El sector empresarial manifestó su oposición al aumento del 1.80 a 4.25% de la tasa ordinaria del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo (conocido como Impuesto a la Nómina) y al incremento del 16% en las tarifas de agua propuesto en la Ley de Ingresos de Baja California 2024, tras considerar que el Estado pierde competitividad, se incentiva a la informalidad y se compromete la generación de empleos.
Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, señaló que incrementar la tasa ordinaria a la nómina sin etiquetar los recursos (como están actualmente especificadas las sobretasas) no abona a la transparencia en el ejercicio de los recursos.
Reprochó que las modificaciones planteadas no hayan sido socializadas, por lo que a nombre del sector productivo hizo un llamado al Congreso y al Ejecutivo a revisar la postura. “No buscamos un divorcio, lo que buscamos es levantar la voz, que seamos escuchados, sentarnos en una mesa y trabajar para mejores soluciones”, dijo el empresario.
“A final de cuentas no hemos sido tomados en cuenta en esto y es algo que nos molesta y nos entristece porque se están tomando decisiones unilaterales. Pareciera que quieren correr con ella, para que nuevamente como el año pasado con la segunda sobretasa nos digan: ´ya se votó, ya pasó y no se puede hacer nada´”, indicó el presidente del CCE de Tijuana, ante la posibilidad de que el 19 de diciembre la Comisión de Hacienda dictamine las modificaciones las leyes de Ingresos y de Hacienda.
Dijo que las presiones en la recaudación del Estado se deben a que cada vez se reciben menos recursos de la Federación; por lo que se pronunció a favor de que la administración estatal gestione los recursos ante el gobierno federal. Asimismo, que tenga “efectividad, eficiencia y transparencia”, ya que sigue incrementándose el gasto operativo del gobierno y ha habido un aumento “importante” en el gasto social.
Jaramillo Silva expuso que aun cuando se argumente que el impuesto propuesto es igual al impuesto original más las sobretasas que actualmente se paga de 4.25%, “se debe reconocer que no es así”, pues llevar el impuesto a un incremento generalizado y a la ley hacendaria también se elimina “cualquier posibilidad de eliminar las sobretasas una vez cumplidas las necesidades para las cuales fueron establecidas”.
La sobretasa impuesta en 2023 establecía que ésta no impactaría a las empresas con menos de 50 empleados, “hoy el nuevo impuesto propuesto impactaría a todos en general, afectando la base de nuestras MiPyMES”. No se puede permitir que quede al criterio de un decreto el impacto a este “importante” sector, ya que se estima que 80% de las empresas son MiPyMES en el estado.
“El comercio informal es cada vez más evidente, y estas acciones no abonarán a llevar a más ciudadanos a la formalidad, por el contrario, incentiva a la informalidad por el alto costo de ser formales y genera una competencia desleal hacia los comercios establecidos”, señaló Jaramillo Silva durante una conferencia de prensa en la que también participaron los presidentes de los CCE de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, Luis Manuel Elizondo Lomelí, Marco Antonio Estudillo Bernal, Joel Villalobos Gutiérrez y Gustavo Torres Ramírez, respectivamente.
En el evento de este 12 de diciembre de 2023, los empresarios hicieron referencia a una reunión con el secretario de Hacienda Marco Antonio Moreno Mexía celebrada un día antes, en la que le habrían manifestado que el sector empresarial ha tenido impactos no sólo por la sobretasa impuesta del año pasado, sino también por el incremento al salario mínimo, y el aumento de vacaciones.
Costos que hacen que cada vez las empresas estén “batallando más” para mantener su operación, y por los que los grandes empleadores estén considerando recortes y/o ampliar sus operaciones en otras entidades del país y eso preocupa a las locales, porque la economía de Baja California está encadenada y los grandes empleadores generan empleos indirectos,señaló Villalobos Gutiérrez
“Si hoy salimos y hablamos con los restaurantes, con los comercios, con los hoteles, con todos los demás y preguntamos realmente te está yendo bien, la mayoría va a decir que no les está yendo bien. El nearshoring puede ser una falacia si no tomamos las decisiones estructurales para cambiar las cosas”, expresó Jaramillo Silva.
En cuanto al alza anual de 16% en las tarifas de agua, por arriba de la inflación, Jaramillo Silva dijo que ése es otro tema “que no abona a la competitividad del Estado”, y en los últimos años el sector ha sido “objeto de extorsiones y cobros indebidos, incrementos excesivos que no cesan año con año, sin ver los resultados en la inversión de infraestructura que resuelva la problemática critica que tiene el estado”.
