Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer, el 16 de febrero de 2024, que el Gobierno Federal no entregaría los expedientes de los contratos de Pegasus -programa informático desarrollado por el grupo israelí NSO-, debido a que dichos procedimientos no eran públicos, y lo único que les correspondía sería revelar que “hubo un fraude”.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal -adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- dijo que programa informático que se compró estaba sobrevaluado, además de que, según él, la operación y la tecnología del mismo, “son verdaderamente de seguridad nacional”.
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“Nosotros no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque nosotros no firmamos ningún contrato obviamente, la autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis, no sólo de esos contratos, sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos de lo que ampara esos contratos”, indicó Gómez Álvarez.
“No hay el menor problema y nunca lo ha habido, para entregar datos o referencias sobre el asunto de Pegasus. ¿Qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude, se compró por más de lo que valía”, detalló el funcionario federal.
“La UIF en México ha creado su propia tecnología, adecuada a las facultades legales que tiene, al hecho de que recibe todos los días centenares, y miles de reportes y avisos, en una compleja estructura tecnológica”, agregó Gómez Álvarez.
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“Piden que mostremos el diagnóstico. ¿Qué contiene el diagnóstico? El diagnóstico hace referencia a la tecnología que utiliza la UIF en sus actividades que le corresponden. Esa tecnología no es pública, ni puede serlo, es por definición y sin tener que hablar mucho, un asunto de seguridad nacional”, abundó el funcionario federal.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados, el 6 de febrero de 2024, los recursos de revisión con los que el Gobierno Federal pretendía no entregar información respecto a la contratación del programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO.
Por nueve votos contra dos -de las ministras Loretta Ortiz Alhf y Lenia Batres Guadarrama-, el Pleno del máximo tribunal constitucional resolvió los recursos de revisión 26/2021 y 27/2021, interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal , en noviembre de 2021, con el que la Presidencia de la República buscaba revertir las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Pleno de la SCJN ratificó la resolución del órgano constitucional autónomo, en la que instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar, en versión pública, información respecto a la contratación de Pegasus.
El Pleno del máximo tribunal constitucional indicó que no se encontraba acreditada la reserva de la información por razones de seguridad nacional, porque la clasificación de la información pública dependía de su contenido y no del sujeto que la emitía o las atribuciones del mismo, aun cuando contara con facultades relacionadas, como era el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SHCP.
