El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, el 12 de enero de 2024, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por negarle a la ministra Lenia Batres Guadarrama inscribirla en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a disminuirle el salario, para ganar menos que el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El mandatario nacional afirmó que la petición que hizo Batres Guadarrama para que el máximo tribunal constitucional accediera a que ella se redujera su salario, era una “cuestión voluntaria”, por lo que insistió en que el resto de los ministros estaban llevando a cabo una simulación de su labor.
“Creo que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución […] Lo otro, pues es una cuestión voluntaria”, declaró el político tabasqueño.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, López Obrador insistió en que si un ministro de la SCJN quería ganar menos que el Presidente de la República, este debería de tener las facilidades de hacerlo, ya que señaló que no sería complicado hacerlo.
El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que, en el caso de Batres Guadarrama, ella debería de poder hacer sus cuentas respecto a su salario y devolver el dinero excedente a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
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Respecto a que SCJN también le negó la posibilidad de que Batres Guadarrama se inscribiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el político tabasqueño afirmó que ella podría hacerlo de manera personal.
“Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Creo que eso no se puede negar a nadie, y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas”, comentó el presidente de la República.
El mandatario nacional adelantó que el 5 de febrero de 2023, fecha en la que se celebrará el Día de la Constitución, dará a conocer las iniciativas para reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que aseguró que su objetivo será “que se respeten la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el residente de la República, como lo establece el artículo 127”.
A través de un oficio, emitido el 8 de enero de 2024, Pedro Estuardo Rivera Hess, titular de la Dirección General de Recursos Humanos del máximo tribunal constitucional, argumentó que los ministros eran titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que recibir los beneficios del ISSSTE, duplicarían la prestación que les otorga la Constitución en materia de retiro.
El máximo tribunal constitucional detalló que no era posible dar de alta a los ministros ante el ISSSTE, por lo cual se les otorgaba un seguro de vida y otro de gastos médicos. Respecto al salario argumentó que la percepción no sólo estaba integrada por el dinero en efectivo, sino que incluía todas las prestaciones que venían con el cargo, como alimentación, transporte, casa, seguridad, servicios de salud, entre otros.
Además, la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no establecía parámetros objetivos para fijar los salarios de cada funcionario.
La SCJN declaró, en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que señaló que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garantizaran las características que exigía dicho numeral constitucional, empezando por la del presidente de la República.
Lo que influía en todo el sistema de remuneraciones, porque la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal era el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública.
No obstante, la Dirección General de Recursos Humanos del máximo tribunal constitucional sí aceptó la petición de Batres Guadarrama, de no recibir el Seguro de Separación Individualizada y le garantizó que tendría todas las condiciones materiales para realizar su trabajo. Por su parte, la ministra anunció que ella misma buscaría inscribirse de forma voluntaria en el ISSSTE y que regresaría el dinero “excedente” de su salario, a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
“La SCJN se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que ‘declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018)’, pues “el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones…”, escribió Batres Guadarrama, en su cuenta de la red social X.
“Lo que no señala el oficio es que hay una nueva Ley de Remuneraciones vigente, de 2021, que establece estos parámetros. Véasele por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso, he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones en la Tesorería de la Federación”, insistió la ministra en la red social, antes llamada Twitter.
“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la
@SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, había anunciado Batres Guadarrama, en la misma red social, el 6 de enero de 2024.
A través de un oficio dirigido a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, con fecha del 29 de diciembre de 2023, Batres Guadarrama pidió que se le aplicara la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la Ley Federal de Austeridad Republicana.
“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, publicó la ministra.
En su cuenta de la red social X difundió una imagen del oficio entregado a la Dirección General de Recursos Humanos de la SCJN, en el que además de sólo pedir las prestaciones que conforme a derecho le correspondían, dejó de lado el seguro de separación individualizado y las cajas de ahorro especiales.
En julio de 2023, la Secretaría General de Acuerdos de la SCN respondió a una petición de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), respecto a “informar las acciones que este alto tribunal ha realizado a efecto de cumplir con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución’,’ carece de “fundamento jurídico’’.
