Autoridades federales, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y medios de comunicación, difieren en el número de periodistas asesinados en México tanto en años anteriores como en 2023; sin embargo, se estima que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno Federal, han muerto violentamente más de 50 personas dedicadas al oficio de informar, principalmente a través de los llamados medios informativos tradicionales.
La diferencia de cifras se ejemplifica a la perfección en 2022, cuando el Gobierno de México reconoció 13 asesinatos con estas características, mismo número que avala el organismo Artículo 19, señalando que los crímenes están relacionados directamente con el ejercicio del periodismo; mientras que la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) advierte que fueron 16 los informadores privados de la vida, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) contabiliza 19 homicidios de reporteros.
En 2023 se mantuvo la misma discrepancia hasta en un 50%, puesto que autoridades gubernamentales admitieron que cinco comunicadores fueron asesinados; en tanto, medios de comunicación y algunas sociedades civiles, señalan que sumaron 10 muertes de miembros del gremio de la información. El problema que se establece es la categorización de quiénes son y quiénes no considerados periodistas, reporteros, informadores, comunicadores y fotorreporteros, así como el tipo de medio para el que colaboran, entiéndase prensa, radio, televisión, blog, canal de video o cualquier portal publicado a través de redes sociales.
Los cinco periodistas reconocidos como tales y asesinados durante 2023, eran Marco Aurelio Ramírez Hernández, reportero independiente cuyo homicidio se perpetró el 23 de mayo en Tehuacán, Puebla; Luis Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal de La Jornada y de Crítica ADN, el 7 de julio en Tepic, Nayarit; Nelson Matus Peña, del medio Lo Real de Guerrero, acribillado el 15 de julio en Guerrero; Jesús Gutiérrez Vergara, fundador del portal Notiface en prensa digital, el 25 de septiembre en Sonora; e Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista que laboraba para El Heraldo de Juárez, ejecutado el 16 de noviembre en Chihuahua.
Sin embargo, el propio Gobierno Federal siembra la duda en la categorización de periodistas al contar como tal al creador digital Edgar Sifuentes Casso, asesinado el 16 de noviembre en Valle Hermoso, Tamaulipas. Al momento de ser primero privado de la libertad, y después hallado sin vida, Sifuentes era director de comunicación social del municipio de Valle Hermoso, pero en los más recientes informes del Gabinete de Seguridad del gobierno de López Obrador, se le incluye como “periodista asesinado”.
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Otras personas enlistadas por diversas organizaciones vigilantes de la libertad de expresión y mencionados en notas periodísticas como miembros del gremio que fueron asesinados: Abisaí Pérez Romero, estudiante y activista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), publicaba noticias de agresiones al medio ambiente en el medio Son Politikón y fue asesinado el 13 de febrero en Tula, Hidalgo; Ramiro Araujo Ochoa, fotorreportero independiente, el 21 de febrero en Ensenada, Baja California; Carlos Acosta Córdova, ex colaborador de Proceso y El Universal, el 4 de marzo en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México; y Héctor Darío Reyes, fotoperiodista cubano, el 17 de marzo en la alcaldía Álvaro Obregón, también en CDMX.
También se tiene en el registro no oficial, fuera de los reconocidos por autoridades gubernamentales o Artículo 19, a Gerardo Torres Rentería, ex colaborador de TV Azteca, Reuters y Telemundo, privado de la vida a balazos el 11 de mayo de 2023 dentro de su domicilio particular en Acapulco, Guerrero, hasta donde llegó un grupo de hombres armados para ejecutarlo; y a Pablo Salgado, locutor de la emisora de radio La Grande de Iguala y cronista de jaripeos, quien el 2 de junio viajaba a bordo de su camioneta con otra persona que resultó lesionada tras ser agredidos por sujetos que circulaban en otro vehículo en Iguala, Guerrero.
IMPUNIDAD
La administración de AMLO presume que en la mayoría de los casos hay personas detenidas, mientras que en sus estadísticas de 2022, destaca la captura de 27 personas relacionadas con los 13 crímenes admitidos en esa anualidad, de las cuales sólo 22 fueron vinculadas a proceso, cinco sentenciadas y seis prófugas de la justicia. En tanto, en 2023 se vinculó a proceso a cuatro individuos relacionados con los asesinatos de Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua). En el caso del homicidio del poblano están procesados José Francisco N y Jesús Armando N, mientras que por el crimen de Ismael, son juzgados Carlos Miguel N y Jesús Adrián N.
De los asesinatos no considerados oficialmente en agravio de periodistas, dos menores de edad -Daniel M y Gael Omar B-, presuntos participantes en el homicidio del fotógrafo de medios Ramiro Araujo Ochoa, fueron detenidos, tras atacar -de madrugada- con un cuchillo al ahora finado, quien además de tomar fotografías como freelance laboraba como guardia de seguridad en el fraccionamiento Solana Residencial en Ensenada.
Araujo trabajó como reportero de sociales en El Mexicano, en los periódicos Novedades de Baja California y Diario 29. Fue fundador del Club de Prensa de Ensenada en la década de los ochenta.
Cabe mencionar que en el caso del periodista Jesús Gutiérrez Vergara, privado de la vida la noche del 24 de septiembre de 2023 en San Luis Río Colorado, Sonora, presuntamente contaba con la asistencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, órgano de la Secretaría de Gobernación creado en 2012 para auxiliar a los beneficiarios del mismo a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves, así como asignar escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico. Desafortunadamente con el asesinato de Jesús, suman nueve los periodistas ejecutados en el sexenio, a pesar de estar supuestamente “protegidos” por el referido Mecanismo. Ocho de los casos mencionados en el informe mundial 2023 de Human Rights Watch.
El 25 de julio de 2023, el Presidente López Obrador denunció una supuesta “campaña perversa” en su contra, en la que pretendían responsabilizar en caso que algún periodista o aspirante a la candidatura presidencial pudieran ser asesinados. “Una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que, si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia, va a ser culpa mía. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar, cuando mucho hace una semana”. Dijo que algunos periodistas ligados al ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, son quienes orquestan la acción.
OFICIO DE MUERTE
De acuerdo con el periodista J. Jesús Lemus Barajas, periodista independiente y escritor que acaba de presentar su libro “Los días de la ira. De cómo están asesinando al periodismo en México”, de editorial Terracota, del 1 de enero de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2023, se documentó el asesinato de 266 periodistas en este país, por lo que “hoy, ejercer el periodismo en México, es un oficio de muerte, como lo califico, pero que también, a pesar de ello, hay una esperanza renovada de muchos de los periodistas mexicanos en activo, porque queremos que esto se trasforme, que esto cambie, queremos alejarnos de los vicios que nos ponen en riesgo”.
Entrevistado por ZETA, el autor, afirmó: “Es importante establecer las cifras, pero lo más relevante es que se trata de vidas, de personas. Los números son muy fríos. Se habla de esos 266 homicidios de periodistas en 23 años, pero son 266 familias que padecieron esa ausencia y los problemas que quedaron. Y si multiplicas esas muertes por cinco miembros en promedio de cada familia, es también una gran cantidad de víctimas indirectas. Pero más allá de esas cifras, es importante que la gente sepa cuál es la realidad en la que nos encontramos los periodistas. Es cierto, las cifras indican que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo de todos los países que no tienen guerra, en todo el mundo”.
Lemus advierte que cada 17 minutos se gesta una agresión a un periodista “y se agrede de una u otra forma, a través de amenazas, de intimidaciones y de campañas públicas de desprestigio; o a través del encarcelamiento, del asesinato, de la desaparición, en los casos más graves; pero cada 17 minutos un periodista recibe un ataque por parte de alguien desde el anonimato.
“Es muy grave, porque significa que eso nos está llevando o inclinando a guardar silencio porque los compañeros dicen: ‘Ya no me quiero meter en problemas, ya mejor no cubro esa información’. Y hay muchos periodistas que se van dejando. Eso genera manchas de silencio en el país, hay muchas zonas de silencio, donde no hay ejercicio periodístico de investigación, donde los periodistas deciden callarse y publicar sólo lo que les dice la autoridad en turno, y en otros casos, lo que dicta el crimen organizado. Actualmente hay 65 zonas consideradas ‘de silencio’, y cuando uno ve eso, no nos queda más que la esperanza de decir ‘tenemos que transformar esto’”, argumentó.
“A muchos periodistas veteranos tal vez no nos toque ver el relevo generacional que viene y la transformación del oficio, pero corresponde a esos muchachos que vienen, nuevos, llegar con una visión más fresca y que nos superen a los que hemos ejercido los últimos 30 o 40 años. Que nos superen para que lo hagan mejor y puedan servirle más a la sociedad y alcancen un Estado democrático como al que aspiramos todos”, exhortó.
Los focos rojos destacados por el escritor michoacano se encuentran en Irapuato, Guanajuato; Morelia y La Piedad, Michoacán; Jalapa, Veracruz; zona norte de Puebla; Caborca, Sonora; además de Tijuana, Baja California.
“Tamaulipas ya ni se diga, prácticamente todo el Estado, incluso Guadalajara, Jalisco. Si nos vamos hacia el Sur, en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, todas en Chiapas, no hay periodismo. En la zona de La Montaña hay un periodismo mudo, ya no se atreven a publicar por las amenazas de muerte. Hay 65 regiones que están marcadas ahí, plenamente, en todo el territorio, como zonas de silencio, y no hay periodismo de investigación”, advirtió.
Preso durante tres años y cinco días en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco durante la administración de Felipe Calderón, Lemus asegura que cuando se trata de silenciar al periodista, “lo más eficiente es la cárcel, ahí desde el Estado se hace una operación que no se ve tan grotesca como cuando es el asesinato o la desaparición, sino que se le cuadran perfectamente los delitos; el encarcelamiento es una de las formas más sustanciosas del Estado para amedrentar, para que vean los demás ‘esto les puede pasar’.
“Lo acabamos de vivir. No es periodista, pero participa en el gremio informativo, el doctor Alfredo Jalife, un articulista, opinador de información política, que fue llevado a prisión por lo que vertió como opiniones, que no se si estuvieron mal, si estuvieron bien, pero se le intentó castigar su libertad de expresión”, ejemplificó el autor.
Jesús critica la actuación del Mecanismo de Protección de Periodistas: “Es una cueva en la que se ha anidado la corrupción, está infestado de corrupción, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión no hace nada, las fiscalías estatales tampoco hacen nada. Nadie hace nada por remediar la situación de violencia contra los periodistas y por eso es necesaria la voz. Los organismos supuestamente dedicados a la protección de periodistas siguen recibiendo carretadas de dinero supuestamente para la defensa del gremio, pero no defienden nada, y a esas organizaciones les beneficia más que se siga atacando, porque siguen pidiendo más recursos y siguen sin hacer nada.
“La comisionada de los Derechos Humanos, la señora que se encuentra al frente, creo que se llama Rosario, se ha convertido en vocera del Presidente López Obrador. Se dedica a tapar las cochinadas de esta administración y a seguir buscando en el pasado, pero no lleva a ninguna cosa. Es una especie de ‘ratón loco’ la operación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La señora está más preocupada por encontrar su tinte Majirel Caoba 2.5, creo que está más preocupada por eso”, finalizó el periodista, quien se encuentra desplazado por amenazas y es custodiado precisamente por el Mecanismo de Protección.
