El cascajo mal llamado partido se ha vuelto una herramienta de los gobiernos vinotinto, que no encuentran dónde acomodar a sus amigos que son mal vistos en Morena
Luego del terrible descalabro que sufrió Marina del Pilar Ávila Olmeda y su equipo más cercano con la ruptura de la alianza diseñada para este proceso electoral desde el Poder Ejecutivo con el ex inquilino del Hongo, Jorge Hank Rhon (Morena-PES), los ojos han volteado al partido de las cuatro mentiras, el Verde Ecologista de México (PVEM), para posicionar a todos los afines políticos a la gobernadora, sobre todo a su esposo, Carlos Torres Torres.
Y nos referimos al PVEM como el partido de cuatro mentiras porque ni es un Partido, ni defiende la agenda Verde, ni es Ecologista, ni lucha en favor de los intereses de México en un sentido general. Hoy en día es el organismo político “rentado” a los gobernadores para que coloquen a sus amigos íntimos o afines personales que los morenistas no verían con buenos ojos.
Por decirlo de otra manera, prácticamente ningún gobierno de Morena en el país recae en algún político emanado de la lucha o de las causas que enarboló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que se aprovecharon de la recta para ocupar puestos y beneficiarse.
Ejemplos hay muchos, pero el más reciente a nivel nacional es la inclusión de Eruviel Ávila, ex mandatario priista en el Estado de México, plagado de casos de corrupción y uno de los artífices del fraude cometido contra la hoy gobernadora Delfina Gómez, en el proceso electoral de 2017.
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La estrategia de rentar al PVEM también se ofreció en Baja California, donde mientras la gobernadora Marina del Pilar delega sus necesidades partidistas a Juan Manuel Molina García y Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán (dos de los perfiles a los que mayor confianza les tiene), su esposo, Carlos Torres Torres, dirige las posiciones del PVEM con la intención de colocar a perfiles que le parezcan interesantes y afines para incrustarlos en el próximo proceso electoral, bajo el manto protector de Morena..
Así, mientras la titular del Poder Ejecutivo bajacaliforniano trata de mantener un orden en el partido vinotinto, su esposo rescata a panistas para volverlos “cuota” política de la coalición, lo que queda fuera del alcance de cualquier morenista, pero beneficiándose del respaldo de la ciudadanía a Morena.
Perfiles como Óscar Vega Marín, quien más tarde que temprano traicionó al PAN y se entregó totalmente a los intereses de Morena, se refugió en el PVEM y busca la Sindicatura Municipal de Mexicali, por acuerdo con Torres Torres, su amigo, quien dicho sea de paso, cuando fue diputado local, literalmente “mantuvo” a Vega Marín con un sueldo por honorarios de poco más de 30 mil pesos mensuales por asesorías que nunca brindó. En el mismo sentido se pactó con la regidora Brenda Valenzuela, de Ensenada; y el ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, quien podría competir como próximo candidato en los comicios electorales de 2024 con el mencionado partido, pero aspirando al Senado de la República o una diputación federal.
La misma carta se intenta usar con Erik “El Terrible” Morales, ex titular del INDE cuyo respaldo del Poder Ejecutivo para contender por la alcaldía de Tijuana es innegable y actualmente se pretende ofrecer esta cuota al PVEM para impedir que la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez compita por la reelección.
El PVEM no cuenta con prerrogativas a nivel local, pero mientras este lastre mantenga su registro a nivel nacional, seguirá siendo utilizado como un traje a la medida de cualquiera que pueda pagarlo.
La gobernadora y su equipo están apostando demasiado a su suerte con la militancia y las tribus políticas del vinotinto, las cuales ya se dieron cuenta que pueden perjudicar los proyectos del Poder Ejecutivo si se organizan y se brincan para concertar con la dirigencia nacional.
Si la ruptura con el PES no se entiende como un llamado de atención de la militancia más definida ideológicamente, el mismo repudio puede suscitarse contra la coalición del PVEM, y con ello, el marinismo podría sufrir problemas de gobernabilidad durante y después de los comicios de 2024.
