotaría de facultades a las autoridades texanas, arrestar a inmigrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a EE.UU.
“Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, indicó el mandatario mexicano, quien durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional- también calificó dicha ley, como “draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos”.
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“Una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, normas de la convivencia humana, no sólo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo”, insistió el político tabasqueño.
El 19 de marzo de 2024, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió que en materia migratoria, era un momento complicado ante la aprobación de la la ley antiinmigrante en Estados Unidos, que, según dijo, era xenófoba y discriminatoria.
“Estamos en un momento crítico, dónde la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó la Ley SB4. Es una anti inmigrante, xenófoba y discriminatoria. Lo que dice es que cualquier persona que circule en Texas puede ser detenida por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado, aunque haya llevado años y años de vivir en Estados Unidos”, afirmó la funcionaria federal, durante la XLI Asamblea Anual Ordinaria de Asociados, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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“Resulta que nuestros mexicanos aportan 324 mil millones de dólares al año a la economía norteamericana. El [Producto Interno Bruto] PIB de Colombia es de 314 mil millones de dólares. Nuestros mexicanos en Estados Unidos aportan más que el PIB de Colombia. De cada 10 trabajadores agrícolas, siete son mexicanos”, destacó la canciller.
Bárcena Ibarra añadió que Donald Trump sería bienvenido, en caso de ganar las elecciones para la Presidencia de EE.UU. No obstante, cuestionó qué harían las empresas de dicho país si los mexicano fueran deportados.
“Bienvenido Donald Trump a regresar a los mexicanos. A ver qué hacen las empresas agrícolas, las empresas manufactureras. Los 65 mil millones de dólares en remesas, son el 18 por ciento del ingreso del mexicano. El 82 por ciento se queda en Estados Unidos”, subrayó la titular de la SRE
“[En] @SRE_mx seguimos de cerca litigio vs #SB4 y los desarrollos judiciales muy contradictorios. Aconsejamos a personas mexicanas en #Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos ante actos antiinmigrantes, discriminatorios o de corte racial. No están sol@s!”, escribió Bárcena Ibarra, en su cuenta de la red social X.
“La Ley SB4 de Texas sorpresivamente entra en vigor hoy. Atenta contra los derechos de los migrantes. Al frente de SRE he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas en movilidad”, expresó la funcionaria federal, en su cuenta de la red social, antes Twitter.
A través de un comunicado, la Cancillería señaló que dicha medida pretendía detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentaban contra los derechos humanos de la comunidad migrante.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Gobierno de México también cuestionó las disposiciones legales que afectaban los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano, que residían en Texas, “generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
La SRE reiteró su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. Asimismo, subrayó que el Gobierno de México no aceptaría, bajo ninguna circunstancia. repatriaciones por parte del estado de Texas.
“México reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local”, abundó la Cancillería.
Por su parte, la Casa Blanca condenó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, de avalar la ley SB4. En un comunicado, Karine Jean-Pierre, vocera del gobierno de Joseph Biden criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal de EE.UU. y tildó la legislación de “inconstitucional”.
“[La normativa] no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur”, señaló la jefa de prensa de la Casa Blanca, quien añadió que la legislación, era un ejemplo de la “politización de la frontera por parte de los republicanos”.
Mientras que la fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X, la decisión de la Suprema Corte de EE.UU. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, subrayó.
En un inicio, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el 5 de marzo de 2024, pero el juez federal David Ezra bloqueó la norma el 29 de febrero del presente año.
Ello tras ser impugnada por grupos de defensa de derechos humanos, encabezados por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), un día después de ser firmada por el gobernador de Texas, el 18 de diciembre de 2023.
Los demandantes alegaron que dicha ley estatal era inconstitucional, porque violaba la supremacía de la norma federal, que regulaba la inmigración en Estados Unidos, sobre las medidas aprobadas por un estado de EE.UU.
Paxton impugnó la decisión de Ezra en el Quinto Circuito Federal de Apelaciones de Nueva Orleans y obtuvo su respaldo, por lo que los demandantes acudieron a la Corte Suprema, para evitar que entrara en vigencia la ley, pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
Menos de 24 horas después de haber puesto en suspenso la Ley SB 4 de Texas, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, con la oposición de los magistrados liberales, decidió, el 19 de marzo de 2024, permitir la entrada en vigor de dicha norma, que dotaría de facultades a las autoridades texanas, arrestar a inmigrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a EE.UU.
En una decisión dividida, el máximo tribunal de Estados Unidos permitió la implementación de la Ley SB 4, el 19 de marzo de 2024, al argumentar que primero debería ser una corte de apelaciones, la que revisara el proceso, para determinar si la legislación promulgada por el gobernador texano era constitucional.
“La Corte da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que consideró la ley concluyó que probablemente es inconstitucional”, escribió en una opinión disidente, la magistrada latina Sonia Sotomayor.
“Se ordena que la suspensión emitida el 4 de marzo de 2024 sea por este medio extendida, pendiente de una orden ulterior del firmante o de la Corte [Suprema]”, dictaminó el magistrado Samuel Alito, de orientación conservadora, el 18 de marzo de 2024.
Alito había puesto temporalmente en suspenso la entrada en vigor de la legislación promulgada por el gobernador texano, un día antes de que comenzara a tener efecto el 5 de marzo 2024 e impuso un plazo para tomar una decisión adicional en un período que terminaba el día 18 del mismo mes y año.
Sin embargo, ocho horas y 40 minutos después de la decisión de la Suprema Corte de EE.UU., la noche del 19 de marzo de 2024, el Quinto Circuito Federal de Apelaciones de Nueva Orleans frenó la implementación de la ley antimigratoria texana.
“Todavía tenemos que tener audiencias en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero esto es claramente un avance positivo”, dijo el gobernador de Texas, el 19 de marzo de 2024, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Abbott promulgó, el 18 de diciembre de 2023, en Brownsville, la ley SB 4, que permitiría a la Policía estatal detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de EE.UU. con México y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país, lo que se tipificaría como nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas.
Ante ello, los jueces de primera instancia texanos, deberían ordenar a los migrantes que regresen a territorio mexicano, con penas que irían de 180 días de cárcel a 20 años de prisión, para quienes se nieguen.
