La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procederá legalmente contra una jueza y tres magistrados por haber concedido “ventajas indebidas” al dejar que ocho militares acusados de cometer delitos “graves” en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lleven su proceso judicial en libertad.
Acusó que la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio habrían cometido delitos contra la administración de la justicia establecidos en el artículo 225, fracción VI, VII, VIII del Código Penal Federal.
Según ese numeral son delitos contra la administración de la justicia cometidos por servidores públicos dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley.
Así como ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos y retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia.
La FGR rechazó de “manera tajante” la determinación de Duarte Cedillo y de los magistrados del Tribunal Colegiado al considerar que, en una “secuela procesal cuestionable” dieron ventajas a los acusados aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo, con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, “que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.
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La FGR de Alejandro Gertz Manero se quejó de que “la conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política se utiliza por algunos medios de manera parcial y engañosa”.
En un comunicado, difundido la tarde de este 21 de enero de 2024, la FGR aseveró que durante 2023 el Ministerio Público de la Federación obtuvo 9 mil 150 sentencias favorables para las víctimas; “lo cual demuestra que una parte muy importante de los jueces federales sí actúan con imparcialidad y con apego a derecho, mientras los medios ya aludidos buscan que esta representación social se confronte con todo el Poder Judicial, lo cual no puede aceptarse en modo alguno”.
“En los ´mecanismos alternativos de solución de controversias´ que es una función única y exclusiva de la FGR, se lograron determinar durante 2023, otros dos mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, en favor de las víctimas que acudieron a dicho método de procuración de justicia inmediata y eficiente”, agregó.
