La que se creía, sería una herramienta importante para desactivar el poder económico de las organizaciones criminales, ha quedado a deber hasta el momento. La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED) sí es empleada por el Gobierno Federal, sin embargo, en su mayoría se procede en contra de personas que fortuitamente son detectadas en posesión de importantes cantidades de dinero en moneda nacional o extranjera, y son pocos, muy pocos los personajes del narcotráfico en contra de los que se han ejercitado acciones para desapoderarles de sus bienes muebles e inmuebles.
Con la anterior legislación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo inició cinco procesos de esta naturaleza entre 2019 y 2020 en el único Juzgado especializado que existía entonces para dicho efecto. A partir de la nueva Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, la cantidad de Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana aumentó a seis desde el 16 de diciembre de 2020, y desde esa fecha hasta hoy, el número de asuntos se disparó hasta 300 procesos.
Sólo durante 2023, los Juzgados federales especializados en la materia atendieron 112 casos en los que agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio (UEMED), dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitaron la pérdida de derechos sin contraprestación ni compensación de diversos bienes presunta propiedad de personas implicadas en delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Los resultados en los tribunales no han sido del todo positivos para el Poder Ejecutivo que pretende adjudicarse esos bienes por conducto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), sobre todo en casos que tienen resonancia social, pues al estilo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Ley Nacional de Extinción de Dominio también tiene un uso político en contra de los adversarios del régimen, a quienes se pretende retirar de los activos que presuntamente no puedan acreditar su legitima procedencia y se encuentran relacionados con la comisión de un delito.
Uno de los reveses más dolorosos para la administración lopezobradorista fue el fallo de la Juez Segundo de Distrito especializada en favor del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, al declarar improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto de los derechos que el demandado tiene sobre el bien inmueble ubicado en el conjunto habitacional Residencial La Retama, en Calle Ladera número 20, Fraccionamiento Lomas de Bezares de la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México, presuntamente adquirido en 34 millones de pesos, según se desprende en el acuerdo ministerial FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019.
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La juzgadora estableció que si bien, la nueva legislación comprende la figura de retrospectividad de la Ley (aplicación de la norma legal desde que entró en vigor, a situaciones sucedidas en el pasado que han estado gobernadas por una norma anterior), por haberse adquirido el inmueble en 2012, lo cierto es que en esa fecha, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaba incorporado a los que actualmente están dentro del Artículo 22 de la Constitución para fines de extinción de dominio. Sin embargo, el inmueble continúa asegurado, pues la resolución fue apelada por la FGR.
Un asunto que en cambio sí tuvo una sentencia favorable no sólo a los intereses del Gobierno Federal, sino de autoridades estadounidenses, fue el juicio para extinguir el dominio sobre cinco bienes que eran propiedad del narcotraficante Rafael Caro Quintero y de su ex esposa, María Elizabeth Elenes Lerma. Una juez federal declaró la procedencia de la acción de la representación social sobre dos casas, dos departamentos y un local comercial ubicados en Zapopan, Jalisco tras una petición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicitó asistencia jurídica internacional para el decomiso de los inmuebles, al demandar la extinción de dominio en una Corte de Nueva York, toda vez que fueron adquiridos con recursos procedentes de la venta de narcóticos.
CONTRA NARCOS
Durante 2023, sólo tres de las 112 acciones de extinción de dominio sobresalieron en contra de personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico o familiares narcotraficantes. La primera de ellas fue ejercitada en contra de la señora Josefina Caridad Gaytán Mendoza, madre de los presuntos criminales Abundio y Gonzalo Mendoza Gaytán, señalados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A la mujer le fueron aseguradas dos cuentas bancarias en Puerto Vallarta, una de las plazas que supuestamente es liderada por su hijo, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder de la organización criminal.
El 7 de julio de 2023, en los autos del juicio de extinción de dominio 12/2023, la FGR demandó que el dinero que obra en dos cuentas de la institución BBVA a nombre de “Chepita” Gaytán sean adjudicadas en favor de la Federación. Se trata de las cuentas: 0000001492786788, que mantiene asegurados 179 mil 943 pesos 90 centavos; y la número 0000002648326762, mancomunada entre Josefina y Abundio alias El Güero, con la cantidad de 135 mil 795 pesos 47 centavos. Hoy en día, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana estudia el asunto.
Gonzalo Mendoza Gaytán es mencionado junto con Audías Sandoval el Jardinero como uno de los posibles sucesores del Mencho, en caso de que este llegase a faltar como líder del CJNG. Nacido en 1988 e hijo del michoacano Gonzalo Mendoza Torres alias Don Gonza y de Josefina Gaytán, el llamado Rey Sapo se salvó de ser detenido el 26 de enero de 2012 durante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el coto residencial Valle del Rey, ubicado sobre Bulevar Jardín Real Oriente, Fraccionamiento Jardín Real, municipio de Zapopan. En esa ocasión fueron detenidos sus padres.
Mendoza Gaytán opera desde Puerto Vallarta hacia Michoacán, Zacatecas y Nayarit; incluso, se ha mencionado su presencia en Baja California.
Otra acción emprendida ese año por el Ministerio Público Federal ocurrió el 19 de septiembre en contra de Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, esposa del presunto narcotraficante Gerardo González Valencia el Lalo, miembro de la familia de Los Cuinis de Michoacán, operadores financieros del CJNG. En el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana se inició el juicio 12/2023 con la intención de que se declare procedente extinguir de su peculio el dinero contenido en las cuentas bancarias 10500051160 y 222439871, “más los rendimientos e intereses ordinarios y extraordinarios que se generen o pudieran generarse a partir de que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado lo administre y hasta la aplicación de los recursos”.
Investigaciones relacionadas con los Panamá Papers, el sistema tecnológico denominado El Guardián y el seguimiento a Wendy Dalaithy, fueron los puntos clave que permitieron a la Guardia Republicana de la Policía Nacional del Uruguay detener al michoacano Gerardo González Valencia el jueves 21 de abril de 2016 en Carrasco, cerca de Montevideo, cuando acudió a recoger a sus tres menores hijos del colegio. Amaral Arévalo fue detenida dos días después en el aeropuerto de la misma ciudad, cuando arribó en un vuelo procedente de México, aunque posteriormente se le liberó.
Uno de los juicios de extinción de dominio de mayor relevancia en la actualidad (17/2023) se conoció el 2 de octubre de 2023 en el Juzgado Cuarto de Distrito especializado en la materia, donde la FGR ejercitó la acción en contra de uno de los diversos inmuebles que el narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera utilizó para ocultarse en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y escapar de las autoridades que pretendían detenerle a través del sistema de drenaje municipal. Se trata de la casa ubicada en Calle Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales, también conocida como Fraccionamiento Colinas de San Miguel.
El referido inmueble se construyó sobre dos lotes y se encuentra asegurado con motivo de las investigaciones en contra del exlíder del Cártel de Sinaloa dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/189/2014. Es una de las seis casas que interconectaban con la red de túneles del alcantarillado y que el Gobierno Federal anunció en noviembre de 2019 que subastaría, lo cual finalmente no ocurrió y apenas se está reclamando la pérdida de derechos para sus dueños, propietarios o poseedores por estar relacionada con delincuencia organizada para llevar a cabo delitos contra la salud. En aquel entonces la finca tenía un precio de salida de 11 millones 224 mil 445 pesos.
BAJA CALIFORNIA
En BC se iniciaron siete juicios de extinción de dominio durante 2023, la mayoría en contra de personas que poseían moneda extranjera sin acreditar su legitima procedencia o en otros casos bajo sospecha de ser producto de la comisión de delitos federales, como fue el caso de los ciudadanos rusos Andrei Iurevich Miakotin, de 48 años, y Olga Miakotina, de 41, detenidos por la Policía Municipal de Tijuana con 587 mil 550 dólares americanos y liberados por la FGR en diciembre de 2022, pero sin regresarles el dinero y sometidos a la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002995/2022 por posible trata de personas, aunque ambos extranjeros ya no son localizables.
El juicio 7/2023 se encuentra instruido en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio en la Ciudad de México desde el 3 de mayo del año próximo pasado. Los rusos fueron detenidos junto con el mexicano Francisco Javier, de 28 años, cuando en el cruce de las avenidas José María Larroque y de la Amistad, en las inmediaciones de la línea fronteriza, se encontraban a bordo de una camioneta Toyota Sienna color blanco, con placas de California. En la unidad, los uniformados localizaron un maletín negro con el efectivo. Presuntamente recogían dinero producto del tráfico de migrantes, pero el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-1 en Tijuana, les otorgó su libertad provisional.
Otro asunto importante es el de 50 mil dólares americanos y 41 mil pesos en efectivo que le fueron asegurados a Rodolfo Juan Yépez Ortiz alias El Rodo y/o El Rudo, de 39 años, hermano del narcotraficante José Antonio Yépez el Marro, ex líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, cuando fue detenido la madrugada del 8 de noviembre de 2022 durante una revisión en el puesto de Seguridad Estratégico Carretero de Mexicali por elementos de la Guardia Nacional. Fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita (Carpeta de investigación FED/BC/MXLI/0002750/2022) y apenas el 3 de marzo de 2023 se le inició juicio de extinción de dominio en el Juzgado Tercero de Distrito de la especialidad bajo el número 4/2023. Se señala como personas afectadas por ser dueños del dinero a los hermanos Ricardo y Alejandro C, así como a Adrián C.
A Edgardo Mannings le encontraron en posesión de 34 mil 688 dólares americanos, y el 5 de junio de 2023, se interpuso la acción para que ese dinero lo pierda en juicio en favor de la Federación. El efectivo fue asegurado por el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV-1, en San Luis Río Colorado, Sonora, dentro de la carpeta de investigación FED/SON/SLRC/ 0002393/2021; se indaga el origen o procedencia de dinero, pues se encuentra vinculado con el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La persona afectada se llama Marcos Roberto G. El caso es el 10/2023, en el Juzgado Tercero de Distrito especializado.
Entre los bienes sujetos a extinción de dominio también hay una aeronave de ala fija, monomotor, en color blanco con franjas azules y doradas a los costados del fuselaje y empenaje, asegurada a Héctor Manuel López Vizcarra, de Sinaloa, por lavado de dinero, aunque el dueño es el bajacaliforniano Ramiro A. El avión de la marca Cessna Aircraft Corporation, modelo TU206G, matrícula XB-HRQ, se encuentra en el Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic Nayarit, a disposición del INDEP y en espera del fallo del Juzgado Sexto de Distrito de la especialidad en el juicio 8/2023.
Otros tres casos de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en Tijuana y Mexicali, son los de Luis Ángel Ibarra Banderas, por tener en su radio de acción 31 mil 374 dólares americanos y 2 mil pesos en efectivo (Juzgado Segundo de Distrito especializado, juicio 3/2023); César Cuevas González, con 95 mil 519 dólares (Juzgado Tercero de Distrito especial, juicio 3/2023, carpeta de investigación FED/BC/MXLI/0002341/2020); e Imelda Ruvalcaba Paredes (Juzgado Primero de Distrito especial, juicio 17/2023), apenas demandada el 2 de octubre de 2023, aunque no se proporcionan detalles del sumario a extinguir de su dominio.
