Marcelo Luis Ebrard Casaubón -ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)-, así como Claudia Sheinbaum Pardo -precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, defendieron, el 31 de enero de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 supuestamente recibió al menos 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial.
Según lo indicaron, el 30 de enero de 2024, los medios estadounidenses Propublica -agencia de noticias independiente- e InSight Crime -fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe-, así como una columna opinión escrita por la periodista mexicana Anabel Hernández García y publicada en el medio alemán Deutsche Welle (DW).
“Ví la publicación de otra de las clásicas imputaciones de la [Administración de Control de Drogas] DEA : declaraciones de un cuestionado “testigo protegido” Son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron.Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Es una calumnia contra México y su Presidente. La maniobra merece enérgico rechazo y condena (sic)”, escribió el ex canciller, en su cuenta de la red social X.
Por su parte, la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que los señalamientos realizados en el reportaje publicado por ProPublica, eran parte de la guerra sucia de la oposición para dañar la imagen del mandatario mexicano y noticias falsas que el político tabasqueño ya había aclarado.
Durante una conferencia de prensa, tras la reunión plenaria de los senadores del grupo parlamentario de Morena, Sheinbaum Pardo señaló que dicho reportaje fue publicado en fechas cercanas al proceso electoral del 2 de junio de 2024 y ante el lento avance en las preferencias de la oposición, quienes estarían buscando llevar a cabo una campaña sucia.
“Uno parte de esta guerra sucia, campaña sucia. Como no tiene nada la oposición, no tiene nada que ofrecer, no hay propuestas, no hay proyecto de nación, su propuesta es regresar al pasado […] como no hay respuesta por parte del pueblo de México, pues ellos están buscando esta guerra sucia”, señaló la candidata presidencial, quien también aseguró que el movimiento que encabezaba, buscaba una relación de igualdad con EE.UU., “nunca de intervención ni nunca de bajar la cabeza”, lamentando lo publicado por ProPublica, medio al que calificó de injerencista.
Asimismo, Sheinbaum Pardo afirmó que las del 2 de junio de 2024, serían elecciones “pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México”. Ello luego de las declaraciones de Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al diario El Universal, de que existía una fuerte influencia del narcotráfico en las campañas políticas y de que existía el riesgo de que el crimen organizado controlara la política del país.
Cuestionada respecto al tema, al término de la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, dijo que respetaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero “no coincidimos en que esa sea la situación del país”.
La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aceptó que “hay lugares en el país en donde, inclusive, están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República y que requieren una atención especial. Pero, no es la generalidad del territorio nacional”.
“Van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México. Así será, no sé si se puede decir, pero el próximo dos de junio de este año”, enfatizó la candidata presidencial oficialista.
Mientras que, el mismo día, Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, dijo que dicho Partido estaba blindado para evitar candidaturas cooptadas por el crimen organizado, debido a que, según él, todas las candidaturas se revisaban con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Bo tenemos ningún problema de influencia del dinero del narcotráfico en nuestras campañas […] son los de enfrente los que tienen clara complicidad o han tenido complicidad con el narcotráfico. El Partido Acción Nacional cuando gobernó, ahora todos lo sabemos, pues quien dirigía el aparato de seguridad era un narcotraficante que hoy está preso en los Estados Unidos”, insistió el dirigente nacional de Morena.
Delgado Carrillo también acusó que los señalamientos de presunta filtración del narco en las campañas políticas “ha sido parte de esta guerra sucia, de esta campaña que tiene la oposición para tratar de manchar los triunfos de Morena. Pero los triunfos de Morena siempre vienen de la decisión democrática de la gente y además han sido contundentes”.
En tanto que, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -precandidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, urgió a López Obrador, a emprender acciones legales para “limpiar su nombre”, si no eran ciertos los señalamientos de que recibió dinero del Cártel de Sinaloa para financiar su campaña de 2006.
“Es una acusación muy grave, en contra del jefe del Estado mexicano. Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque están acusando al jefe del Estado mexicano, es muy delicada esta acusación”, dijo la política hidalguense, quien también aseveró que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”, por lo que demandó a las autoridades electorales, a diseñar una estrategia que garantizara la seguridad de los actores políticos.
“Me parece que los partidos políticos, el [Instituto Nacional Electoral] INE, el Tribunal Federal Electoral /sic) deben de reunirse para determinar qué vamos a hacer […] Llevamos seis candidatos asesinados desde que inició este proceso electoral, seis”, alertó Gálvez Ruiz, durante su “Conferencia de la Verdad”.
“El propio Tribunal Federal Electoral advierte con mucha valentía, mi reconocimiento a los magistrados, porque ponen en la mesa que el crimen organizado está participando en ciertas regiones del país”, puntualizó la senadora con licencia.
Por otra parte, el mismo día, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no descartó que existieran “focos rojos” en el país, de cara al inicio de las campañas presidenciales y la elección del 2 de junio de 2024.
En entrevista con representantes de diversos medios, en el marco de la reunión plenaria de senadores de Morena, fue cuestionada respecto al tema de la violencia e inseguridad contra candidatos, ante lo cual dijo que presentaría a Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del INE, el plan de protección a candidatos a cargos de elección popular federal.
“Traemos ya un plan de trabajo y lo vamos hacer público, no hay nada escondido”, aseguró la funcionaria federal, quien también argumentó que el objetivo era “llevar a cabo un proceso con seguridad, donde decida la población el que sus próximas autoridades sean electas por la voluntad del pueblo”.
“Yo, no he dicho eso [que no había focos rojos], claro que que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. Entonces, vamos a poner […] hay algunas zonas en donde tener que poner especial atención […] Estaremos viendo en dónde solicitan protección los candidatos y en dónde no soliciten, no, pero vamos a estar pendientes de las solicitudes que nos hagan”, insistió la titular de la SSPC.
Asimismo, Sin mencionarlos por su nombre, Rodríguez Velázquez señaló que de tres candidatos presidenciales, había dos que ya contaban con seguridad -Sheinbaum Pardo y Gálvez Ruiz-, pero que en cualquier momento se le podría otorgar protección a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).
“Nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo con seguridad un proceso dónde decida la población que sus próximas autoridades sean electas por la voluntad del pueblo”, agregó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.
En tanto que, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó que habría elecciones pacíficas el 2 de junio de 2023 y señaló que el Gobierno encabezado por el presidente López Obrador “va avanzando” en materia de seguridad.
Al término de su participación en la reunión plenaria de los senadores de Morena, la funcionaria federal se negó a responder si el crimen organizado representaba una amenaza para el proceso electoral, como lo advirtieron los magistrados del TEPJF.
“¿Está blindada la elección ante el problema del narcotráfico?, ¿Está en riesgo el proceso electoral por la presencia del narco en algunas regiones?”, la cuestionaron los reporteros, sin que Alcalde Luján contestara.
“¿Hay paz en el país, secretaria?”, insistieron los periodistas. “Sí, vamos avanzando en materia de seguridad”, respondió la titular de la SEGOB. “¿Habrá elecciones pacíficas?”, la cuestionaron los reporteros. “Sí”, enfatizó la funcionaria federal.
‘VILES CALUMNIADORES’, DICE AMLO POR REPORTAJES DE SUPUESTO FINANCIAMIENTO DEL NARCO A SU CAMPAÑA EN 2006
El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió, el 30 de enero de 2024, que en 2006 haya recibido dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial, según lo indicaron los medios estadounidenses Propublica -agencia de noticias independiente- e InSight Crime -fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe-, así como una columna opinión escrita por la periodista mexicana Anabel Hernández García y publicada en el medio alemán Deutsche Welle (DW).
Asimismo, el mandatario nacional acusó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), incluyendo una de sus agencias, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), estarían detrás de la filtración de la supuesta investigación citada por los tres medios.
“Voy a andar demandando, aprovecho para decirlo, no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o los periodistas, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo”, reprochó el presidente de México.
“No hay pruebas, viles calumniadores […] No, es completamente falso, es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, sino el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios”, indicó el político tabasqueño.
“Y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite como sucedía en el gobierno, ya no sé si decir, de [Felipe de Jesús] Calderón [Hinojosa] o [Genaro] García Luna”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Como si fuera campaña de la DEA vs el presidente López Obrador, tres medios (de EU y Alemania) publican la misma información de la agencia de EU para señalar que gente de la campaña de AMLO en 2006 habría recibido dinero del narco; no hay pruebas que incriminen al presidente”, escribió Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, en su cuenta de la red social X.
La periodista mexicana Anabel Hernández García reveló en su columna de opinión publicada, el 30 de enero de 2024, en el medio alemán Deutsche Welle (DW), titulada ‘El Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006 / I’, que una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el DOJ de EE.UU., el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006.
Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) descubrieron evidencia “sustancial” de que Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, había entregado alrededor de 2 millones de dólares hacia la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2006, cuando fue candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
Eso encontró el medio Propublica -una agencia de noticias estadounidense independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Manhattan, Nueva York-, que publicó, el 20 de enero de 2024, un reportaje titulado ‘¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?’, firmado por el periodista Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, galardones otorgados por la Universidad de Columbia.
Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero fue proporcionado a asesores de campaña de López Obrador en 2006, a cambio de la promesa de que una Administración del político tabasqueño “facilitaría” las operaciones criminales de los narcotraficantes.
La investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conoció de las donaciones reportadas por los narcotraficantes. Pero los funcionarios consultados por Propublica dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un ex trabajador de la campaña presidencial y un informante “clave” de los presuntos criminales, “sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto”.
AMLO HABLÓ CON “LA BARBIE” EN 2006, PARA AGRADECERLE DAR MDD A SU CAMPAÑA, REVELA ANABEL HERNÁNDEZ EN DW
El 15 de junio de 2006, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus cierres de campaña, como candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’ -conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia-, en un lugar llamado vado del Río Balsas, en Coahuila, supuestamente habló por teléfono con el narcotraficante texano Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie” -entonces lugarteniente del Cártel de Los Beltrán Leyva, en Acapulco, Guerrero- , según “supo” el Gobierno de Estados Unidos.
En dicha conversación, presuntamente el político tabasqueño agradeció a “La Barbie”, el apoyo económico a su campaña y le dijo al capo texano, que cuando llegara a la Presidencia de la República quería que disminuyera la violencia, “para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante”.
Así lo reveló la periodista mexicana Anabel Hernández García, en su columna de opinión publicada, el 30 de enero de 2024, en el medio alemán Deutsche Welle (DW), titulada ‘El Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006 / I’.
Según la reportera, una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006.
“Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006”, indicó la periodista.
“Pude corroborar la veracidad de los hechos descubiertos por el gobierno de Estados Unidos con dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones entre los protagonistas, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del Cártel de Sinaloa”, enfatizó la reportera, en su columna de opinión.
“Durante la indagatoria la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cártel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito”, agregó Hernández García.
“Tuve conocimiento del caso desde 2020 como parte de una investigación de largo aliento que realizo desde 2019. El Gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva [alias ‘El Barbas’] a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006 a nombre del Cártel de Sinaloa”, escribió la reportera.
“A cambio la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección […] Durante los dos años de investigación la Fiscalía [del Distrito Sur de Nueva York] y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama”, señaló la periodista.
Hernández García detalló que por parte del Cártel de Sinaloa, el principal responsable de hacer las negociaciones fue ‘La Barbie’, además de Roberto Acosta Islas, alias ‘El R’, uno de los lugartenientes de ‘El Barbas’ y encargado financiero, así como Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos de dicho Cártel a autoridades en México.
Por parte del equipo del político tabasqueño, según lo aseveró la reportera, uno de los responsables de recibir el dinero del Cártel de Sinaloa y canalizarlo, fue Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, quien se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales del político tabasqueño (la del 2006 y la del 2012).
“Es público que Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Originario de Tabasco al igual que el presidente, desde hace décadas Mollinedo y su familia tienen una estrecha relación de amistad y total confianza con AMLO. Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra. Durante la campaña presidencial del 2006 fue el coordinador logístico, y en la del 2012 también fue un operador importante”, recordó la periodista.
“El otro personaje directamente vinculado a AMLO a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del Cartel de Sinaloa, y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizarlos a la campaña es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, destacó Hernández García.
“Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en Youtube en 2022. Afirmó que ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018”, dijo la reportera, en su columna de opinión.
“El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García alias ‘Pancho León’ quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006. León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila, su familia presentó la denuncia correspondiente de acuerdo a la información publicada por diversos medios locales, pero hasta ahora no se conoce su paradero”, aseguró la periodista.
“Y la cuarta persona que estuvo presente en el primer encuentro donde se acordó que el Cártel de Sinaloa diera apoyo económico a la campaña de AMLO, es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, Guerrero, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva”, afirmó Hernández García.
Según la reportera, en un documento titulado “Operación Polanco”, elaborado por la DEA región Norte y Centroamérica, oficina Ciudad de México y la División de campo de la Agencia Antidrogas estadounidense en Nueva York, Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas, se reveló que todo comenzó a fines de 2005, durante una reunión celebrada en un hotel ubicado en Nuevo Vallarta, Nayarit, cuando López Obrador ya estaba en la precampaña presidencial.
“En aquel primer cónclave estuvieron presentes ‘La Barbie’, como representante de Arturo Beltrán Leyva. Su suegro Carlos Montemayor González, quien también era integrante del Cártel de Sinaloa. Dipp Jones y León García. Ahí se acordó que la organización criminal iba a dar al menos dos millones de dólares a la campaña de AMLO. Se decidió que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero del Cártel de Sinaloa”, agregó la periodista.
“La segunda reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en una casa ubicada en Aristóteles 131, colonia Polanco. Estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García. Hasta al menos el año 2022, en ese lugar tenían sus oficinas Mollinedo y Soto Caballero, quienes están asociados en la empresa Laverage Consulting. Juntos fundaron la asociación civil Movimiento Ambientalista Social en 2019, con la intención de fundar su propio partido político, pero no cumplieron con todos los requisitos y el Instituto Nacional Electoral [INE] les negó el registro”, abundó Hernández García.
“Aristóteles 131 es la dirección que Soto Caballero tiene registrada como domicilio en su credencial de elector. Y por una época también Dipp Jones despachaba en el mismo lugar según registros obtenidos en mi investigación. El Gobierno de Estados Unidos supo que en Aristóteles 131 se hicieron la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006. Pero en una ocasión para asegurarse de que efectivamente los millones de dólares estaban siendo entregados a gente del equipo de AMLO, Arturo Beltrán Leyva envió a su operador financiero Roberto Acosta Islas, alias ‘El R’, a entregar el dinero”, señaló la reportera.
“En una entrevista que hice a inicios de 2022 a Celeste V. quien fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva- protagonista de mi libro ‘Las Señoras del Narco. Amar en el infierno’-, me confirmó que efectivamente ‘El R’ era una de las personas de mayor confianza del jefe del clan de los Beltrán Leyva y era responsable de entregar pagos a funcionarios públicos y a algunas de las mujeres del espectáculo con las que el narcotraficante tenía relación”, recordó la periodista.
“Una que ‘El R’ entregó dinero a Soto Caballero fue en el restaurante especializado en cortes de carne ubicado en la avenida Campos Elíseos, en la colonia Polanco. Soto Caballero y Nico estaban en el lugar y el enviado de Arturo pasó a entregarles el dinero. En total, de acuerdo a los participantes que declararon ante el gobierno de Estados Unidos, entre ellos Soto Caballero, llegaron a la campaña de AMLO entre 2 y 4 millones de dólares”, insistió Hernández García.
“Como AMLO era en 2010 una figura de relevancia política en México, para realizar una investigación sobre el financiamiento de su campaña presidencial, el protocolo en ese tipo de casos obligaba a que diera su aprobación el Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC por sus siglas en inglés), compuesto por mandos de la DEA en Washington, directores regionales y un representante del Departamento de Justicia, entre otros”, reveló la reportera.
“El cúmulo de información con el que contaban y el número de testigos fue convincente para que el comité diera su autorización. ¿Por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos? Las respuestas vienen en la segunda parte de este artículo”, finalizó la periodista, su columna de opinión.
DEA TIENE EVIDENCIA QUE “LA BARBIE” DIO 2 MDD A AMLO EN 2006, A TRAVÉS DE SU CHÓFER “NICO”: PROPUBLICA
Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) descubrieron evidencia “sustancial” de que Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, había entregado alrededor de 2 millones de dólares hacia la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2006, cuando fue candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
Eso encontró el medio Propublica -una agencia de noticias estadounidense independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Manhattan, Nueva York-, que publicó, el 20 de enero de 2024, un reportaje titulado ‘¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?’, firmado por el periodista Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, galardones otorgados por la Universidad de Columbia.
Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero fue proporcionado a asesores de campaña de López Obrador en 2006, a cambio de la promesa de que una Administración del político tabasqueño “facilitaría” las operaciones criminales de los narcotraficantes.
La investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conoció de las donaciones reportadas por los narcotraficantes. Pero los funcionarios consultados por Propublica dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un ex trabajador de la campaña presidencial y un informante “clave” de los presuntos criminales, “sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto”.
En su investigación, los agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente interna “extraordinaria”, después de que arrestaron a un ex trabajador de la campaña presidencial, por cargos de drogas, en 2010. Para evitar la prisión federal, dicha persona dio una descripción detallada de las donaciones en efectivo de los narcotraficantes, a las que, según dijo, ayudó a entregar. También grabó subrepticiamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el colaborador cercano de López Obrador que, según el agente, había participado en el plan.
Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales del político tabasqueño (la del 2006 y la del 2012).
Junto con las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo Bastar estaba al tanto e involucrado en las donaciones de una de los cárteles del narcotráfico más grandes del país, según dijeron funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso.
“Pero algunos funcionarios sintieron que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para justificar los riesgos de una operación encubierta extensa dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación encubierta en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a agentes que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En cambio, los funcionarios del Departamento de Justicia [de EE.UU.] cerraron la investigación, en parte por temor a que incluso un procesamiento exitoso fuera visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política”, indicó el reportaje.
“Nadie intentaba influir en las elecciones […] Pero siempre hubo el temor de que López Obrador pudiera dar marcha atrás en la lucha contra las drogas; que si este tipo llega a presidente, podría cerrarnos”, dijo a Propublica, un funcionario familiarizado con la investigación.
En el caso de López Obrador, la DEA tardó en actuar ante la información sobre la posible colusión de su campaña de 2006 con narcotraficantes, dijeron varios funcionarios. Cuando la agencia estadounidense finalmente comenzó a investigar en 2010, fue en gran parte por iniciativa de un pequeño grupo de agentes con base en México, que trabajaban con fiscales federales en Nueva York.
Según Propublica, una fuente inicial de las autoridades estadounidenses fue Roberto López Nájera, un litigante de 28 años de edad, que se presentó en la Embajada de los Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA, para contarle que fue abogado de Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, miembro del Cártel de Los Beltrán Leyva.
López Nájera les dijo a los agentes de la DEA, que el Cártel de los Beltrán Leyva había colocado “un topo” dentro de la Embajada de EE.UU., quien resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos [U.S. Marshals Service], que tenía amplio acceso a información de inteligencia sobre los criminales mexicanos buscados por Estados Unidos.
“Atraído al área de Washington, D.C. con el pretexto de un viaje de entrenamiento, fue arrestado y acusado de delitos federales de drogas antes de aceptar cooperar, dijeron las autoridades. La DEA trasladó a López Nájera a los Estados Unidos y lo interrogó exhaustivamente. De acuerdo con la nueva asociación para el cumplimiento de la ley conocida como el Acuerdo de Mérida, los funcionarios estadounidenses invitaron luego a sus homólogos mexicanos a entrevistar a su preciada fuente”, detalló el reportaje.
“Los documentos judiciales mexicanos resultantes identificarían a López Nájera sólo con el nombre en clave ‘Jennifer’. Sus revelaciones se convertirían en el motor principal de la ‘Operación Limpieza’, un esfuerzo que acaparó los titulares por parte del Gobierno del presidente Felipe Calderón [Hinojosa] para purgar a funcionarios corruptos de las agencias federales de aplicación de la ley y del Ejército”, indicó Golden.
“La DEA tardó algo más en aprovechar al máximo a su informante. No fue hasta la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera comenzara a cooperar con la agencia, que ésta comenzó a centrarse en una de sus revelaciones más sorprendentes. En una entrevista en San Diego que agentes de la DEA organizaron para un alto fiscal mexicano, López Nájera describió cómo ‘La Barbie’ lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel en el centro turístico de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico”, relató el periodista.
“El hombre que había organizado la reunión era Francisco León García, hijo de 38 años [de edad], de un empresario minero del norteño estado de Durango. Conocido como ‘Pancho’ León, lanzaba su candidatura al Senado mexicano como representante de la alianza izquierdista de López Obrador. Era amigo de uno de los lugartenientes de ‘La Barbie’, Sergio Villarreal Barragán, un imponente ex policía estatal conocido como ‘El Grande’, y los dos hombres pensaron que podrían ayudarse mutuamente, les dijeron a los agentes”, agregó el reportaje de Propublica.
“Otro empresario se unió a León en la reunión. Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y apoyo de López Obrador, relató López Nájera. A cambio de una inyección de efectivo, dijo León, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes”, abundó Golden.
“Según relatos de la negociación que los investigadores estadounidenses finalmente recopilaron a partir de varios informantes, a los traficantes se les dijo que podrían ayudar a elegir comandantes de policía en algunas ciudades clave a lo largo de la frontera. Lo más importante, dijeron funcionarios estadounidenses, es que a los traficantes también se les dijo que López Obrador no nombraría a un fiscal general que consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaría un veto sobre el nombramiento”, señaló Propublica.
“‘La Barbie’ aceptó el trato y asignó a López Nájera para que se reuniera con funcionarios de campaña en la Ciudad de México y organizara los pagos. (López Nájera no respondió a numerosos intentos de contactarlo). Poco después, dijeron los funcionarios, le presentaron a Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba un equipo de avanzada bajo el mando del jefe de logística de la campaña, Nicolás Mollinedo”, destacó el reportaje del medio estadounidense.
“En tres entregas durante los siguientes meses, se le dijo a la DEA, la organización de ‘La Barbie’ le dio a Soto y otros en la campaña alrededor de $2 millones en efectivo. A medida que el traficante se involucró más, dijo López Nájera, también brindó apoyo de otras maneras: durante las últimas semanas de la carrera, López Obrador viajó dos veces al estado de Durango para grandes y bulliciosos mítines organizados por Pancho León, a los que asistió e hizo grandes donaciones”, enfatizó el reportero.
“La carrera presidencial de 2006 fue un empate. Cuando el tribunal electoral de México declaró vencedor a Calderón por medio punto porcentual, ‘La Barbie’ se enfureció, dijo López Nájera. Al narcotraficante se le ocurrió un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal y obligarlo a revertir la decisión. Se envió un convoy de hombres armados para asaltar el tribunal, y sólo regresaron cuando descubrieron tropas del Ejército custodiando la zona”, narró Golden.
“Después de haber insistido en que era el legítimo ganador, López Obrador reunió a miles de sus partidarios en la Ciudad de México para una sentada de un mes que cubrió una franja del centro colonial de la capital. Según López Nájera, ‘La Barbie’ donó fondos para ayudar a alimentar a los manifestantes”, aseveró el reportaje de Propublica.
“Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera comprendieron que no sería fácil construir un caso penal, dijeron varios funcionarios. Incluso si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel casi siempre eran difíciles de probar. Los funcionarios mexicanos utilizaron intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Los políticos y los criminales a menudo se protegían unos a otros; los testigos que lo corroboraban generalmente se mostraban reacios a testificar”, acotó el reportero.
“La mayoría de los delitos relacionados con las drogas también tenían un plazo de prescripción de cinco años. Cuando la investigación se puso en marcha en serio, algunos de los acontecimientos clave que describió López Nájera habían ocurrido cuatro años antes. El fiscal mexicano que asistió a la entrevista de López Nájera transmitió las acusaciones a funcionarios de mayor rango en la Ciudad de México. Pero el Gobierno de Calderón pensó que un caso así tendría demasiada carga política antes de las elecciones de 2012, dijeron ex funcionarios”, recordó Golden.
“Los agentes de la DEA tuvieron mejor suerte con el Distrito Sur de Nueva York, la poderosa fiscalía federal con sede en Manhattan. La jefa de la unidad internacional de narcóticos de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que pensaba que valía la pena seguir adelante con el caso, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Strauber, que ahora dirige el Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York, declinó hacer comentarios”, señaló el reportero.
“A lo largo de varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur, Soto confirmó que había recibido dos entregas de dinero en efectivo de López Nájera para la campaña de 2006 y que una tercera entrega había sido realizada por otro enviado de ‘La Barbie’. Soto dijo que las tres contribuciones ascendieron a algo menos de los $2 millones que López Nájera había reclamado […] Soto dijo que entregó el dinero a Mollinedo, dijeron personas familiarizadas con el caso”, detalló el reportaje de Propublica.
“Los agentes [de la DEA] querían hacer algo grande. Propusieron ofrecer a la campaña cinco millones de dólares en efectivo a cambio de promesas de que un gobierno de López Obrador dejaría en paz a los traficantes. Si Mollinedo u otros miembros de la campaña estaban de acuerdo, los agentes ofrecerían un pago inicial, tal vez 100 mil dólares. Luego entregarían el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña”, aseguró el reportero.
“En Ciudad de México, agentes de la DEA ensayaron a Soto, le colocaron un dispositivo de grabación y, en abril de 2011, lo enviaron a hablar con Mollinedo. Fue un desastre. ‘Estaba aterrorizado’, recordó un exfuncionario. No estaba claro si Soto manejó mal el equipo o lo apagó deliberadamente, pero regresó con una grabación truncada que a menudo era ininteligible debido al ruido de fondo”, narró Golden.
“Un segundo intento el mes siguiente produjo aproximadamente una hora de cinta. De esa conversación quedó claro que Mollinedo sabía sobre la transacción de 2006, dijeron personas familiarizadas con el caso. Parecía preocupado por dos ex miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados a revelar lo que sabían sobre las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general de México que podrían ayudar a protegerlo a él y a Soto”, afirmó el reportero.
“Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara a sí mismo más directamente. ‘Él nunca dijo: ‘No sé de qué estás hablando’ o ‘No conozco a ninguna de esas personas’. No se dijo nada que lo absolviera’, dijo un ex funcionario sobre Mollinedo. ‘Pero la cinta no refrescó la conspiración tanto como era necesario”, abundó Golden.
En una entrevista con Propublica, Mollinedo Bastar negó haber recibido alguna vez donaciones de narcotraficantes y cuestionó la idea de que López Obrador toleraría tal corrupción. “No administramos el dinero”, dijo, refiriéndose a su equipo de logística, y agregó que sólo manejaba fondos que se le daban para gastar en transporte y otros gastos de campaña.
Después de revisar las grabaciones, los fiscales de Nueva York quedaron decepcionados, según contaron ex funcionarios al medio estadounidense. Para un caso tan delicado y arriesgado, sintieron que las pruebas debían ser casi irrefutables. No obstante, los agentes de la DEA propusieron seguir adelante con la operación encubierta dirigida a Mollinedo Bastar y otros colaboradores de López Obrador.
En mayo de 2012, el Gobierno mexicano extraditó a ‘El Grande’. Cuando los agentes de la DEA pudieron preguntarle en suelo estadounidense respecto a las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que ‘La Barbie’ las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, dijeron dos funcionarios.
“El ex colaborador cercano del presidente, Mollinedo, abandonó el lado de López Obrador después de la campaña de 2012 para dedicarse al negocio. Más tarde se unió a Soto para intentar establecer un nuevo partido político centrado en el medio ambiente. El esfuerzo fracasó al cabo de un año”, indicó el reportaje.
“Mollinedo dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, dijo que sus esfuerzos comerciales han sido totalmente honestos”, finalizó el medio estadounidense.
