El síndico procurador de Mexicali, Héctor Israel Ceceña Mendoza, se sacó de la manga una inhabilitación contra la ex alcaldesa Guadalupe Mora Quiñones, quien abandonó el partido Morena (del que la “corrió” Jaime Bonilla Valdez) para unirse al PT (hoy dirigido por Jaime Bonilla Valdez). Mora fue sancionada por Sindicatura debido a que le “prestó” dinero al Gobierno del Estado, entontes titulado por Jaime Bonilla Valdez, para cubrir ciertos compromisos de gasto corriente que tenía en ese momento. La medida fue considerada ilegal por el propio regidor panista Héctor Ibarra Calvo, quien presentó denuncia en 2021. Tres años tardó Sindicatura para emitir una sanción, que coincidentemente se dio previo al arranque de la campaña electoral. De lo que no se dijo absolutamente nada por parte del síndico procurador, es que el tesorero y el secretario del Ayuntamiento de los siete meses del gobierno de Lupita, eran nada menos que Víctor Amador Barragán y Manuel Zamora, actuales titulares de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California (Seproa) en el Poder Ejecutivo, y de la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento local. Los nombres de ambos figuraban en el convenio y la transferencia financiera para recibir el pago de 200 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo y posteriormente prestárselo al Estado. Pese a ello, el órgano interno de control del gobierno municipal no los implicó propiamente en la investigación, y mucho menos les emitió alguna sanción por las conductas que -al menos para el síndico procurador- pudieran considerarse actos irregulares e incluso ilegales. Evidentemente, la decisión de Lupita Mora fue un grave error político y jurídico, pues el Ayuntamiento de Mexicali no es una cundina y el recurso público no se puede disponer de una manera libre y discrecional por el simple hecho de que no es de los gobiernos, sino de los ciudadanos. Pero si se van a emitir sanciones, lo ideal sería que se castigara a todos los implicados en el proceso. ¿O no?