La obra del parque lineal en el arroyo “El Piojillo”, que consta de una nueva unidad deportiva para la ciudad de La Paz, se ha envuelto en diversos escándalos por retrasos en pagos a trabajadores. Ahora son las organizaciones de la sociedad civil quienes cuestionan y señalan la legalidad de la construcción que inició sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada y que atenta contra el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la Capital.
El director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Sánchez Castro, constató que en la revisión de este proyecto detectaron en primera instancia que incumple con la regulación del PDU.
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En este documento que ordena y establece el tipo de obras que pueden realizarse en la mancha urbana y rural de La Paz, el arroyo “El Piojillo” aparece marcado en azul como zona federal.
“Cuando revisas en el Plan de Desarrollo Urbano la tabla de proyectos que se pueden ejecutar en la zona azul-zona federal, no incluye canchas ni centros deportivos”, explicó Mario Sánchez.
El abogado especializado en temas de medio ambiente reiteró que, en este escenario, las autoridades correspondientes no podrían haber otorgado un permiso de uso de suelo.
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“No es que te diga que esté escrito en piedra; los planes de Desarrollo Urbano se pueden cambiar siguiendo el proceso de su creación: presenta la modificación, pasa por consulta pública, termina la consulta, se aprueba la modificación y se aprueba el cambio”, comentó.
“Esa es la parte legal. Ellos se están saltando no sólo las partes de permisos ambientales, sino las partes urbanas. Habría que preguntarse cómo obtuvieron un uso de suelo para poder construir y luego, por lo tanto, la licencia de construcción”, reiteró.
APROBADA POR “ACUERDAZO”
Silvia Salas, titular de la oficina de representación en Baja California Sur de la Secretaría de Desarrollo Agrónomo, Territorial y Urbano (Sedatu), reconoció que la obra inició sin una MIA aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante la interrogante de cómo es que la empresa Zohmex desarrolla esta construcción, la respuesta está en el decreto presidencial que le permite al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, autorizar que arranquen las obras y después se apruebe la MIA.
“Sí tiene su acuerdo presidencial y está en proceso en Semarnat… Tiene ingresada su manifestación ante Semarnat. Todavía no está aprobada, para eso es que existe el decreto”, reconoció Silvia Salas.
La funcionaria federal expuso que cuando inició la obra se dio comienzo con el trámite y esos permisos quedaban amparados con el acuerdo presidencial, donde se exhorta que se puede llevar a cabo la obra con una prórroga.
“Con eso se empezó la obra y ya, obviamente, como no te exime del cumplimiento de obligaciones de ese tipo, sí se presentaron. La MIA está ingresada en Semarnat y están en espera de resolución”, reiteró.
“Conforme se va llevando el desarrollo de la misma se presentan los permisos, porque como ves, todo sucede muy rápido, y como ustedes observan, es una obra muy grande”, agregó.
Al ser cuestionada sobre cuál es la garantía que no haya una afectación ambiental en el arroyo “El Piojillo”, la titular de Sedatu respondió que, previamente, se realiza un resumen de la MIA con ciertas bases ante la Semarnat para garantizar que se cumplen con determinadas disposiciones.
Aseguró que el proyecto, de forma anticipada, debió ser revisado por las autoridades ambientales del Gobierno Federal.
“Cuando se presenta este acuerdo donde se realiza una situación de resumen de lo que se va a hacer de obra y el impacto que podría traer, son de las cosas que Semarnat también revisa para aprobar esta prórroga”, insistió.
Sobre el tema, Mario Sánchez argumentó que este decreto emitido por la administración federal, conocido como “el acuerdazo”, deja algunos vacíos que no dan garantía de que se está evitando el daño ambiental en las zonas donde se apresuran las obras.
“No es como plantearlo como la catástrofe ambiental más grande que tenemos en el año, básicamente lo que ha hecho es saltarse las trancas legales para existir”, mencionó.
Recordó que este decreto tiene que ver con los proyectos que se consideraban como de interés nacional o de seguridad nacional, que fue hecho para el Tren Maya y la Refinería.
En este escenario, cuestionó qué es lo que podría determinarse como un asunto de prioridad para la Nación cuando se habla de que, en este caso, se desarrolla la construcción de un parque deportivo.
Detalló que cuando Cemda se enteró de que la obra inició sin una MIA aprobada, interpusieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El director regional compartió que elementos de la Profepa revisaron la situación en el parque lineal, a lo que los directivos presentaron la carta que los avala para desarrollar la obra sin una MIA.
“Está corriendo el proceso de evaluación de impacto ambiental con un proyecto que está a punto de terminar; así de lógico como suena”, dijo.
DENUNCIAN NUEVOS ADEUDOS A TRABAJADORES
Posterior a las manifestaciones realizadas en diciembre, donde empleados de Zohmex evidenciaron adeudos de hasta cuatro semanas de salario, en estos últimos días iniciaron los reclamos por nuevos retrasos.
Un grupo de trabajadores señaló que el bono que les prometieron ahora está siendo una herramienta de extorsión para que laboren horas extras, esto ante el evidente atraso en la obra que debía ser entregada en febrero.
Jesús Salvatierra denunció que la empresa le debía dos semanas de sueldo y que la situación golpea, una vez más, a su familia.
Acompañado de otros dos empleados de la construcción, subrayan que la situación sí se regularizó en “abonos chiquitos” en diciembre; sin embargo, para los hogares que tuvieron que pedir prestado con intereses, ya era muy tarde.
Con respecto a la situación de las personas que llegaron de otras entidades para trabajar en la obra del parque lineal y que se retiraron de Baja California Sur en diciembre, al no recibir sus pagos, mencionó que no encontraron una solución efectiva para ellos.
Recordaron que Zohmex se comprometió a pagar el adeudo a los foráneos, no obstante, ahora deben viajar de nuevo a la entidad para hacer un trámite con huella digital; de lo contrario no se cubrirá el sueldo ya trabajado.
“No estamos haciendo un acto vandálico, estamos haciendo una obra de beneficio para Baja California Sur. Empresa Zohmex nos está fregando económicamente, tenemos que estar pidiendo para los lonches; la primera semana cobré 40 pesos”, expresaron.
Las manifestaciones de diciembre pasaron factura a quienes las encabezaron, pues asegura que cuatro colegas fueron despedidos por evidenciar el atropello a sus derechos.
Este escenario ha provocado que persista el temor entre el personal, que ahora piensa dos veces antes de manifestarse ante el retraso en el pago del bono y dos semanas.
Por último, dicen sentirse abandonados, ya que no cuentan con el apoyo del gobernador Víctor Castro Cosío ni de la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero.
ZOHMEX NIEGA ADEUDO
Poco antes del cierre de esta edición, Bernardo Pérez Martínez, superintendente de la obra del parque lineal, habló ante medios de comunicación para asegurar que están cubiertos todos los pagos al personal.
Explicó que durante el conflicto por los retrasos, se les “permitió” a los empleados que buscaran otro trabajo con la condición de que únicamente debían acudir a la obra una vez al día, para que se tuviera registro de su presencia para futuros pagos.
“Mucha de la gente que ha tenido conflicto y le hemos aclarado, muchos de ellos no tienen registro de esos días”, comentó.
“Nosotros no nos pusimos exigentes con un horario laboral porque sabíamos las condiciones y las circunstancias en las que estábamos, a pesar de que sí había material, a pesar de que sí había posibilidades de realizar trabajos”, añadió.
Reiteró que se ha pagado con total normalidad al personal y que hasta el momento no debería haber ningún trabajador inconforme.
No obstante, reconoció que sí hubo un retraso en el pago del aguinaldo, que se cubrió hasta el 31 de diciembre. Justificó lo anterior señalando que esta prestación estaba sujeta a que la Secretaría de Hacienda realizara los depósitos que corresponden a Zohmex.
“Desafortunadamente los pagos de Hacienda, a nosotros como constructores, se nos realizó en los últimos días del mes de diciembre. No es que no se les quisiera pagar, sino, como dice la minuta, se condicionaba esa parte a que realizara los pagos la Secretaría de Hacienda, y así fue”, compartió.
Ante los señalamientos por la forma en que se burlaron la legalidad de los permisos ambientales, hizo hincapié en que el decreto presidencial les permite desarrollar la obra, pero que las autoridades de Profepa han estado vigilando el avance de la misma.
“Sí ha habido visitas por parte de la Profepa a la obra y no han encontrado ninguna irregularidad acerca de eso; igual nosotros tenemos un documento que sustenta ese año de vigencia para poder ingresar el trámite que se vencería en marzo”, mencionó.
En medio de señalamientos constantes, el gobernador aclaró que su administración no tiene ningún proyecto con Zohmex y que todos los que lleva a cabo en Baja California Sur, como la pavimentación de la calle Tamaral en Los Cabos, se les otorgaron por medio de licitación con el Gobierno Federal.
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, se pronunció ante denuncias de trabajadores de Zohmex, la empresa encargada de la obra del parque lineal del arroyo “El Piojillo”, que evidenciaron nuevos retrasos en pagos.
“No hay compromiso, lo vuelvo a decir, con ninguna empresa particular para nada. Hay quienes han venido políticamente tratando de buscar por dónde y no van a encontrar porque yo no tengo con nadie ningún acuerdo de nada”, finalizó.
