La mayoría de las empresas encargadas de realizar las megaobras de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, tienen relación directa entre sí, han sido habitualmente favorecidas, o bien, subcontrataron a otros negocios ligados a políticos o constructores locales.
El grueso de los proyectos forma parte del programa Respira, con los que pretenden generar grandes beneficios en Mexicali, Tijuana y Ensenada, principalmente, para lo cual -en la mayoría de los casos- se concretaron acuerdos para signar contratos a “precio alzado”: un esquema que encuadra dentro de la legalidad, pero que infla los precios de manera sustancial, debido a que la empresa otorga un financiamiento plurianual, con sus respectivos intereses.
Más allá de que este esquema resulta eficiente, pero a la larga genera mayores costos, lo que enturbia aún más las cosas es que el Poder Ejecutivo utilizó a las empresas favoritas para concretar las grandes obras de su gobierno, como el puente Alamar-Terán Terán, en Tijuana, el Eje Central y la “vuelta inglesa” en Mexicali, entre otras obras.
Dichos proyectos forman parte de las necesidades urgentes derivadas del abandono histórico de las últimas dos administraciones en materia de infraestructura.
Durante su II Informe de Labores, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presumió que su gobierno ha invertido más de ocho mil millones de pesos en infraestructura, una cifra histórica que supera -por mucho- la erogación realizada durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, Francisco Vega de Lamadrid, y el bienio de Jaime Bonilla Valdez.
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Lo que no dijo es que, de ese monto, un total de cuatro mil 353 millones 737 mil 624.46 pesos se enfocan en las 10 grandes obras de la administración, las cuales se llevaron a cabo mediante este esquema de financiamiento plurianual que incrementa de forma sustancial los costos del proyecto.
De sumarle además otras obras entregadas por medio de adjudicación directa para la rehabilitación del Cañón del Matadero, el Puente los Olivos, el Nodo Morelos, de Ensenada; y el estacionamiento del Centro Histórico, la cifra alcanzaría los cuatro mil 578 millones 831 mil 689.56 pesos. Sin embargo, estas últimas no corresponden al esquema de precio alzado.
LAS OBRAS
El 16 de diciembre del 2021 y 1 de diciembre del 2022, el Gobierno del Estado envió dos oficios -respectivamente- con números 2741 y 2163 al Poder Legislativo, los cuales se incluyeron en la votación general del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023, donde de manera muy general se presentaron los proyectos de obra pública mediante contratos plurianuales para el ejercicio fiscal subsecuente.
Por tratarse de un gran cúmulo de proyectos que formaban parte de todo el esquema de egresos del Estado, muchos diputados no se dieron cuenta de que estaban aprobando permisos para adquirir compromisos con empresas para contratos a pagarse a dos, tres o hasta cinco años.
Entre las obras planteadas en este esquema conocido como “precio alzado”, se encuentran:
*La primera etapa de la construcción del puente y paso deprimido del bulevar Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, con un monto de 640 millones 734 mil 643.17 y número de contrato C-SIDURT/OPP-23-MXL-06.
*Remodelación Gómez Morín Sur, de Terán Terán a Anáhuac; y Ampliación de Calzada Cetys, con un costo de 417 millones 707 mil 320.14 y con número de contrato C-SIDURT-SH-OPF-22-MXL-02.
*Ampliación Islas Agrarias, con un monto de millones 286 mil 248.28 y número de contrato C-SIDURT/SH-OPF-MXL-01 335.
*Puente Casa Blanca, con una inversión de 378 millones 573 mil 467.91 y contrato C-SIDURT/SH-OPF-22-TIJ-03.
*Nodo Alamar-Terán Terán, con un costo de 745 millones 941 mil 883.52 y número de contrato C-SIDURT/SH-OPF-22-TIJ-04.
*Nodo Morelos, con un costo de 356 millones 083 mil 255.77 pesos, según el contrato C-SIDURT/OPP-23-TIJ-05.
*Construcción del Hospital la Morita, con un monto de 468 millones 844 mil 543.49, según el contrato C-SIDURT/OPP-23-01.
*Edificio de la Auditoría Superior del Estado, con un monto de 259 millones 510 mil 758.23 pesos, según el contrato C-SIDURT/OPP-23-MXL-02.
*Puente Eje Central, con un monto de 287 millones 749 mil 736.16 pesos, según el contrato C-SIDURT/OPP-23-MXL-03
*Adecuación del Nodo el Sauzal, con un monto de 463 millones 265 mil 761.79 pesos, según el contrato C-SIDURT/OPP-23-ENS-04.
Si bien éstas son las grandes obras de la administración morenista, existen otros proyectos que robustecen la infraestructura del Estado, como:
*Estacionamiento multinivel del Centro Histórico (en la zona de la Chinesca), con un monto de 94 millones 475 mil 346.15 pesos, según el contrato C-FIES/FINANCIAMIENTO-22-MXL-01.
*Reconstrucción del puente los Olivos, con un monto de 44 millones 293 mil 883.74, según el contrato SIDURT-BC-FINANCIAMIENTO-22-125.
*Rehabilitación del acueducto Morelos, con un monto de 46 millones 551 mil 724.14 pesos, según el contrato D-PRON-22-ENS-35
Estas obras no corresponden directamente al esquema de precio alzado, pero también representan grandes montos que concluyeron en obras ligadas a las mismas empresas.
Al ser cuestionado sobre el tema, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), comentó que en los últimos años no ha habido inversiones importantes en Baja California; y esperar a tener un “guardadito” resultaría complicado, además de que retrasaría la inversión.
“Hacienda maneja la parte técnica, esperando que se cumplan con todos los alcances, y ya revisa Hacienda su propuesta financiera. Dame tu propuesta y vamos a ir a pagar al banco, se lo va a pagar a la empresa, y ellos tener la solvencia, y el Estado me va a pagar; en el mes 10 va a empezar a pagar y le va a pagar directamente al banco”, refirió el funcionario, quien comentó que el financiamiento bancario lo realiza la empresa y el Estado lo paga. Esto, pese a que en los contratos en poder de ZETA no se especifica a qué bancos se les oferta.
CONSTRUCTORAS LIGADAS ENTRE SÍ Y A OTROS NEGOCIOS DE LA 4T
Ocho empresas son las encargadas de realizar las 10 principales obras de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, de las cuales, algunas se asociaron y otras ya han recibido jugosos contratos en la administración.
Uno de los casos más interesantes resulta ser el de la empresa Consorcio Inmobiliario y Constructora ASPEN, originaria de Puebla, pero que posteriormente se mudó a Toluca y finalmente a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que fue contratada para construir el hospital La Morita, en Tijuana, por un monto que supera los 400 millones de pesos.
Los propietarios de la empresa son el reconocido empresario allegado a Adán Augusto López Hernández, Fernando Padilla Farfán; y su socio Manuel Guerra Mabarak; además de tener como representantes y administradores a Carlo Alberto Padilla Casares, Pedro Santiago Salas y Óscar Gabriel Cruz Santiago.
Fernando Padilla Farfán también es socio de una empresa fundada en diciembre del 2018 (el mismo mes que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador), llamada F Medical, también llamada Línea Médica del Sur, contratada para brindar el servicio de arrendamiento de los centros de salud móviles; uno de los proyectos más cuestionados, pero también insignia, de la Gobernadora.
Las caravanas de la salud recabaron en los dos primeros años de Ávila Olmeda más de 500 millones de pesos, y para este 2024 se les amplió el contrato, por lo que estarían percibiendo más de 700 millones de pesos al concluir este ejercicio fiscal; y si se le agregan los más de 400 millones del hospital de Tijuana, recibirán más de mil 100 millones de pesos del erario bajacaliforniano.
Ambas empresas comparten domicilio en avenida República de Honduras 27, Cuauhtémoc Sur, 21200 Mexicali, B.C., donde se observa los anuncios de la empresa del ramo de la salud, pero que, para efectos prácticos, también alberga a la constructora.
Cabe señalar que en julio del 2020, durante la pandemia, dicha empresa construyó un hospital de 100 millones de pesos en Tabasco, cuando Adán Augusto López Hernández era gobernador, mismo que colapsó tras la primera tormenta, según reportes de medios locales.
El otro entramado de empresas beneficiadas tiene en medio al contratista favorito de la gobernadora desde que era presidenta Municipal de Mexicali.
Se trata del secretario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Oliver Zavala Beltrán, de quien su empresa, CON2A, fue seleccionada para remodelar y ampliar la calzada Manuel Gómez Morín Sur y ampliación calzada Cetys Universidad, para lo cual se asoció con la empresa Arrendadora del Colorado del Norte, por un monto superior a los 400mdp.
La empresa CON2A no tenía gran éxito hasta septiembre del 2019, cuando Oliver Zavala Beltrán, construyó en el mismo domicilio otra empresa llamada B&D División Construcción, establecida el 23 de septiembre de 2019 y ubicada en calle Río Culiacán 889, en la colonia Independencia, la cual forma parte de un complejo de tres empresas donde se involucran sus padres y hermanos.
ZETA cotejó el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), donde se refleja que la empresa CON2A solicitó un préstamo a la empresa Banregio por 10 millones de pesos, a pagarse hasta el 18 de noviembre del 2025.
Curiosamente, dicha obra -que supera los 400 mdp- recibirá el último pago por parte del Estado el 17 de diciembre del 2025; es decir, un mes después de que concluyó la obra, lo que se vuelve extraño debido a que no se está financiando la totalidad del proyecto, pero el precio del mismo sí incrementó de manera sustancial.
CON2A también fue contratada para erigir el estacionamiento de Multinivel del Centro Histórico, que si bien no fue bajo el mismo esquema de financiamiento, representó un gasto de casi 100 millones de pesos, para lo cual se asoció con la empresa Valle Dorado, otra conocida y favorecida del panismo.
Respecto a Arrendadora del Colorado del Norte, se indicó que fue fundada en 2011 y está domiciliada en Avenida Pioneros número 1186-D, Centro Cívico de Mexicali. Los propietarios de dichas empresas son Susana Zamudio Razo, Carlos Humberto Guzmán Zamudio, Claudia Cecilia Guzmán de Rodríguez, Susana Patricia Guzmán de Verdugo, Susana Zamudio Razo, Humberto José Guzmán Esqueda y Humberto Alfredo Guzmán Zamudio.
La sociedad de ambas empresas no sólo radica en que se unieron para obtener un jugoso contrato de obra pública, sino que además el de nombre Humberto Alfredo Guzmán Zamudio tiene una sociedad con Oliver Zavala Beltrán, en otra empresa llamada International Colorado Dates, especializada en temas agrícolas.
Dentro del sector de la construcción es conocido que la empresa Arrendadora del Colorado del Norte ha sido favorecida -principalmente- durante los gobiernos panistas.
Una de las propietarias, Susana Patricia Guzmán Zamudio, también es socia de Arca Pacífico, constructora histórica también favorecida por el panismo y en la que comparte sociedad con Griselda Cueva Cano, esposa de Eduardo Aranda Miranda, hermano del consejero electoral Jorge Alberto Aranda Miranda y del otro socio, Mario Armando Aranda. El parentesco se pudo constatar mediante una invitación pública de bodas por parte de sus hijos.
El gerente de dicha empresa es Carlos Verdugo Zárate, esposo de Susana Patricia, lo que evidentemente vincula a las dos empresas por sus propietarios.
El contrato signado con el Poder Ejecutivo para construir la obra del Nodo Alamar-Terán Terán, de Tijuana fue por un monto superior a los 745 millones de pesos, cuya construcción debió concluir en septiembre del 2023 (lo cual no ocurrió), pero que seguirá pagándose hasta el 17 de diciembre del 2025, debido al esquema de financiamiento que se ofertó.
Otra de las empresas es Desarrollo de Obras Rurales, la cual se encargó de construir las nuevas oficinas de la Auditoría Superior del Estado, ubicadas sobre el bulevar Río Nuevo, y cuyo monto supera los 250 millones de pesos.
En entrevistas anteriores a ZETA, el auditor superior Luis Gallegos aseveró que la obra original tendría un valor de 135 millones de pesos, pero debido al financiamiento presentado por el Poder Ejecutivo -y todos los agregados a la obra- el proyecto aumentó hasta los 259 millones de pesos, es decir, casi el doble del precio original. Esto da una orientación del incremento que representa el esquema realizado por el Gobierno del Estado.
Lo interesante es que Desarrollo de Obras Rurales pertenece a Mario Abeyta Meléndrez, hijo de Mario Abeyta Ruiz, propietario de la empresa AB Alimentos Nutracéuticos Funcionales, la cual fue contratada por el Poder Ejecutivo para servir los desayunos escolares, uno de los proyectos insignia de la gobernadora y por el cual se ha agenciado más de mil millones de pesos en lo que va de la administración.
Los Abeyta son también propietarios del restaurante El Quiriego, con quien comparten domicilio en sus almacenes. Curiosamente, la empresa Desarrollo de Obras Rurales también construye los desayunadores escolares donde se sirven los alimentos para los niños.
Otras dos obras fueron realizadas por Grupo Cadena, cuyo propietario es Efrén Cadena Payán, una de las más grandes constructoras de Mexicali, la cual se encargó de construir la ampliación de la calle Islas Agrarias y el puente del bulevar Carranza, que en total representan un monto superior a los mil millones de pesos. La primera obra ya concluyó, mientras que para la segunda todavía falta mucho tiempo para que concluya. Sin embargo, el esquema de financiamiento obliga al Estado a seguir pagando ambas obras de manera mensual hasta diciembre del 2025, independientemente del periodo en que terminen.
ZETA acudió a observar la construcción del puente Carranza, donde además de vehículos de Grupo Cadena, se pudo constatar de la presencia de maquinaria arrendada de la empresa Comaqsa MXL, que resultó ser propiedad de Aida Pérez Tejada Padilla, hermana del ex presidente municipal de Mexicali y uno de los principales impulsores del proyecto Centro Histórico, de la hoy gobernadora.
Cinco Contemporánea es originaria de Jalisco, y desde el año 2012 ha sido cuestionada debido a que fue vinculada con el ex gobernador Aristóteles Sandoval.
La empresa fue contratada para construir el Nodo Morelos y el Nodo Sauzal, en Tijuana y Ensenada, respectivamente, para lo cual se erogaron más de 700 millones de pesos en total.
Respecto a la empresa Construcciones Pérez y Gil, fue poco lo que se pudo establecer por parte de este Semanario, pero al acudir a la construcción del distribuidor vial de Eje Central, se observó maquinaria de la empresa CIVSA Constructores, propiedad de Eduardo Salazar Ley, tesorero de la CMIC, quien comparte cargo dentro del órgano empresarial con Oliver Zavala Beltrán, cuyo nombre también se vincula con la empresa Ecopavements, donde igualmente es accionista Raúl Villarreal Álvarez, otro impulsor del Centro Histórico de Mexicali; y con Moisés Abadi Entebi, del complejo de condominios New City.
NO HAY INFORMACIÓN DETALLADA DEL PRECIO ALZADO: ROVIROSA
El esquema de precio alzado, es legal y puede funcionar muy bien si se hace correctamente, consideró el ex presidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa, quien, en entrevista con ZETA, aseveró que falta información para poder definir que el precio alzado es la mejor opción para estas obras.
El consultor consideró que el gobierno debe modernizarse y los esquemas de precio alzado pueden ser una buena forma de contener los incrementos inesperados en la construcción de proyectos, pues -asegura- en algunas ocasiones los montos de una obra pueden sobrepasarse hasta en un 30 por ciento.
Dentro de los esquemas que analizó en los contratos, comentó que en ninguna parte se refiere que las partes acuerden que no se aplicará algún ajuste de costos en el caso de que se presenten situaciones económicas.
“Si bien en los contratos a precio alzado se dice que no habrá anticipo, llama la atención que en algunos la entrega de recursos en las primeras mensualidades rebase la tercera parte del total del importe del contrato, mientras que en otros se pactó mensualidades en partes iguales. Habría que investigar si esto obedece a avances reales en la ejecución de las obras o si se aplicaron otros criterios. De ser así para estos últimos casos, establecer cuál es la justificación”.
También criticó que todas las empresas cobran 16 por ciento de IVA y no 8, como muchas empresas lo hacen.
Sin embargo, uno de los puntos más importantes -consideró- es que existe falta de información más detallada en el formato para cálculo de integración del precio alzado, lo cual debería incluirse para el seguimiento de las obligaciones contractuales, además de definir un esquema en que las empresas se vean obligadas a que sus obras sean de calidad.
“Es de notar la diferencia entre contratos relativos al costo financiero respecto al total del costo directo a precio alzado (10, 72.94, 66.97, 34.14 y 37.64 por ciento). En mi opinión, el desglose de éste debería incluirse”.
Espinoza Jaramillo aseveró que en este tipo de obras no sólo incluyen la construcción, sino “indirectos”, como la “supervisión de la empresa, hospedaje de la misma obra; no es exactamente la misma construcción”, sentenció.
