La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó, el 28 de febrero de 2024, examinar -a partir del 22 de abril del presente año-, el tema de la inmunidad penal invocada por Donald John Trump, ex presidente de Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021.
El 6 de febrero de 2024, un tribunal federal de apelaciones desestimó que el magnate neoyorquino tuviera inmunidad penal, por sus acciones previas a los disturbios del Capitolio, en Washington D.C., ocurridos el 6 enero de 2021.
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En un discurso frente a la Casa Blanca, pronunciado el 6 de enero de 2021, el magnate neoyorquino instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio de Washington, D.C., justo cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del ex candidato demócrata Joseph Biden, actual mandatario estadounidense.
Un total de 140 elementos de las fuerzas de seguridad fueron agredidos ese día en el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos alrededor de 80 agentes de la Policía del Capitolio y 60 del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C.
La Corte Suprema de EE.UU. dijo que abordaría el tema de “si un ex presidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas que supuestamente involucran actos oficiales durante su mandato, y, de ser así, en qué medida”.
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“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con las mismas protecciones que cualquier otro acusado. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que podría haberlo protegido cuando era presidente en el cargo, ya no lo protege”, escribieron los tres jueces de apelación en su fallo, confirmando uno emitido, en diciembre de 2023, en primera instancia, por Chutkan, quien había programado originalmente la primera vista del juicio para el 4 de marzo de 2024.
El fiscal especial Jack Smith, que investiga el caso, recomendó a la Corte Suprema de Estados Unidos que no aceptara a trámite el caso de Trump pero, que si lo hacía, fijara un calendario acelerado.
En sus alegatos, Smith subrayó la “importancia nacional única de este caso penal”, en el que un expresidente es “procesado penalmente por haber intentado permanecer en el poder impidiendo al legítimo ganador de las elecciones asumir sus funciones”.
Por otra parte, la jueza del Circuito del Condado de Cook, Tracie Porter, prohibió, el 28 de febrero de 2024, que Trump apareciera en la boleta de las primarias presidenciales republicanas de Illinois, del 19 de marzo del presente año, debido a su papel en la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. el 6 de enero de 2021, pero pospuso la aplicación de su decisión, a la espera de una apelación por parte del ex presidente de EE.UU.
La juzgadora indicó que el magnate neoyorquino debería ser descalificado también de la boletade las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024, por violar la cláusula anti insurrección de la Decimocuarta Enmienda, de la Constitución de los Estados Unidos.
El resultado final del caso de Illinois y desafíos similares serían decididos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que escuchó, el 8 de febrero de 2024, argumentos relacionados con la elegibilidad de Trump para la boleta.
Porter dijo que posponía su decisión, porque esperaba su apelación y una posible sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. Mientras que, a través de un comunicado, el grupo de defensa Free Speech For People, que lideró el esfuerzo de la descalificación de Trump en Illinois, elogió la decisión como una “victoria histórica”.
Colorado y Maine eliminaron anteriormente a Trump de sus boletas estatales, después de determinar que estaba descalificado bajo la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución. Ambas decisiones se mantenían a la espera de una apelación del ex mandatario estadounidense.
La Sección 3 prohíbe ocupar cargos públicos a cualquier persona que haya jurado apoyar la Constitución de los Estados Unidos y luego haya “participado en insurrección o rebelión contra la misma, o haya dado ayuda o confort a sus enemigos”.
Dicha Enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil, con el objetivo de evitar que pudieran volver al poder los rebeldes sureños de la Confederación, que traicionaron la Carta Magna.
