Tras casi dos días de deliberaciones, un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, declaró culpable, el 8 de marzo de 2024, a Juan Orlando Hernández Alvarado -presidente de Honduras, en un primer período de mandato que comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizó el 27 de enero de 2018, fecha en que inició su segundo período, que concluyó el 27 de enero del 2022-, de tres cargos relacionados con el narcotráfico.
P. Kevin Castel, el juez que presidió el juicio contra Hernández Alvarado -que duró casi dos semanas-, recibió una nota del jurado en el que se informaba que habían llegado a un veredicto unánime contra el presidente hondureño.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó tres cargos contra el ex mandatario hondureño: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento, durante la conspiración de narcotráfico.
Hernández Alvarado podría ser sentenciado a un máximo de cadena perpetua, por cada uno de los cargos. Sin embargo, el ex presidente hondureño rechazó todos los cargos y compareció durante el juicio como parte de su defensa.
El ex mandatario hondureño -de 55 años de edad- fue señalado de conspirar con su Ejército y la Policía del país centroamericano, para permitir que hasta 500 toneladas de cocaína ingresaran sin obstáculos a Estados Unidos.
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Según lo narraron diversas agencias internacionales, flanqueado por sus abogados, momentos antes de que el juez convocara a las partes para escuchar el fallo, Hernández Alvarado. Después, siguió el veredicto moviendo la cabeza con incredulidad, a medida que el portavoz del jurado respondía a cada una de las preguntas que formuló Castel, para establecer la culpabilidad del ex mandatario hondureño.
“Soy inocente, díganselo al mundo, los amo”, dijo Hernández Alvarado, al abandonar la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dirigiéndose a sus familiares, entre ellas dos cuñadas, y los tres generales que vinieron a testificar a su favor durante el juicio.
Hernández Alvarado fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo, el 27 de enero de 2022 y extraditado a Estados Unidos, en abril de ese mismo año.
Antes de que el jurado comenzara a deliberar, el 7 de marzo de 2023, el juez Castel les explicó a los 12 miembros del jurado, qué significaba cada cargo y les enfatizó que la posible condena que podría recibir Hernández Alvarado, no debía considerarse en las discusiones.
El ex mandatario hondureño subió al estrado, el 5 de marzo de 2024 y negó las acusaciones en su contra. En su relató afirmó que fue él quien le dijo a su hermano, el ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, que se presentara ante las autoridades estadounidenses, que lo condenaron en marzo de 2021, a cadena perpetua.
Los abogados del ex presidente le preguntaron por las supuestas reuniones y acuerdos con narcotraficantes, pero Hernández Alvarado afirmó que no prometió protección a narcotraficantes y negó haberse reunido con la mayoría de los miembros de los carteles Los Cachiros o Los Valle.
No obstante, Hernández Alvarado reconoció durante su testimonio en el juicio, que se pagó dinero del narcotráfico a prácticamente todos los partidos políticos de Honduras, pero él mismo negó haber aceptado sobornos .
El ex mandatario hondureño señaló que había visitado la Casa Blanca, en Washington D.C. y se había reunido con presidentes estadounidenses, además de que, según él, había colaborado en la guerra contra las drogas y que trabajó con Washington para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Un testigo aseguró que el hermano del ex presidente hondureño acordó con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” -entonces líder del Cártel de Sinaloa-, protección para una ruta de tráfico si Hernández Alvarado era elegido
Sin embargo, el ex presidente de Honduras negó haber recibido un millón de dólares de “El Chapo” y del Cártel de Sinaloa. También agregó que jamás conoció al narcotraficante mexicano, ni a ningún miembro de su organización criminal.
El ex mandatario también testificó que fue él quien pidió al Ministerio Público hondureño, que investigara a su hermano. Posteriormente, según declaró, instó a “Tony” a que se presentara ante las autoridades estadounidenses.
No obstante, consultado respecto a si eran cercanos, el ex presidente hondureño resaltó la diferencia de edad con su hermano menor. “Teníamos más de 10 años de diferencia, yo salí de mi casa a los 13 años para estudiar”, dijo.
El 7 de febrero de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU reveló públicamente que había impuesto restricciones a la visa de Hernández Alvarado, para entrar a dicho país, como parte de una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica.
Entonces, el ex presidente de Honduras escribió una carta abierta, en la que dijo que se enteró por los medios de comunicación y las redes sociales, de la decisión del Gobierno de Estados Unidos. Además, señaló que su Administración se enfrentó de manera valiente contra el crimen organizado en todas sus formas.
El ex mandatario del país centroamericano indicó, también, que durante su Gobierno se redujo en un 83 por ciento el tránsito de droga por Honduras, pasando de 87 por ciento antes de que asumiera el cargo en 2013, a solo el 4 por ciento en el 2020.
Hernández Alvarado enfatizó que le sorprendía que la decisión, según él, se basara en reportes de medios de comunicación, así como en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su Gobierno o tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de EE.UU.
El senador estadounidense Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió a principios de febrero de 2022, al Gobierno del presidente Joseph Biden, que le revocara la visa a Hernández Alvarado y lo designara como “importante traficante extranjero de narcóticos”, en virtud de la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos (Kingpin), lo que ilegaliza que las compañías e individuos estadounidenses hagan negocios con él.
El 30 de marzo del 2021, el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sentenció al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado -hermano del entonces presidente de Honduras, a cadena perpetua, más 30 años, por crímenes de narcotráfico y de recibir millones de dólares (mdd) de sobornos recibidos por parte del crimen organizado.
“Sobre la base de la libre elección de Tony Hernández de dedicarse a una vida de tráfico de drogas durante 12 años, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida”, declaró el juez federal Kevin Castel.
Los fiscales del caso pidieron cadena perpetua para “Tony” por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado” hondureño, junto con el presidente de Honduras. También pretendían que el hermano del mandatario hondureño devolviera 138.5 millones de dólares de “dinero de sangre”, producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague una multa adicional por 10 mdd.
Durante la conclusión de un juicio que duró un año y medio, los fiscales mencionaron de forma reiterada al entonces presidente hondureño, acusándolo de aceptar sobornos por parte de traficantes de drogas, tal como sucedió con el juicio al supuesto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
Sin embargo, tanto el entonces presidente Hernández Alvarado, como la Casa Presidencial de Honduras, desmintieron dichas acusaciones en ruedas de prensa y a través de sus cuentas en la red social Twitter. El mandatario hondureño aseguró que se trataba de mentiras por parte de narcotraficantes y asesinos, que querían reducir sus sentencias.
Aunque el entonces presidente de Honduras no enfrentaba cargos en Estados Unidos, había sido calificado en dicho país como “co-conspirador” en el caso de su hermano. Asimismo, un grupo de senadores estadounidenses presentó en esas fechas, un proyecto que pedía a Biden impusiera sanciones contra Hernández Alvarado.
Asimismo, los legisladores de la Cámara alta de EE.UU. solicitaron al Gobierno de Biden determinara si el entonces mandatario hondureño era un “traficante de narcóticos especialmente designado”, lo que significaría que sus bienes podrían quedar congelados y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos.
Según los fiscales estadounidenses, Hernández Alvarado recibió varios pagos de narcotraficantes a cambio de garantizar la protección del Gobierno hondureño. Dicho dinero sirvió para financiar campañas electorales y comprar votos de políticos del Partido Nacional, entre ellos el del entonces presidente de Honduras.
No obstante Peter Brill, abogado de “Tony”, dijo que las acusaciones de EE.UU. contra su cliente por narcotráfico, eran un claro intento de implicar al entonces mandatario hondureño e intervenir en Honduras para cambiar el Gobierno y violar la soberanía del país centroamericano.
“Este caso es otro en una larga fila de desventuras de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos, esta vez para cambiar un régimen a los niveles más altos en Honduras”, escribió Brill.
LIGAN AL PRESIDENTE DE HONDURAS CON EL “CHAPO” GUZMÁN
El 7 de octubre del 2019, Amilcar Alexander Ardón, ex alcalde del municipio hondureño de El Paraíso, en el Departamento de Copán, y ex traficante de droga, ratificó que el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, le entregó un millón de dólares a “Tony” Hernández Alvarado, en 2013, para la campaña presidencial del entonces presidente de Honduras.
El dinero -que estaba en fajos de billetes de 50 mil y 100 mil dólares- se habría puesto sobre la mesa en una reunión en el municipio que Ardón gobernaba y habría sido entregado ahí a “Tony” Hernández Alvarado, según lo dijo el ex alcalde de El Paraíso, durante la audiencia que se llevó a cabo ante el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según el testimonio del ex alcalde, “El Chapo” al parecer le dijo a un socio suyo, llamado “Don Amado”, que fuera a buscar los fajos de dinero a su automóvil. Después fueron colocados en la mesa. El capo sinaloense también pidió el número de teléfono a “Tony” Hernández Alvarado. En la reunión estaba Ardón, su hermano, Otto Salguero, Ronald Salguero, Melvin Pinto y Mario Calix, entre otros.
El 2 de octubre del 2019, el fiscal federal adjunto, Jason Richman, testificó durante otra audiencia, que el capo sinaloense dio un millón de dólares en sobornos a cambio de protección, al ex diputado hondureño, hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado, entonces presidente de Honduras.
El ex legislador hondureño fue detenido en un aeropuerto de Miami, Florida, en noviembre del 2018, y estaba acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades.
El Gobierno estadounidense aseguró durante la primera audiencia en la Corte, que el acusado, miembro del Congreso de Honduras de 2014 a 2018, estuvo involucrado al menos desde 2004, y durante más de 10 años, en procesar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a su país en avión, lanchas, y hasta en submarino.
Según Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado también estuvo involucrado en al menos dos asesinatos de narcotraficantes rivales, entre 2011 y 2013. Asimismo, parte de la cocaína que transportaba era etiquetada con sus iniciales “TH”.
La justicia estadounidense indicó que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas las del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó el país centroamericano del 2010 al 2014.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado “gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en ganancias de drogas”, para apoyar la campaña presidencial de su hermano, reelecto en unos cuestionados comicios en 2017.
“Esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas […] El fiscal no dijo eso, nunca dijo que el presidente recibió nada […] La alegación en sí es 100 por ciento falsa, absurda, y ridícula”, respondió el entonces mandatario hondureño en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares, el 17 de julio del 2019, por el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
