Sin la presencia del titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, así como de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se llevó a cabo, el 5 de febrero de 2024, la ceremonia del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevada a cabo en el Teatro de la República, en Querétaro, capital homónima de dicha entidad.
En su representación, el político tabasqueño envió a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal. Mientras que en lugar de Piña Hernández, acudió el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán.
Al evento también acudieron representantes del Poder Legislativo Federal, entre ellas Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Rivera Rivera, presidentas de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, así como el gobernador anfitrión, Mauricio Kuri González, y otros mandatarios estatales.
El 1 de febrero de 2024, tras la resolución de un día antes, de la Segunda Sala de la SCJN -que declaró inconstitucional la reforma aprobada en marzo 2021, por el Congreso de la Unión, a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Gobierno encabezado por el presidente López Obrador, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las compañías privadas-, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció que solicitarían un juicio político en contra de Pérez Dayán, quien ante el empate en la votación, emitió un sufragio ponderado.
Durante su intervención, el ministro defendió el espíritu de la Constitución de 1957, a la que le auguró una larga vida, así como la independencia, autonomía, honradez e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación (PJF), que dijo, estaba libre de remordimientos y comprometido con su vocación democrática.
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“El Poder Judicial cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento, Hay Constitución, que viva la Constitución de México”, enfatizó Pérez Dayán.
Al parafrasear a Alexander Hamilton, el ministro destacó que la Constitución era una ley fundamental y así debía ser considerada por los jueces. El Poder Judicial, según acotó, tenía perfectamente claras dichas palabras y entendía que por encima de la Constitución no había poder alguno, nada, ni nadie. “No permitamos que esto se olvide o se confunda”, insistió.
Pérez Dayaán resaltó que la Constitución de 1857 fue la que dio a la SCJN, las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no respetara la Carta Magna, independientemente de la fuente que proviniera, electa o no electa, sin distinción alguna.
El ministro refirió que los tres Poderes de la Unión, cualquiera que fuera su origen, eran democráticos, al surgir precisamente del propio estamento constitucional. “Aquí, ninguno es más democrático que el otro”, comentó.
Pérez Dayán indicó que por democracia se entendía, no sólo aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
“Hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución, es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero lo más doloroso sería dejarlo pasar”, abundó el ministro de la SCJN.
Pérez Dayán dijo que los magistrados y jueves no deben ser elegidos mediante el voto popular, como lo propone el presidente López Obrador, ya que tenían que ser independientes en sus decisiones. Asimismo, señaló que la militancia partidaria y la Judicatura, no eran afines.
“El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, expresó el ministro.
“Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizás hasta contra la opinión de los electores, la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo: militancia y Judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”, afirmó Pérez Dayám.
