Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde Luján, presentó, el 30 de enero de 2024, una denuncia de juicio político, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas, por considerar que ha facilitado la liberación integrantes de grupos criminales.
“Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la Republica (sic) para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas. El @GobiernoMX refrenda su compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho, así como su lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad”, señaló Alcalde Luján, a través de su cuenta de la red social X.
“En el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, indicó la SEGOB, en un comunicado.
“Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, dijo la Secretaría de Gobernación.
“En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”, enfatizó la SEGOB.
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“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, abundó la Secretaría de Gobernación.
“Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución. El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y el Estado de derecho, así como su lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad”, finalizó la SEGOB.
