Ha iniciado el proceso de expropiación de la planta productora de hidrógeno U-3400 propiedad de la empresa francesa Air Liquide, la cual se encuentra dentro de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, bajo el argumento de que se reducirá el costo del hidrógeno utilizado en la refinación de crudo como parte de la estrategia para que el país tenga soberanía energética.
Aunque es incierto si procederá la expropiación, el Ejecutivo federal ordenó la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial para el uso, aprovechamiento, operación y explotación de la planta de hidrógeno de 6 mil 451.78 metros cuadrados.
Con su presupuesto, Pemex Transformación Industrial deberá cubrir el monto de indemnización conforme a la Ley de Expropiación y el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), sin que se haya precisado un monto en el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el documento publicado el 29 de diciembre de 2023, los legítimos propietarios de la planta tendrán hasta 10 días hábiles para acudir al procedimiento judicial únicamente para contravenir el monto de la indemnización, pese a que especialistas han señalado que la declaratoria de utilidad pública no significa que se procederá a la expropiación.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Gobierno de la República vendió por 52 millones 700 mil dólares la planta de hidrógeno a la empresa Air Liquide México, S de RL de CV al señalar que la “situación financiera limitaba los recursos para cumplir con los planes de mantenimiento y demanda creciente de hidrógeno”.
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En 2017, Pemex firmó con la empresa un contrato por 20 años para el mantenimiento de la planta y el suministro de hidrógeno por el que la refinería de Tula paga una cuota fija, que durante los primeros tres años superó los 40 millones de pesos.
Ramsés Pech, analista económico y de energía, explicó que la empresa no es dueña del predio donde está la planta de hidrógeno, ya que el terreno le había sido dado en comodato por el Gobierno Federal, en tanto el suministro del hidrógeno que proporciona está supeditado a las necesidades de la refinería.
En ese sentido, el especialista cuestionó que con los problemas financieros que presenta Pemex, la paraestatal logre operar la planta con costos menores a los de la empresa y aumente la eficiencia de la refinería de Tula, la cual sigue sin llegar a los niveles previstos del 92%, aun cuando desde 2021 a 2023 aumentó del 47 a 60%
El contrato entre Pemex y la empresa pudo modificarse de común acuerdo si Pemex definiera que la refinería de Tula no va a llegar a la eficiencia del 92%. Tampoco se está dando una cancelación de contrato por causas de fuerza mayor o atribuibles a la empresa por incumplimiento, por lo que la paraestatal podría pagar al valor presente la cuota fija mensual de los 14 años que le quedaban al contrato. El problema con el procedimiento de expropiación es que se está dejando un precedente y “las empresas van a tener la duda de firmar un contrato con Pemex o con la CFE”, lo cual afectaría la inversión en el sector energético, consideró Pech.
