Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pidió, el 6 de diciembre de 2023, a Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconsiderar la suspensión, en su totalidad, contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de octubre del mismo año-, con la que se pretendía la entrega de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, contenidos en 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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En un video grabado desde Acapulco, Guerrero -donde se encontraba atendiendo la emergencia tras el paso del huracán “Otis”, el 23 y 24 de octubre de 2023-, la funcionaria federal subrayó que, según ella, la ley claramente señalaba que no procedía la suspensión en contra de normas generales.
“A pesar de haber legislación expresa, se determinó la suspensión y el ministro lo determina porque dice que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada […] Porque de actuar así y de extinguir los fideicomisos, se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía, de la impartición de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial”, señaló Alcalde Luján.
“No compartimos esta visión, como hemos señalado, no se vulnera ningún derecho, así que ojalá se reconsidere y esos recursos puedan ser utilizados para la reconstrucción de Acapulco”, planteó la titular de la SEGOB, quien también enfatizó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2024, estaban a salvo todos los derechos laborales y “la protección” para los trabajadores judiciales.
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Alcalde Luján recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el dinero de los fideicomisos se “regrese”, para utilizarlos en el plan de reconstrucción de Acapulco.
La funcionaria federal recordó que, en su momento, la presidenta del máximo tribunal constitucional, Norma Lucía Piña Hernández, estuvo de acuerdo con dicho planteamiento y lo externó así en una carta que hizo pública.
“Por eso llama la atención la resolución del Ministro Láynez el día de ayer [martes 5 de diciembre de 2023] donde determina una suspensión […] Una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos, esta derivada de una acción de inconstitucionalidad presentada por unos senadores”, criticó la titular de la SEGOB.
“Está muy activo el ministro Laynez, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia. Intervino en esto de los fideicomisos, para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial y también intervino ayer en lo de los vapeadores. Está bateando arriba de 300”, dijo, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el 7 de diciembre de 2023.
“Lo de los fideicomisos, yo celebré que la presidenta, la señora Piña, haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados de Acapulco, lo celebré. Pero, al mismo tiempo, empecé a notar que había inconformidad con lo que había decidido y a los pocos días un amparo y luego otro”, agregó el político tabasqueño.
“Y, ahora, ya un ministro deja sin efecto lo que había planteado la presidenta originalmente, me envió un oficio, está por escrito, hasta los representantes del Congreso se sumaron y estuvieron de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer?”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El mandatario nacional planteó que Piña Hernández pudo haber simulado con su intención de destinar los recursos de los fideicomisos para los damnificados de “Otis”, pero al final alentó los amparos tras ser sometida a presiones, para retractarse de su plan original.
“Sólo hay dos explicaciones: una, que ella sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no afectan en lo laboral, no dejan sin salarios o prestaciones a los trabajadores, eso hay que aclararlo, es un fondo para privilegios y sueldos elevadísimos y otras prestaciones. Creo que ella pensó que era un momento de decir que era un recurso, que la Cámara de Diputados decide que se regresen a la Tesorería y se etiqueten para los damnificados de Acapulco”, abundó el político tabasqueño.
“Hasta ahí iban bien las cosas, entonces son dos cosas: o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás. Una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real”, consideró el presidente de la República, quien también expresó que no esperaba que la SCJN suspendiera la extinción de los fideicomisos del PJF.
“No [lo esperaba], me sorprendí […] pero empezaron con amparos y termina con Laynez diciendo no. Sí, la Secretaria de Gobernación [tuvo comunicación con la ministra Piña Hernández], pero ya no hubo otro acercamiento”, mencionó el político tabasqueño.
Mientras que Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que la decisión del ministro Laynez Potisek, de suspender en su totalidad la extinción de fideicomisos del PJF, obedeció a intereses privados.
La también integrante del grupo legislativo de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, señaló que el artículo 105 de la Constitución y en su ley reglamentaria, se establecía “claramente”, que en temas de controversia constitucional no procedía la suspensión.
“No es inconstitucional o no es una falta lo que consideren los Ministros, es lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que en controversias constitucionales la suspensión no procede, ¿quién violenta a la Constitución?”, cuestionó Rivera Rivera.
“Pero lo que sí les puedo asegurar es que la Constitución no ha cambiado. La Constitución y la ley reglamentaria son claras y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos […] No pueden ser juez y parte y ya lo tomaron como costumbre y eso tiene que cambiar. Por eso es tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial”, expuso la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
