El Gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y muchos otros en el orden estatal, antes que aceptar una falla en su estrategia por la seguridad o en el combate a los cárteles y al crimen organizado, prefieren revictimizar a los mexicanos agredidos.
No aceptan, empezando por el mandatario federal, que el país está en manos de los cárteles cuyas cabezas criminales y células delincuenciales gozan de impunidad, al no ser ni señaladas, exhibidas o perseguidas por la Fiscalía General de la República, mucho menos por la Guardia Nacional que ni a área de inteligencia llega. Ni hablar de la desmantelada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Personajes del mundo criminal como El Mencho o El Mayo siguen libres e impunes, dirigiendo los violentos cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, respectivamente. No hay autoridad que los esté buscando para llevarlos ante la justicia por tantos homicidios en el país que ha dejado su insana narco guerra o por el trasiego de droga, un negocio cada vez más lucrativo en México y en otros países, particularmente en Estados Unidos.
Si no fuera porque el gobierno del vecino país emprendió una redituable cruzada contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ya detenido, y contra sus hijos, a quienes señalan exclusivamente del tráfico de fentanilo, estos también seguirían en la impunidad. Pero como a Estados Unidos les urge en año electoral como el de México, producir culpables de la epidemia de fentanilo que mata a cientos de miles de personas en su territorio, entonces el gobierno de López Obrador contribuye, sólo en ese caso, a la investigación. Ya lo hizo con la aprehensión de Ovidio Guzmán López el Ratón a inicios de este año.
Pero el resto de las organizaciones permanecen en total impunidad.
Esto resaltó en los últimos días a partir de la localización de los cadáveres de cinco jóvenes de Celaya, Guanajuato, en un automóvil abandonado. Los muchachos, todos estudiantes universitarios, fueron torturados y posteriormente asesinados.
La tragedia, que se suma al destino fatídico de otros jóvenes, como los cinco de Lagos de Moreno, Jalisco asesinados en agosto de 2023, o los seis masacrados en Malpaso, Zacatecas en septiembre de este año, horrorizó a muchos por unos días. Cómo es posible que los jóvenes estén tan vulnerables ante los cárteles y no haya autoridad que los proteja en vida, o que haga justicia de su muerte.
Para el Presidente de la República, de acuerdo a sus declaraciones, los jóvenes de Celaya prácticamente se buscaron su destino: “Acabo de ver un problema lamentable -dijo muy quitado de la pena en una de sus mañaneras- con unos jóvenes de Guanajuato, hace dos días de un asesinato que tuvo que ver con consumo de drogas”.
Orondo, complementó:
“Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de Medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro. Pasaron a algún lugar de Villagrán (Guanajuato) a comprar droga y los asesinaron”.
Después de prácticamente dictar sentencia de drogadictos a los jóvenes asesinados, el AMLO añadió para salvarse: “Esto es todavía hipotético, todavía no concluye la investigación”, pero como suele referir él, la calumnia “cuando no mancha, tizna”, y a los jóvenes de Celaya, el mandatario los dejó tiznados.
La hipótesis presidencial concluye que los jóvenes “compraron droga a alguien que estaba vendiendo en territorio que le pertenecía a otra banda”. Increíble, el territorio nacional ya no pertenece a los mexicanos, sino a bandas del narcotráfico y el crimen organizado.
Los cinco jóvenes revictimizados por la Presidencia de la República eran estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de México. Tres de ellos eran familiares: Jesús Virgilio y Pablo Fabián, hermanos y a su vez primos de Pedro. Los otros dos jóvenes, José y Brayan, eran como los tres primeros, educandos en el área de medicina.
No ha habido un señalado de haber dado muerte a los jóvenes, ni siquiera un cártel del cual se sospeche culpabilidad a través de sus criminales miembros. Las autoridades procuradoras de justicia no han informado de los avances de la investigación, pero, aun así, el Presidente se adelantó y prácticamente los hizo vulnerables a la muerte, señalándolos de comprar droga en un lugar equivocado, a la banda equivocada.
El crimen, que debería indignar no sólo porque se trata de jóvenes estudiantes universitarios, termina siendo una más de las muchas ejecuciones múltiples que suceden en este país impune y en manos de los cárteles. Uno más de Celaya, la ciudad que, en estadísticas internacionales y nacionales, es considerada la más violenta en Guanajuato, el cual, de acuerdo a informes presidenciales, es la entidad con más homicidios dolosos.
Pero nada de eso influyó en la mentalidad del Ejecutivo federal en la vulnerabilidad en la que se vieron los cinco jóvenes, como el hecho de señalarlos de encontrar la muerte cuando fueron a comprar droga a una banda que no era de ese territorio.
Fatal, lamentable, por decir lo menos, lo que sucede en este país abandonado por su gobierno, con la lógica de los Abrazos, no balazos que sigue generando un río de sangre en México.
