Un cierre de año extremadamente violento se registra en el país, pese a las “buenas” estadísticas de las autoridades que con frecuencia anuncian el decremento de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.
Las víctimas más recientes de las masacres son jóvenes que en su mayoría resultan ajenos a grupos del crimen organizado, antecedentes penales o al consumo de drogas, aspectos que alimentan el discurso de los gobernantes en un intento por justificar los asesinatos y no su investigación.
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Los asesinatos múltiples ocurridos en los municipios de Salvatierra, Salamanca, Texcaltitlán, Reynosa y Celaya, así como antes los de Malpaso, Villanueva, Lagos de Moreno, Zapopan, Guadalupe, Nuevo Laredo y Tepetongo, son muestra del desbordamiento de la criminalidad a manos de delincuentes que pertenecen a grupos estructurados, del abuso de autoridad y de la “autojusticia” de comunidades victimizadas que no encuentran respuesta en quienes deben brindar seguridad pública y procurar justicia.
El 17 de diciembre, aproximadamente a las 03:30 horas, fueron asesinadas once personas y 14 resultaron heridas, en su mayoría jóvenes que se encontraban en una posada que se celebraba en la ex Hacienda de San José del Carmen en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, cuando un grupo de hombres armados arribó al lugar y disparó contra los asistentes.
Del caso, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) formuló la línea de investigación, basada en entrevistas con víctimas y testigos, de que un grupo de personas no invitadas al evento pretendieron colarse, y al negarles el acceso y pedirles que se retiraran, regresaron más tarde con un comando armado que disparó en contra de las personas ahora fallecidas y heridas, además de incendiar diversos vehículos estacionados.
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En la masacre fueron utilizadas, al menos, siete tipos diferentes de armas de fuego, fusiles como AR-15 y AK-47, según los indicios balísticos colectados en el sitio de intervención. Pese a la integración de la carpeta de investigación, hasta el jueves 21 de diciembre no había personas detenidas y el asunto ha servido para el golpeteo político entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Guanajuato, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en duda los avances presentados por la FGEG y ha vuelto a exigir la renuncia de su titular, Carlos Zamarripa.
Antes de esta matanza, se registró otra en la que pobladores de la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México, hartos de ser extorsionados por presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana, se enfrentaron a sus integrantes, con saldo de 14 personas muertas, once de ellas supuestos delincuentes y tres habitantes, quienes machete en mano buscaron librarse del yugo de la célula encabezada por Rigoberto N alias Comandante Payaso, quien fue uno de los fallecidos. También se reportaron cuatro lesionados a balazos y diez personas desaparecidas.
OTROS CASOS
Los antes referidos son los casos más recientes, sin embargo, durante el año que concluye existen antecedentes de masacres en que las víctimas son personas jóvenes, en muchos casos alejados de un posible “mal camino”. De esa forma, uno de los primeros casos que consternó a la opinión pública al iniciar el año, el 18 de enero, fue la localización sin vida de cuatro jóvenes, tres del sexo femenino, quienes desaparecieron desde el día de Navidad de 2022 cuando regresaban a Colotlán, Jalisco. Sus cuerpos fueron inhumados clandestinamente en la comunidad El Cuidado en Tepetongo, Zacatecas. Crímenes que movilizaron a gran cantidad de personas a manifestarse en los límites de ambos estados.
El 26 de febrero, cinco jóvenes que circulaban a bordo de una camioneta negra fueron asesinados durante la madrugada a manos de militares en calles de la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo. Tras una persecución, militares les dispararon en más de 80 ocasiones. Un sexto joven sobrevivió y aseguró que regresaban de un centro nocturno hacia sus casas. Los soldados amenazaron a los vecinos con sus armas y no prestaron atención a las víctimas.
En la misma fecha, por la noche, cuatro jóvenes fueron privados de la vida y otro resultó herido en un domicilio de Avenida Villas del Vergel, Fraccionamiento Villas de Guadalupe, municipio Guadalupe, Zacatecas. Trascendió que las víctimas se hallaban en la vía pública cuando sujetos arribaron con armas de fuego en un automotor, del cual descendieron; los muchachos corrieron a refugiarse en la casa, hasta donde ingresaron los sicarios.
Otro caso que afligió a los mexicanos fue el de los ocho jóvenes que laboraban en call center clandestinos en Zapopan, Jalisco, de donde fueron sustraídos entre el 20 y 22 de mayo, para después ser victimados y desmembrados. Sus restos se localizaron en más de 50 bolsas plásticas en el fondo de un barranco de la colonia Mirador Escondido del mismo municipio el 31 de mayo. Presuntamente en esos centros de atención telefónica se perpetraban fraudes a extranjeros operados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 11 de julio fueron privados de la libertad y torturados cinco jóvenes vecinos del municipio de Lagos de Moreno en Los Altos de Jalisco, quienes fueron obligados a agredirse entre ellos y grabados en video. La angustia de su desaparición duró varias semanas, hasta que sus restos carbonizados se localizaron en el horno artesanal de una ladrillera en los límites de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, región que se encuentra en disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Hay cinco detenidos y vinculados a proceso por estos hechos.
Autoridades de Zacatecas encontraron sin vida el 27 de septiembre a seis de siete jóvenes que fueron privados de su libertad por un comando armado tres días antes en la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva. El hallazgo de las víctimas, de entre 14 y 18 años de edad, ocurrió en un predio de la comunidad La Soledad, aproximadamente a 25 kilómetros de la Capital de Zacatecas. El séptimo desaparecido fue localizado con vida e internado en el Hospital General Luz González Cosío.
El 4 de diciembre fueron localizados los cadáveres de cinco estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Latina de México dentro de un automóvil estacionado en el camino a la colonia Primera Fracción de Crespo, Celaya, Guanajuato, muy cerca de la Universidad de Guanajuato (UG) Campus Celaya-Salvatierra, con impactos de bala. Comunidad universitaria y las familias de las víctimas expresaron su indignación, primero por los homicidios, y después por la criminalización que de ellos se hizo desde la conferencia matutina presidencial, al asegurar que el crimen ocurrió porque compraban droga.
Después de los asesinatos antes expuestos de las 14 personas en Texcaltitlán y las once víctimas de Salvatierra, la noche del 17 de diciembre se registró un homicidio más de alto impacto en una barbería de la Zona Centro de Salamanca, Guanajuato, hasta donde llegaron sujetos armados a bordo de motocicletas para acribillar a los presentes, dejando a cuatro personas muertas y dos heridas a balazos. Como en la mayoría de los asuntos, no hubo personas detenidas.
REACCIONES
Mientras autoridades estatales y federales criminalizan a las víctimas al señalar, incluso antes de investigar, que los jóvenes asesinados consumían drogas o estaban inmersos en dinámicas criminales, Andrés Manuel López Obrador justifica que los casos de multihomicidios como los más recientes “son excepciones” y que su gobierno “ya no es igual que los de antes”. Discursos que no favorecen la solución de la grave situación de inseguridad que vive México.
El 20 de diciembre, jóvenes de diferentes puntos de la Capital del país se reunieron frente a Palacio Nacional en respuesta a un llamado que se realizó desde las redes sociales del joven activista Dilant Pizaña, quien cuestionó el cerco que rodea tanto el Zócalo capitalino como la propia sede del Poder Ejecutivo. “Que quede claro, a los jóvenes nos están matando no sólo en Salvatierra, Guanajuato. Es en todo el país”, dijo el convocante.
Entre las consignas coreadas destacaron: “#AMLOnoResuelve”, “Estado fallido”, “Los abrazos nos están matando” y “Los jóvenes exigimos seguridad”.
Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, urgió a reprogramar la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que sería el 19 de diciembre, pero se canceló de última hora, ya que la escalada de violencia en el país es preocupante. “No queremos venir a exponer a nadie o echarle culpas a nadie”, sino prevenir que no vuelvan a ocurrir matanzas como las ocurridas.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, ve el tema del incremento en la violencia que agobia a las entidades como un asunto que debe ser resuelto por los gobiernos estatales y municipales: “Están delimitados los delitos, tanto los del fuero común… Insisto que el tema de extorsión, de homicidios, es competencia enteramente de los estados a través de sus fiscalías, de sus corporaciones de Seguridad Pública estatal, y a través de aplicar la Ley”.
En tanto, el diputado capitalino Héctor Saúl Téllez, expresó que es momento de replantear la estrategia de seguridad y aplicar todos los recursos que se han entregado al Gobierno de la República para el combate a la violencia: “Creemos que el Presidente ha tenido a la mano recursos suficientes. Pidió a la Guardia Nacional y se le otorgó, incluso con mando militar; tiene al Ejército y tiene a la Marina, tiene los presupuestos más altos de la historia en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, y los resultados han sido un fracaso: más de 160 muertes violentas en el país, más de 44 mil familias desplazadas por motivos de violencia, más de 110 mil desaparecidos en el país”.
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